Historia y Cultura

Es el cruce necesario, pero también el inevitable. La violencia como el eje narrativo de un México que, dentro y fuera de sus fronteras, se ve como la única posibilidad de describir los tiempos que vive. Quién habría pensado que algo tan común en muchas de las mesas de los hogares mexicanos, como el aguacate, sería un afectado de la ola de violencia. Fueron varios los días y mucho los millones de dólares que costó el paro de inspección del aguacate para su exportación a Estados Unidos. Uno de los funcionarios estadunidenses encargado de esta tarea en Michoacán fue amenazado por el crimen organizado.

Y hasta ayer, finalmente, Estados Unidos dio luz verde para reiniciar las exportaciones; pero el precedente está ahí, quedó ahí, anotado como una posibilidad del crimen organizado. Así ha permeado su operación en el país. Bajo esta idea, es imposible pensar que sólo está la cosecha afectada. Será la siembra de muchos otros productos de los que dependen cientos de familias. En estos días de paro aguacatero, por ejemplo, al menos 15 mil jornaleros de aguacate se vieron afectados por la suspensión de exportaciones. Algunos recurrieron a la solicitud de cooperación en las carreteras para sobrevivir.

Y la otra violencia, la que se ha incrementado en las últimas semanas: la que viven los periodistas y que ha generado reacciones y alertas dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo han advertido organizaciones sociales, también lo han hecho diarios internacionales, hace un par de días lo hizo un legislador estadunidense, Ted Cruz. Y él, si bien con un historial de comportamiento antidemocrático y sumamente conservador, causó la respuesta aquí en México, nada menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, una respuesta que nos revela, que nos confirma cuál es su agenda: “Es un timbre de orgullo que un senador cómo esta persona se lance en contra del gobierno que represento (...) si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría a pensar que no se están haciendo bien las cosas…”, el Presidente olvida que la preocupación de un legislador opositor que sea, del partido que sea, en el país que sea a causa de la violencia no es, no puede ser, un timbre de orgullo, pues expone vidas perdidas.

¿Cuándo creímos que el aguacate y el ejercicio periodístico serían dos elementos que se cruzarían en el camino de la violencia? Esa violencia tan generalizada, que por más que se quiera minimizar, encuentra siempre una razón para explayarse y recordarnos que es lo que hoy dicta nuestra agenda, lo que narra nuestro doloroso cotidiano. Ese cotidiano que en Palacio Nacional se niegan a ver.

No a la polarización

Francisco Garfias Arsenal

¿Lo mejor de la mañanera de ayer? La postura crítica de Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, frente a la polarización de la sociedad y su llamado al presidente López Obrador:

“Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión. Tampoco el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deja atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y, por supuesto, de nuestros hijos. Debemos dejar de gritar para escucharnos…”.

Si todos los gobernantes pensaran así, México sería diferente.

* El Presidente no la escuchó. Volvió a cargar contra Loret y sus ingresos. Insultó al periódico Reforma. “Es un pasquín”, dijo. Echó en ese amplio cajón que llama “conservadurismo” a todos los que no piensen como él.

Se metió con Jorge Ramos, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui.

“Estas personalidades, que no defienden al pueblo, les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo. Les pagan todo este dinero para mantener el régimen de opresión, de injusticias y de corrupción, y es dinero que deja de recibir el pueblo…”, dijo.

Y en una declaración desatinada para alguien que se reivindica de izquierda, quitó culpas a los militares que participaron en la masacre de estudiantes en 1968:

“Este ejército es un ejército revolucionario surgido del pueblo. Las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles, porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. Entonces, en el 68 no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del presidente, y así en todos los casos”.

* Ayer se reunieron en la Ciudad de México nueve exgobernadores de diversa filiación política. Pretenden constituirse en un foro sobre diversos temas de índole político y económico: sistema de partidos, coaliciones.

Ellos son Arturo Núñez, Tabasco; Miguel Alonso Reyes, Zacatecas; Mariano González Zarur, Tlaxcala; Héctor Astudillo, Guerrero; Marco Adame, Morelos; Antonio González Curi, Campeche; José Ignacio Peralta, Colima; y Ángel Aguirre Rivero, Guerrero.

“No se trata de construir un muro de lamentaciones y amarguras para descalificar todo lo que hace el actual gobierno, sino, por el contrario, formular propuestas que le sirvan al país”, nos dijo, vía WhatsApp, el exgobernador Aguirre.

Este grupo se piensa enriquecer con “personalidades de diversa índole política” como Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Ruffo, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal…

Un exgobernador que no estuvo en esa reunión, pero que sí se pronunció sobre la forma como se ha conducido López Obrador, sobre todo a partir de la llamada Casa Gris, es César Camacho, del Estado de México.

Dijo: “Quisiéramos ver a un presidente con una buena dosis de autocontrol, de autocrítica; que advirtiera que tiene en sus manos una responsabilidad inmensa, porque en sus expresiones no sólo no hay admisión de responsabilidades o deseos de enmienda, sino mantener una polarización que parece una invitación a la ruptura, al enfrentamiento, al ejercicio verticalista del poder”, dijo.

* La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes lanza un SOS sobre la puesta en marcha de los Reglamentos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo que eliminan materiales de un solo uso, que no se degradan ni se integran al medio ambiente.

Advierte: “Su implementación generará costos adicionales para transportar y almacenar una gran cantidad de productos que tengan que migrar a otro tipo de soluciones.

“Las medidas –agrega– afectarán a 11 mil pequeños comerciantes; 22 mil autoempleos, la manutención de más de 60 mil quintanarroenses y a más de 80 por ciento del abasto.

Están preocupados, dicen, porque al titular de Ecología y Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, no le hacen nada los fuertes ventarrones del huracán que se provocará, si no les dan una salida a los pequeños comerciantes de esa entidad.

Regulen el negocio y respeten a los periodistas

Ivonne Melgar Retrovisor

Ante la crítica de que no se apegaba al cumplimiento de la Constitución, Logan Roy, el magnate de los medios de comunicación de la serie Succession, reviró sarcástico: “La ley son las personas y las personas son la política”.

El cinismo con el que ese personaje asumía la posibilidad de transar en su beneficio retrata una realidad: el modelo de negocios en radio, televisión y prensa que ha alterado en diversos países, con México incluido, el derecho a la información, el ejercicio de la libertad de expresión y el valor que éstos tienen en la vida democrática.

Una de las vertientes de esta perversión es el financiamiento público a los medios privados mediante la publicidad gubernamental, repartida a discreción por presidentes, funcionarios, gobernadores y alcaldes, bajo la consigna lopezportillista de “no pago para que me peguen”.

De ahí que el presidente López Obrador tenga razón cuando alega que hay dinero del erario en las empresas de comunicación. Pero este rezagado problema puede resolverse en los dos próximos meses que le restan al periodo legislativo.

Así que, más que solicitar datos personales de comunicadores incómodos al gobierno, éste debería aprovechar la obligada tarea de los diputados –que tienen como límite el próximo 30 de abril– para poner fin al modelo de negocios que de manera opaca ha vinculado a los medios con el poder.

Tan grave es el déficit en México que, en medio de la crisis que le generó a Enrique Peña Nieto su encuentro con alumnos de la Universidad Iberoamericana (UIA) en plena campaña presidencial, el entonces candidato del PRI prometió que estando en Los Pinos regularía la publicidad gubernamental.

Pero reacio a ceder en el modelo de negocios discrecional que lo había ayudado a ganar las elecciones de 2012, el mandatario que ahora reside en Madrid, formuló una legislación a modo, la controvertida ley Chayote, gracias a sus aliados en el Congreso.

La organización Artículo 19 impugnó esa Ley General de Comunicación Social, al considerar que carecía de criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en la materia.

En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esa ley no cumplía con los criterios del 134 de la Constitución, correspondiente a los recursos de que disponen Federación, entidades y municipios y que, según ese precepto, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. E instruyó a los diputados a corregir la omisión antes del 15 de diciembre de 2021.

Ante el desacato que un juez le reclamó, en enero de este 2022, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), gestionó una prórroga en la Corte que vencerá en 70 días.

Y aunque ésta es una de las prioridades que la Cámara de Diputados fijó para saldar sus deudas con la SCJN, en este primer mes de la legislatura no se creó todavía la comisión que atenderá los 11 mandatos judiciales pendientes. Tampoco se ha formulado en la Comisión de Gobernación la propuesta que atenderá la resolución de los ministros: sacar adelante una Ley General de Comunicación Social que garantice que ésta se ejercerá institucionalmente y que su publicidad tendrá fines informativos, educativos o de orientación social, evitando el uso de manera personalizada y con fines políticos.

Ése es el problema estructural que el partido en el gobierno debe y puede solventar en el Congreso: el de los fondos públicos que van a los medios privados.

Seguir en el camino de la descalificación de comunicadores y los pagos que las empresas les hacen no sólo extravía la solución de fondo del cuestionado modelo de negocios, sino que viola los derechos humanos de los periodistas que independientemente del nivel de sus ingresos esta semana lanzaron un “¡Nos queremos vivos!”.

No es gratuito que la protesta de los colegas en la Cámara de Diputados ocurriera de espaldas a la intervención de la bancada de Morena. Tampoco lo fue el señalamiento de Rodolfo Montes en la mañanera presidencial: “Queremos abstenernos de hacerle preguntas porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos”.

Y aunque ahora se busque encasillar las investigaciones periodísticas y las críticas al gobierno como parte de un supuesto “golpe blando” contra éste, la estigmatización hacia nuestro gremio es un abuso de poder que abona en el terreno donde los asesinatos de periodistas se normalizan. Y es tan dañina como la impunidad que los rodea.

Cierto que, como bien señala Logan Roy –esa versión moderna de El Padrino que trafica favores empresariales con el poder público–, la ley son las personas y las personas son la política.

Y ahí está el Congreso, donde Morena y sus aliados son esas personas para construir la política necesaria y pasar a la historia como los artífices de un modelo de publicidad gubernamental democrático, justo, transparente, ajeno a la propaganda y al abuso de poder.

El gobierno y su partido tienen todo el derecho y el poder de los votos para ir contra los Logan mexicanos. Pero hacerlo contra los periodistas es una violación a los derechos humanos

El diablo anda suelto

Miguel Ángel Godínez García Alto mando

Son los hechos y no las palabras las que protegerían en realidad la vida de los mexicanos, el Estado de derecho y la gobernabilidad de la que ya no se goza en la mayor parte del suelo mexicano. Ante la violación de los derechos humanos (DH) de los ciudadanos, como las afrentas de Cuitláhuac García en Veracruz a ciudadanos y periodistas, DH calla. Del encarcelamiento injusto y las amenazas a la libertad de tránsito y de expresión a las que se suman estados como Morelos y Guerrero, DH calla. De la privación de la vida en Michoacán, Zacatecas y Colima, DH calla. La encargada de denunciar y proteger los derechos humanos de los mexicanos permanece en un silencio incómodo, preocupante al servicio del poder.

Son los medios de comunicación los que, a detalle, informan de lo que sucede en temas relevantes que afectan al país y que no toca la mañanera, a menos que los datos no favorezcan al discurso de que todo va bien. Una inflación que se siente en el bolsillo, el desabasto de medicamentos para diversas enfermedades que continúa en el sector de salud y que confirma sólo la gente que lo requiere y denuncia a los medios, porque el Estado no quiere escuchar.

Ciudadanos de Aguililla y Tepalcatepec que regresan a sus hogares acompañados de la GN después del paso de una ola violenta de cárteles en su comunidad, se encuentran con sus casas saqueadas, cosechas quemadas, animales muertos y la desolación de sentir que el Estado perdió la guerra y los ha abandonado.

El desempleo, la caída en la capacidad de consumo y el aumento de pobreza incrementan la ola de robos a casa habitación, transeúntes, transporte público y el tan jugoso cobro de piso a comercios y restaurantes al que le han entrado y en el que participan, incluso, diversas autoridades.

El diablo anda suelto, diríamos los mexicanos, y es cierto, anda suelto, vestido de cualquier cártel que encuentra dinero fácil en actividades ilícitas, sin que haya consecuencias y reine la impunidad. Mientras se incrementa el número de efectivos a solicitud de los gobernantes, como pasó en Quechultenango, son los mismos pobladores quienes, además de haber retenido a soldados, los expulsaron de su poblado sin que pudieran defenderse ni defender el Estado de derecho, las órdenes son resistir y hacer presencia, aunque se sepa que la estrategia de disuasión ya no es efectiva si el Estado no aplica la ley, los gritos de abrazos de los pobladores son una burla de impunidad.

En Sonora, donde el gobernador fue la cabeza del gabinete de seguridad durante los primeros tres años de gobierno, comandos del cártel de Los Pelones entraron en Caborca con 19 camionetas y tomaron por asalto una gasolinera y recorrieron la ciudad disparando, a pesar de las cámaras del C5 y de refuerzos federales, irrumpieron y secuestraron dentro de sus casas a personas, sin que ninguna autoridad interviniera. El diablo anda suelto y sólo los Poderes de la nación pueden detenerlo.

En el marco de los acontecimientos violentos de diversos estados, el próximo 19 de febrero se cumplirán 72 años de haberse instituido el Día del Ejército. Momento en que se refrenda la lealtad y servicio a la patria y a quien la representa en la figura presidencial.

La presencia de los soldados en momentos de reiterado desafío es la muestra de que pobladores, gobiernos y Estado contarán con la presencia estoica de nuestro EM en espera de órdenes del jefe supremo para defender y lograr la pacificación del país.

DE IMAGINARIA

El general Cresencio Sandoval, secretario de la Sedena, y recuperado por segunda vez de covid-19, tendrá el honor de presenciar la ceremonia del Día del Ejército en compañía del Presidente, quien homenajeará merecidamente en la capital de Coahuila a los soldados de México. Extendemos nuestra felicitación a la institución que siempre nos ha llenado de orgullo.

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