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Historia y Cultura

¿Revocación o ratificación?

¿Revocación o ratificación?

Pascal Beltrán del RíoBitácora del director
 
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En su informe trimestral, ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su disposición –por no decir que su entusiasmo– de someterse al proceso de revocación de mandato incluido en la Constitución a fines de 2019.

El mandatario presumió una encuesta telefónica realizada por su gobierno –y de la que no se hizo pública metodología alguna– que le daría un apoyo de 72.4% en caso de que los ciudadanos sean consultados sobre su permanencia en el poder. De acuerdo con el mismo sondeo, únicamente 22.7% estaría a favor de que deje el cargo.

El 24 de junio de 2018, durante un acto de campaña en León, Guanajuato, el entonces candidato presidencial prometió impulsar una reforma para preguntar a la ciudadanía, a la mitad del mandato, si quería que el Presidente siguiera en el puesto.

“Me voy a poner a prueba, va a haber una consulta a mitad del sexenio y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe o que renuncie, porque el pueblo pone y el pueblo quita”, afirmó López Obrador. “Se va a aplicar la democracia participativa y, como voy a querer terminar el sexenio, me voy a apurar para ganar la consulta”.

El tabasqueño quería que la continuidad del Presidente se consultara a la par de las elecciones intermedias. Sin embargo, las negociaciones con la oposición para sacar adelante la reforma constitucional dispusieron que la votación sobre la permanencia del Ejecutivo se realizara después de que éste hubiese rebasado la mitad de su mandato.

Se hicieron entonces cambios a los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Carta Magna para permitir la revocación del mandato del Presidente de la República y los gobernadores de los estados.

En el primer caso, quedó establecido que se requiere recabar un número de firmas de ciudadanos equivalente a 3% de la lista nominal de electores y la convocatoria del Instituto Nacional Electoral a una votación libre, directa y secreta para decidir si el Presidente termina el periodo para el que fue elegido.

En los artículos transitorios de la reforma, se incluyó un calendario especial para el periodo 2018-2024, que ordena que las firmas se recaben “durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021”. De acuerdo con el número actual de electores en el listado nominal, se requeriría de poco más de 2.8 millones de firmas para echar a andar el proceso de revocación, mismas que tendrían que levantarse en 45 días y en por lo menos 17 entidades federativas, donde también tendrían que representar 3% o más del listado nominal respectivo.

La petición para realizar el ejercicio “deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 2021”, se agrega en los transitorios. “En caso de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud”, es decir, a más tardar el 4 de enero de 2022. “La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la convocatoria”, esto es, el 5 de marzo de 2022 como plazo máximo.

Si se convoca a dicho proceso, los ciudadanos tendrían que ir a las urnas dentro de ocho meses para decidir si el presidente López Obrador se queda o se va. Eso ocurriría después de haber votado en las elecciones intermedias, el pasado 6 de junio, y en la consulta popular, a realizarse el próximo 1 de agosto, misma que, por cierto, no fue mencionada por el mandatario en su informe de ayer. Es decir, tres votaciones nacionales en un lapso de nueve meses.

En caso de ser removido de su cargo, dice la reforma constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados ocuparía temporalmente el Ejecutivo en lo que el Congreso designa a quien termine el sexenio.

En su mensaje de ayer, López Obrador echó a andar la discusión sobre la revocación presidencial, con lo que mostró su deseo de mantenerse permanentemente en campaña.

De acuerdo con sus datos, no tendría problema en salir adelante del proceso, por lo que la elección de marzo entrante sería, en realidad, una ratificación del mandato. Sobre todo, si quienes juntan las firmas para convocarla son sus propios partidarios.

Tarifas bajas es equivalente a un mal servicio

Opinión del experto nacional
 

 

Por Ramón Aguirre Díaz

Tenemos como ejemplo de excepción los casos de Culiacán, León, Monterrey, La Piedad y Querétaro, que son organismos operadores públicos responsables de prestar los servicios de agua potable que, por lo menos, cubren totalmente sus costos operativos y se encuentran con finanzas sanas. Pero la realidad es que, de unos 400 organismos operadores que podrían ser autosuficientes, la gran mayoría se encuentra con problemas para el pago de nómina, de la energía eléctrica y de proporcionar los insumos necesarios para una adecuada operación.

Un primer punto a poner sobre la mesa es que las tarifas en México están diseñadas para cubrir sólo gastos operativos y no alcanzan para realizar inversiones que mejoren, repongan y/o amplíen la infraestructura que proporciona los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Si a estas bajas tarifas les sumamos la ineficiencia generalizada de los organismos operadores, tenemos los resultados descritos en el párrafo anterior.

Es por ello que el tandeo, la baja presión del servicio y la deficiente calidad del agua son problemas en gran parte del país. Es más que claro que la gestión pública municipal es un fracaso y, por ello, la propuesta de buscar una mayor intervención de los gobiernos estatales, que han demostrado tener mejores resultados. Una reforma constitucional a fondo sería necesaria, pero no pasaría en la Cámara de Diputados (iría en contra del buscado y no encontrado fortalecimiento municipal), por lo que hay que encontrar alternativas que eviten una crisis en este tema crucial para la salud y bienestar de la población.

La alternativa que se considera más viable es ampliar las atribuciones y facultades de los organismos estatales de agua, para que sean reguladores de los servicios que proporcionan los municipios, lo cual podría legislarse en el ámbito estatal. Con ello se buscaría incidir en la toma de decisiones y orientar a las Juntas de Gobierno para que cumplan mejor su función.

Un segundo punto a destacar es que no estamos calificando el funcionamiento de los organismos operadores y de los servicios que proporcionan, por lo que un avance importante en el subsector agua potable sería contar con sistemas de información confiables, con indicadores de gestión que permitan hacer una evaluación objetiva del cómo operan y que sirvan para orientar la toma de decisiones de la dirección general y las propias Juntas de Gobierno.

El proporcionar mejores servicios implica, necesariamente, contar con mejores tarifas y una mucho mayor eficiencia de los organismos operadores, que es algo sobre lo que hay que seguir insistiendo: la población prefiere un servicio de calidad, donde se cobre lo justo, que un mal servicio, barato, pero que les obligue a gastos adicionales, como la compra de agua embotellada o de pipas.

En la columna anterior comentamos sobre las ventajas de las asociaciones público-privadas como una importante herramienta para mejorar los servicios de agua, donde definitivamente no se trata de una privatización, sino de la prestación de un servicio que se paga sólo si se alcanzan los resultados buscados.

Pero aquí debemos poner énfasis a un tema fundamental: un mejor servicio tiene mayores costos de inversión y de operación, que no pueden financiarse con las mismas tarifas que un mal servicio. Esto es algo que debe considerarse cuando se evalúan las asociaciones público-privadas que, como hemos comentado, pueden representar una herramienta importante para el desarrollo del subsector agua potable en el país.

Los verdaderos enemigos de la democracia

Los verdaderos enemigos de la democracia

Citlalli HernándezNuevas narrativas
 
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Durante su trayectoria como opositor al modelo económico y político preponderante, Andrés Manuel López Obrador habló de la importancia de terminar con los privilegios de la clase política, uno de los males que ha aquejado al país y una de las principales razones por las que la ciudadanía se ha desencantado de la cosa pública. Aunado a ello, el movimiento que lo llevó al poder siempre ha luchado por una verdadera democracia.

A pesar del pesimismo de algunos, las nuevas generaciones deben saber que no estamos condenados a que la política siempre sea así. No todos somos iguales y por fortuna vivimos en un momento donde lo viejo está acabándose y lo nuevo naciendo; de hecho, vivimos el momento más politizado de la historia moderna del país —y lo constatamos las pasadas elecciones, donde los diferentes puntos de vista salieron a expresarse en las urnas—.

En ese contexto, hay una gran oportunidad para construir una auténtica democracia, donde la ciudadanía se coloque en el centro de la toma de decisiones. El objetivo más profundo en la manera de pensar de quienes buscamos cambiar la concepción de la política radica en entender el ejercicio del poder de una manera diferente, mirarlo como un noble oficio para servir y no un privilegio para servirse.

Con la normalización del ejercicio político como práctica corrupta, de beneficios, abuso del poder y sin castigo, se ha instaurado en la sociedad la idea de que todos los políticos son iguales o de que nunca pasará nada para hacer justicia ante los abusos del pasado.

Hoy Los Pinos es un museo, los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial están al servicio de la seguridad ciudadana, el Presidente ha pedido la eliminación de su fuero, viaja en aviones comerciales y ha demostrado un modo de vida desde la justa medianía, como decía Benito Juárez.

Pero ¿cómo evitar volver al pasado?, ¿cómo normalizar una nueva cultura política y un ejercicio del poder distinto?, ¿cómo olvidar los agravios? ¿cómo resolver la justicia pendiente? ¿cómo dejar de sentir que la impunidad es la gran invitada de los excesos?

Para fortalecer la democracia, sin duda debe generarse una mayor participación e interés de la ciudadanía en la toma de decisiones y aferrarse a que el ejercicio del poder deje de realizarse como se ha hecho antes.

Por eso, quienes desde las filias y fobias niegan la profundidad de la consulta popular, que se realizará el 1º de agosto, son falsos demócratas. Las mismas voces que se oponen al cambio son las mismas que ahora han esbozado una serie de disparates acerca de un ejercicio de democracia participativa.

La consulta a realizarse proviene de un proceso legítimo y legal que intentan desconocer las mismas voces que hace unos meses alegaban que la democracia estaba en riesgo. El artículo 35 de la Constitución establece que las consultas populares serían convocadas por el Congreso a solicitud del Presidente, del 33% de los diputados o senadores o, solicitada por la ciudadanía, juntando lo proporcional al 2% de la lista nominal de electores.

El Presidente solicitó la consulta para enjuiciar a expresidentes y, también a convocatoria de un grupo de jóvenes, se lograron juntar 2.6 millones de firmas validadas y contadas por el INE. La solicitud presentada por el titular del Ejecutivo se turnó a la SCJN, que determinó juntar ambas solicitudes y replantear la pregunta de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Es decir, el pueblo mexicano está frente a la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de ese clamor de justicia. La verdad sobre algunas atrocidades ya la sabemos, pero el castigo a los culpables ha sido un doloroso pendiente.

Si se cumple con el requisito constitucional de participación de 40% de personas inscritas en la lista nominal (es decir, cerca de 37 millones de personas), diversas autoridades estarían obligadas a investigar los delitos que autoridades del pasado han cometido e iniciar un proceso reivindicatorio que nos permita romper la vieja idea de que los políticos siempre hacen de las suyas y nunca pasa nada. Las autoridades presentes y del futuro sabrán que el pueblo nunca más será permisivo, dejado o ausente de la toma de decisiones.

Tres años de López Obrador (según López Obrador)

Tres años de López Obrador (según López Obrador)

Yuriria SierraNudo gordiano
 
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“Ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna.

“Hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas; no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia.

“Se logró que ningún enfermo se quedara sin una
cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera.

“Nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por covid.

“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del seis por ciento. No hemos contratado deuda pública adicional, y como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno.

“No hemos aumentado, en términos reales, los precios de las gasolinas, el diésel y la luz. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento, muy pronto.

“Hoy, precisamente, anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de cuatro mil 514 millones de dólares. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias, paisanas y paisanos.

“No ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo (...) Hay gobernabilidad en nuestro país.

 

“Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya había, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces.

“Ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el gobierno los homicidios han disminuido dos por ciento.

“Aun con la crisis de la pandemia y de la economía, pudimos celebrar una de las más numerosas y competidas elecciones de la historia de México sin problemas mayores.

“No hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones.

“Se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento (...) este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos, no los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición; no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer.

“No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta.

“Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir. Existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país.

“En fin, estamos bien calificados…”....los tres años de López Obrador, según López Obrador.

Un informe con sabor a mañanera

Un informe con sabor a mañanera

Jorge Fernández MenéndezRazones
 
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El informe de ayer del presidente López Obrador, para celebrar los tres años de su victoria electoral de 2018, tuvo sabor a mañanera. Poca información, datos controvertidos, mucha opinión política, varias descalificaciones, incluso la lectura de una encuesta de la propia Presidencia que no coincide con otras encuestas y ni siquiera con los resultados electorales.

Sobre la pandemia, el Presidente hizo una suerte de corte de caja. No hubo, por supuesto, autocrítica alguna, no se habló siquiera del número de muertos, salvo para decir que no estamos en los primeros lugares mundiales. Se reconoció el esfuerzo de la vacunación y llamó profundamente la atención de que en el primer lugar de los agradecimientos por el apoyo internacional recibido con vacunas anticovid, se pusiera a Cuba en primer lugar, incluso con un silencio presidencial para dimensionar ese apoyo. Que sepamos, Cuba no ha enviado vacunas ni equipo para vacunar, tampoco aquí se está vacunando con la vacuna que está produciendo el régimen cubano.

En lo económico hubo cifras optimistas, pero no se reseñaron los daños que dejó la pandemia, comenzando por la caída brutal del PIB en 2020. No se dijo que ayer mismo se informó que existen 67 millones de mexicanos en la pobreza, y que ha habido, según cifras del Coneval, 14 millones 600 mil mexicanos más pobres que en 2018. Los empleos perdidos por la pandemia y que aún no se han recuperado suman unos 650 mil.

No entendí la reflexión que se hizo respecto a la seguridad. Una vez más, el Presidente, sin una sola autocrítica respecto al tema que más preocupa a la ciudadanía, dijo que heredó los cárteles del periodo que él llama neoliberal, pero ésa es una pobre coartada. En México hubo primero un cártel hegemónico (años 80), luego tres (hasta mediados del 90), luego llegó a haber siete y desde la destrucción de Los Zetas tenemos dos cárteles, pero hay unas cien organizaciones y bandas criminales importantes que operan en todo el país. Algunas se heredaron, otras son nuevas, pero lo que importa es cómo influye eso en la seguridad cotidiana.

Y esa seguridad no ha mejorado o, mejor dicho, ha mejorado en algunos lugares del país en algunos rubros, como el secuestro o el robo de vehículos, y ha empeorado en otros, como los feminicidios, la extorsión, el robo en carreteras y en transporte, mientras los asesinatos aumentan, no disminuyen: en 2018 hubo 34 mil 200 asesinatos; en 2019, 36 mil 600; en 2020, con todo y confinamiento, 34 mil 500, en este 2021 llevamos unos 15 mil en los primeros cinco meses del año y junio ha sido un mes terriblemente violento, con diez masacres cometidas en distintos lugares del país.

Por cierto, la masacre de Reynosa no mereció una línea en el informe. Insistir en que hay una nueva estrategia que prioriza en los pobres, en los medios humanos y no en la violencia, no dice absolutamente nada. En seguridad, la eficacia se mide por resultados y nadie se siente hoy más seguro que hace tres años y los números lo muestran.

Me desconcertaron los largos minutos que le dedicó el Presidente a lo que llamó el bloque opositor, conservador. Sumó a ese bloque, sin diferenciación alguna, a todo aquel que no esté de acuerdo con él, desde empresarios hasta comunicadores y, obviamente, a todos los partidos que no lo apoyan.

Pero la exposición osciló entre la más cruda descalificación hasta los llamados de unidad. No entendí cómo fraseó sus diferencias con Juárez, cuando dijo que los conservadores también son mexicanos. Como ocurre con la seguridad, los resultados electorales tuvieron una lectura, digamos que parcial, vista desde una perspectiva muy optimista de los distritos ganados por Morena y sus aliados, pero se olvida que los números absolutos dan otro panorama, como lo hacen los resultados en la Ciudad de México, en Nuevo León, en el cinturón conurbado de las grandes ciudades y en la mayoría de las capitales estales, incluso de los estados donde Morena ganó gubernaturas. El triunfo absoluto del que habló no fue tal. Indudablemente el oficialismo triunfó en junio pasado, pero lo hizo también en medio de varios retrocesos (perdió varias decenas de diputados) y derrotas locales.

También presentó el Presidente una encuesta telefónica, que, si no me equivoco, fue levantada con una muestra de dos mil llamadas, donde exhibió números muy halagüeños para su gestión. El problema es que es una encuesta propia, telefónica y con una muestra pequeña y, por ende, poco confiable.

 

Me parece que lo que no se termina de comprender es que esta administración entró ya en su segunda mitad. En tres años habrá ya un nuevo mandatario electo. Habrá todo un proceso, largo y tortuoso, manejado por el presidente López Obrador, para el destape de sus sucesor o sucesora, pero se olvida que en ese proceso, que ya se ha iniciado, la capacidad presidencial, su espacio y capacidad de maniobra termina acotándose, siendo siempre decreciente. Y en el cuarto año, o sea, en 2022, dentro de unos meses, algunos funcionarios comenzarán a pensar en cómo quedarán ellos en la sucesión, otros en cómo cerrarán sus gestiones para que en el futuro no los persigan y muchos más a tratar de acomodarse de cara al futuro. Y ese proceso, insistimos, ya comenzó.

 

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