Tarifas bajas es equivalente a un mal servicio

Por Ramón Aguirre Díaz

Tenemos como ejemplo de excepción los casos de Culiacán, León, Monterrey, La Piedad y Querétaro, que son organismos operadores públicos responsables de prestar los servicios de agua potable que, por lo menos, cubren totalmente sus costos operativos y se encuentran con finanzas sanas. Pero la realidad es que, de unos 400 organismos operadores que podrían ser autosuficientes, la gran mayoría se encuentra con problemas para el pago de nómina, de la energía eléctrica y de proporcionar los insumos necesarios para una adecuada operación.

Un primer punto a poner sobre la mesa es que las tarifas en México están diseñadas para cubrir sólo gastos operativos y no alcanzan para realizar inversiones que mejoren, repongan y/o amplíen la infraestructura que proporciona los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Si a estas bajas tarifas les sumamos la ineficiencia generalizada de los organismos operadores, tenemos los resultados descritos en el párrafo anterior.

Es por ello que el tandeo, la baja presión del servicio y la deficiente calidad del agua son problemas en gran parte del país. Es más que claro que la gestión pública municipal es un fracaso y, por ello, la propuesta de buscar una mayor intervención de los gobiernos estatales, que han demostrado tener mejores resultados. Una reforma constitucional a fondo sería necesaria, pero no pasaría en la Cámara de Diputados (iría en contra del buscado y no encontrado fortalecimiento municipal), por lo que hay que encontrar alternativas que eviten una crisis en este tema crucial para la salud y bienestar de la población.

La alternativa que se considera más viable es ampliar las atribuciones y facultades de los organismos estatales de agua, para que sean reguladores de los servicios que proporcionan los municipios, lo cual podría legislarse en el ámbito estatal. Con ello se buscaría incidir en la toma de decisiones y orientar a las Juntas de Gobierno para que cumplan mejor su función.

Un segundo punto a destacar es que no estamos calificando el funcionamiento de los organismos operadores y de los servicios que proporcionan, por lo que un avance importante en el subsector agua potable sería contar con sistemas de información confiables, con indicadores de gestión que permitan hacer una evaluación objetiva del cómo operan y que sirvan para orientar la toma de decisiones de la dirección general y las propias Juntas de Gobierno.

El proporcionar mejores servicios implica, necesariamente, contar con mejores tarifas y una mucho mayor eficiencia de los organismos operadores, que es algo sobre lo que hay que seguir insistiendo: la población prefiere un servicio de calidad, donde se cobre lo justo, que un mal servicio, barato, pero que les obligue a gastos adicionales, como la compra de agua embotellada o de pipas.

En la columna anterior comentamos sobre las ventajas de las asociaciones público-privadas como una importante herramienta para mejorar los servicios de agua, donde definitivamente no se trata de una privatización, sino de la prestación de un servicio que se paga sólo si se alcanzan los resultados buscados.

Pero aquí debemos poner énfasis a un tema fundamental: un mejor servicio tiene mayores costos de inversión y de operación, que no pueden financiarse con las mismas tarifas que un mal servicio. Esto es algo que debe considerarse cuando se evalúan las asociaciones público-privadas que, como hemos comentado, pueden representar una herramienta importante para el desarrollo del subsector agua potable en el país.