Los verdaderos enemigos de la democracia

Durante su trayectoria como opositor al modelo económico y político preponderante, Andrés Manuel López Obrador habló de la importancia de terminar con los privilegios de la clase política, uno de los males que ha aquejado al país y una de las principales razones por las que la ciudadanía se ha desencantado de la cosa pública. Aunado a ello, el movimiento que lo llevó al poder siempre ha luchado por una verdadera democracia.

A pesar del pesimismo de algunos, las nuevas generaciones deben saber que no estamos condenados a que la política siempre sea así. No todos somos iguales y por fortuna vivimos en un momento donde lo viejo está acabándose y lo nuevo naciendo; de hecho, vivimos el momento más politizado de la historia moderna del país —y lo constatamos las pasadas elecciones, donde los diferentes puntos de vista salieron a expresarse en las urnas—.

En ese contexto, hay una gran oportunidad para construir una auténtica democracia, donde la ciudadanía se coloque en el centro de la toma de decisiones. El objetivo más profundo en la manera de pensar de quienes buscamos cambiar la concepción de la política radica en entender el ejercicio del poder de una manera diferente, mirarlo como un noble oficio para servir y no un privilegio para servirse.

Con la normalización del ejercicio político como práctica corrupta, de beneficios, abuso del poder y sin castigo, se ha instaurado en la sociedad la idea de que todos los políticos son iguales o de que nunca pasará nada para hacer justicia ante los abusos del pasado.

Hoy Los Pinos es un museo, los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial están al servicio de la seguridad ciudadana, el Presidente ha pedido la eliminación de su fuero, viaja en aviones comerciales y ha demostrado un modo de vida desde la justa medianía, como decía Benito Juárez.

Pero ¿cómo evitar volver al pasado?, ¿cómo normalizar una nueva cultura política y un ejercicio del poder distinto?, ¿cómo olvidar los agravios? ¿cómo resolver la justicia pendiente? ¿cómo dejar de sentir que la impunidad es la gran invitada de los excesos?

Para fortalecer la democracia, sin duda debe generarse una mayor participación e interés de la ciudadanía en la toma de decisiones y aferrarse a que el ejercicio del poder deje de realizarse como se ha hecho antes.

Por eso, quienes desde las filias y fobias niegan la profundidad de la consulta popular, que se realizará el 1º de agosto, son falsos demócratas. Las mismas voces que se oponen al cambio son las mismas que ahora han esbozado una serie de disparates acerca de un ejercicio de democracia participativa.

La consulta a realizarse proviene de un proceso legítimo y legal que intentan desconocer las mismas voces que hace unos meses alegaban que la democracia estaba en riesgo. El artículo 35 de la Constitución establece que las consultas populares serían convocadas por el Congreso a solicitud del Presidente, del 33% de los diputados o senadores o, solicitada por la ciudadanía, juntando lo proporcional al 2% de la lista nominal de electores.

El Presidente solicitó la consulta para enjuiciar a expresidentes y, también a convocatoria de un grupo de jóvenes, se lograron juntar 2.6 millones de firmas validadas y contadas por el INE. La solicitud presentada por el titular del Ejecutivo se turnó a la SCJN, que determinó juntar ambas solicitudes y replantear la pregunta de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Es decir, el pueblo mexicano está frente a la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de ese clamor de justicia. La verdad sobre algunas atrocidades ya la sabemos, pero el castigo a los culpables ha sido un doloroso pendiente.

Si se cumple con el requisito constitucional de participación de 40% de personas inscritas en la lista nominal (es decir, cerca de 37 millones de personas), diversas autoridades estarían obligadas a investigar los delitos que autoridades del pasado han cometido e iniciar un proceso reivindicatorio que nos permita romper la vieja idea de que los políticos siempre hacen de las suyas y nunca pasa nada. Las autoridades presentes y del futuro sabrán que el pueblo nunca más será permisivo, dejado o ausente de la toma de decisiones.