Opinión del experto nacional
Jaime Rivera Velázquez
Consejero del INE
En México, desde hace una década, tres sucesivos gobiernos han contemplado la propuesta de disminuir el número de los llamados diputados plurinominales (en realidad son diputaciones elegidas por el principio de representación proporcional con base en listas plurinominales, es decir, de una pluralidad de nombres de candidatos). La idea encuentra eco en diversos periodistas y comentaristas, y de ahí, se extiende a algunas franjas de la población. Los motivos de tales posiciones son de dos tipos: para los presidentes en turno, la representación proporcional ha representado desde 1997 dificultad para contar con mayoría absoluta (la mitad más uno de los escaños) en las Cámaras y, merced a ella, lograr aprobar con facilidad sus iniciativas; algunos comentaristas, por su parte, derivan su aversión a la representación proporcional de la creencia (falsa) de que las diputaciones por este principio no reciben votos directos de los electores.
El sistema electoral mexicano es mixto, o sea una combinación de diputaciones elegidas por el principio de mayoría relativa (MR) y otras por el principio de representación proporcional (RP). Desde que se inauguró este sistema, con la reforma de 1977, al principio había 300 escaños de MR (elegidos en distritos uninominales) y hasta 100 de RP. A partir de 1986 se establecieron 300 y 200, respectivamente. Esas reformas permitieron desde entonces, no solamente que en la Cámara de Diputados estuvieran representadas las minorías, sino que la representación política correspondiera, en una aproximación razonable, a la votación ciudadana; es decir, que la Cámara tenga una representación plural y que ésta refleje la pluralidad política de la sociedad.
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En un sistema mixto, la RP busca corregir las distorsiones que por sí misma produce la elección por MR: un partido o coalición puede ganar un distrito con el 40% de sufragios (fenómeno hoy muy frecuente) y el restante 60% de electores se queda sin ninguna representación, es decir, sus votos no valen nada para integrar la Cámara; por extensión, un partido, con ese mismo 40% a nivel nacional, suele ganar más de la mitad de los escaños, y la mayoría restante de electores se traduce en minorías severamente subrepresentadas. Que una minoría electoral se convierta en mayoría parlamentaria es claramente contrario al principio, democrático por excelencia, de igualdad de todos los votos ciudadanos.
La experiencia de México es muy ilustrativa al respecto. Por ejemplo, en 2012, el PRI (aliado al PVEM en una parte de los distritos) obtuvo 33.6% de la votación nacional emitida y 52.7% de las diputaciones de MR, que, sumadas a las de su aliado, ascendieron al 59% de los escaños de MR. Una minoría de votos, traducida en una amplia mayoría de escaños. Esta distorsión de la representación se corrige parcialmente con las diputaciones de RP: el PRI y el PVEM sumaron 48.2% de los asientos en la Cámara. En 2015 ocurrió algo similar: el PRI obtuvo 32.6% de la votación nacional emitida y ganó 155 escaños de MR, 52.6%, sumando la votación del PVEM (en coalición parcial), alcanzaron 40.3% de la votación y 184 diputaciones, 61.3% de escaños de MR. Otra vez, la RP corrigió, parcialmente, la distorsión: el PRI obtuvo un total de 203 escaños (40.6% del total de 500) y, sumados a los del PVEM, sus bancadas sumaron 250 escaños, la mitad de la Cámara.
En 2018, la distancia entre el porcentaje de votación y el porcentaje de representación en la Cámara se hizo más grande todavía. El partido Morena se coaligó con el PT y el PES, para sumar votos, pero también para que estos últimos registraran como propios algunos candidatos que en realidad eran del primero. En las elecciones de diputados, Morena obtuvo 37.2% de la votación total y 41.3% de la votación nacional emitida (una vez descontados los votos nulos y las votaciones menores a 3%). A su nombre, Morena ganó 106 diputaciones de MR, pero, agregando los escaños ganados a nombre de sus aliados, esta coalición obtuvo 220 escaños de MR, es decir, 73% de los asientos de mayoría. Como siempre, la asignación de RP compensó un poco la distorsión inherente al sistema de MR: el partido Morena sumó 191 diputaciones, el PT 61 y el PES 56 (sólo de mayoría); el total de la coalición ascendió a 308 curules, 61.6% de los 500 de la Cámara. (Después de la asignación de escaños por el INE se agregaron a esa coalición algunos diputados de otras fracciones parlamentarias, pero ésa es otra historia).
Queda claro que el sistema de elección por mayoría relativa tiende a sobrerrepresentar desproporcionadamente al partido o coalición más votado, en demérito de las otras opciones políticas. Suprimir la representación proporcional formaría, con una minoría de votos, una amplia mayoría parlamentaria artificial. Un cambio de esa naturaleza equivaldría a retroceder al sistema electoral mexicano que regía en 1976, con un partido casi único, que excluía casi por completo a la oposición y negaba la rica pluralidad política que desde entonces palpitaba en la sociedad mexicana.