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Relativamente barato le salió al PVEM contratar a más de 100 influencers –200 mil pesos por cabeza– para hacer propaganda a favor de ese cuestionado partido, el mismo día de la jornada electoral.

Es reincidente y merecía el retiro del registro. 

Los “ecologistas” no sólo se quedarán sin spots durante un año –en 2022 hay seis elecciones de gobernador–, sino que deberán pagar una multa de 40 millones de pesos. Es lo que resolvió el INE.

Lo más grave de este asunto –que el PVEM no asume oficialmente como suyo– es que ha provocado una guerra civil al interior de la agrupación política.

“Éramos el gran ganador: 40 diputados y el gobierno de San Luis Potosí. Fue una pendejada. Da coraje”, reconoce, fuera de grabadora, uno de sus dirigentes.

La fuente asegura que la dirigencia formal del partido se encontraba en el cuarto de guerra del entonces candidato de la alianza PVEM-PT, al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el día de la jornada electoral.  Se enteraron del escándalo de los influencers “por una nota de Reforma”.

La misma fuente nos asegura que ni Karen Quiroga, presidenta del PVEM, ni los senadores Manuel Velasco y Raúl Bolaños, ni el diputado Carlos Puente ni Arturo Escobar estaban al tanto de la campaña, supuestamente contratada.   

No mencionó a Jorge Emilio González, otrora conocido como el Niño Verde.

—¿Quién pagó entonces a los influencers?—, insistimos.

—Eso hay que preguntárselo a quienes cobraron. Quien lo hizo debe tener buena relación con la farándula—, respondió. 

Ya en 2015, el PVEM había incurrido en faltas semejantes. Celebridades del mundo del deporte y del espectáculo apoyaron a ese partido, vía Twitter en plena veda electoral.

Hablamos de Miguel Herrera, Gloria Trevi y Galilea Montijo, entre otros muchos. En esa ocasión, la sanción fue de risa: siete millones de pesos. Por eso reincidieron.

Una de las que más fuerte reclama el retiro del registro al PVEM es la diputada del MC, Martha Tagle.

Argumenta: “Las faltas reiteradas del Verde no se pueden sancionar nuevamente con una multa. Generalmente las impugnan, se las reducen y hacen pagos chiquitos, con recursos públicos. “La sanción prevista en la ley por faltas graves reiteradas es perder el registro”, puntualizó. 

*El presidente López Obrador no le perdona al INE haber bajado de las candidaturas a los morenos Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán. 

Quiere desaparecer al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tal cual los conocemos. Hay que renovarlos para que haya seriedad, argumentó ayer.

“Desde que cancelaron las candidaturas de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, aseveró.

Para sonarle de nuevo a los órganos electorales, aprovechó una pregunta sobre las multas que impuso el Instituto al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el apoyo que le dio su esposa, Mariana Rodríguez, en redes sociales, pero también al PVEM por los influencers.

“Es lo más normal, que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa”, dijo el Presidente.

Puntualizó: “Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría ‘político’. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando”.

*Tuvieron que pasar 12 días para que el acuerdo que daba por terminado el bloqueo de la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, se cumpliera. El bloqueo duró, nada más, 18 meses contaditos.

La mina está concesionada a la canadiense Americas Gold and Silver, que lleva Darren  Blasutti. Los trabajadores son del sindicato que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.

En ese lapso, acusa la empresa, representantes del sindicato hicieron todo para obstaculizar la visita de inspección de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, a pesar de que el Presidente de la Republica comprometió su palabra.

“La próxima apertura, sin parte del grupo de 14 trabajadores que bloquearon la mina ilegalmente, no garantiza que en el corto plazo haya un ambiente de tranquilidad”, advierte.

En Americas Gold and Silver están convencidos de que, a pesar del acuerdo, Napoleón exigirá salarios caídos, como si se hubiese tratado de una huelga y no de un bloqueo.

Pero además persiste el riesgo de la presencia del crimen organizado, que tiene sus intereses en la operación de la mina, particularmente en el negocio de transporte de materiales.  

¿Y la Guardia Nacional que prometió el Presidente? Brilla por su ausencia.

Desde hace al menos siete años, los dueños de giros negros pusieron precio a la cabeza del padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas.

“Comenzaron con 200 mil pesos, luego lo subieron a 400 mil y después a un millón”, ha relatado el propio sacerdote.

La razón: su oposición a la operación de cantinas y prostíbulos, cuyos dueños, asociados con el poder político local, los utilizan para distribuir drogas.

Para crear conciencia sobre el problema que representa la delincuencia organizada en la región de Los Altos, el padre Marcelo ha organizado varias peregrinaciones a Tuxtla Gutiérrez. Las continuas amenazas contra su vida llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares en su favor en 2016. “Si no fuera por el apoyo internacional, yo probablemente no estaría vivo”, me dijo ayer en entrevista para Imagen Radio.

Este religioso indígena es una de las figuras más visibles en medio del “estado de terror” que se vive en el vecino municipio de Pantelhó, de donde unas tres mil personas han tenido que huir por la violencia desatada por el crimen organizado.

Como Gilberto Vergara, el párroco de Aguililla, Michoacán, el padre Marcelo se ha convertido en la voz de una población asolada por los criminales, particularmente Los Ciriles, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin ambages, Pérez señala a la planilla ganadora de la elección del 6 de junio en la demarcación de estar coludida con el narcotráfico. “Es algo que el gobierno sabe y que el PRD sabe”, afirmó en la entrevista, refiriéndose al partido que postuló al alcalde electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, esposo de la actual presidenta municipal.

La campaña en Pantelhó fue marcada por el miedo, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, opinión con la que coincide el padre Marcelo.

De acuerdo con diversos testimonios, el crimen organizado presionó para que ganara la planilla perredista. Esto es algo sobre lo que he tratado de hablar con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, por quien tengo respeto, pero me ha mandado decir que no está enterado.

En mi opinión, el partido debiera atender las denuncias que se están presentando. La captura de instituciones y territorios por parte del crimen organizado es un problema que debiera unir a la clase política con un sentido de Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también desdeña la situación explosiva que se está dando en los Altos, donde el 5 de julio fue asesinado Simón Pedro Pérez López, activista de la organización social Las Abejas.

El martes, en su conferencia mañanera, el mandatario descalificó al grupo de autodefensa El Machete, que se formó con el propósito explícito de proteger a la población, diciendo que o es parte de una disputa de grupos caciquiles o se trata una organización delincuencial más.

Pregunté sobre esto al padre Marcelo. “Él está criticando el efecto, no la causa”, me respondió. “No dijo nada sobre el crimen organizado ni sobre la ausencia del Estado, que significa campo libre para el crimen organizado. Para lavarse las manos, critica al grupo de autodefensa. Sabemos que es ilegal, pero a las comunidades no les quedó otro camino que defenderse”.

Agregó: “Si el gobierno federal y el estatal no toman en serio lo que sucede en Pantelhó, surgirán otros autodefensas. Tiene razón cuando dice que nadie puede tomar la justicia en sus propias manos, pero aquí hay más de 200 ejecutados por el crimen organizado, asesinatos cobijados por la corrupción de las autoridades”.

De nada sirve denunciar, abundó, porque “hacen caso omiso”. Y ejemplificó su dicho con el homicidio del tendero Mario Ruiz, por vender productos a los habitantes de San José Buenavista Tercero, una comunidad de Pantelhó que se ha resistido al dominio de los criminales y vive sitiada.

“Lo mataron el 3 de julio. Y, al día siguiente, regresó el asesino, con uniforme de la policía municipal, a preguntar a sus familiares si habían presentado denuncia. Si lo hubieran hecho, también los habrían matado. Eso es lo que estamos viviendo”.