Mil 203 millones de pesos de multas pagarán los partidos y sus candidatos por irregularidades en los gastos de campaña, destacando los recursos no reportados, esos que se obtienen o se pagan de manera dolosa.

Llaman la atención las sanciones de los que no conservaron el registro: casi 103 millones a Fuerza por México, 101 millones a Redes Sociales Progresistas y 55 millones al PES.

Y qué decir de las multas a Morena: más de 373 millones.

Nadie se quedó fuera de las penalidades económicas: PRI, 93 millones 728 mil pesos; PAN, 88 millones 467 mil, y PRD, 42 millones 843 mil. Destaca el alto monto del PT: casi 86 millones de pesos.

Y espantan las multas de los protagonistas del escándalo de la fiscalización 2021: 84 millones 538 mil para el PVEM y 73 millones 198 mil para Movimiento Ciudadano (MC).

De lo analizado por los 11 consejeros del INE en la sesión de 14 horas que concluyó la madrugada de este viernes, destacan las 491 quejas dictaminadas e interpuestas por los propios partidos. De esas, 98 quejas resultaron fundadas y dieron paso a multas que ascienden a casi 130 millones de pesos.

Son historias de la picaresca electoral mexicana: en Baja California, el equipo de campaña de la próxima gobernadora, Marina Ávila, no reportó pintas ni videos ni su página web ni la tarjeta de béisbol con la que hizo campaña; la coalición PAN, PRI, PRD por la alcaldía de Zacatecas no documentó gastos en grupos musicales. 

Quedó pendiente la queja que se devolvió a la Unidad de Fiscalización del INE para profundizar en los gastos no reportados por el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), en propaganda, banda musical y videos en Twitter y Facebook.

Mas no podrá despejarse la duda de si hubo dinero del gobierno de Tamaulipas en la campaña de Octavio Pedroza, de la coalición opositora en SLP, asunto que infructuosamente pidió investigar la consejera Carla Humphrey. La vieja de la operación Safiro y sus réplicas poblanas en sexenios anteriores.

De las probadas aportaciones indebidas que sus beneficiarios buscaban ocultar, destacaron las dos de Samuel García, gobernador electo en Nuevo León. MC tendrá que pagar 83.7 millones de pesos y él 449 mil pesos por las publicaciones en redes sociales de su esposa empresaria influencer, Mariana Rodríguez Cantú, y porque recibió dinero prohibido por la ley de supuestas empresas a través de su madre y hermanos.

Es una triangulación preocupante, tratándose de un joven político que promete innovar. “¿Samuel García debe ser gobernador a pesar de todas las trampas que se están evidenciando?”, preguntó el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, futuro presidente de la Cámara de Diputados.

Y reclamó: “Hay que sacar toda la madeja y ver de dónde viene ese dinero, porque a nosotros nos quitaron una candidatura por 19 mil pesos, ahora son 14 millones de pesos, de un origen hasta este momento desconocido”.

Nada dijo, sin embargo, Morena de la otra estafa de la temporada 2021: “el nado sincronizado” —así lo bautizó el consejero Ciro Murayama— de los 104 influencers contratados para promover al PVEM el domingo electoral.  En castigo, pagarán 41 millones de pesos y se quedarán sin spots durante un año.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó que se le había turnado el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Pero siendo un aliado del gobierno, resulta iluso esperar que su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, actúe.

Habrá que ver si los magistrados del Tribunal Electoral ratifican los castigos. O ajustan el del PVEM a los criterios aplicados a MC, bajando la multa verde a cuatro millones: Pero si adapta la sanción de Samuel García a la de los influencers verdes, el futuro gobernador andaría rebasando el tope de campaña por más de 200 millones de pesos.

Cabe la posibilidad de que la FEDE salga de su letargo y revise el dictamen del INE en el que se acredita la triangulación de recursos en Nuevo León, el carácter prohibido de los mismos y el rebase de las aportaciones individuales. O quizá el expediente se quede esperando mejores tiempos para un eventual chantaje.

Más allá del regateo presidencial a la tarea del INE y los enjugues de los fiscales a modo, el árbitro confirmó su carácter autónomo que, con la legislación construida por los actores políticos, revisó el uso de los recursos y castigó el abuso en su ejercicio u ocultamiento. 

Y aunque toda fiscalización es perfectible en un mundo donde el dinero sucio encuentra subterfugios para purificarse, en el terreno electoral contamos con un dique contra la propaganda, la secrecía y los indultos políticos.

Ahí está la fiscalización del INE ventilando usos y costumbres de una partidocracia opaca en la que coexiste la sospecha y la estafa hormiga. Una cultura electoral que combina las mañas políticas con las tretas financieras y de las que ningún logo escapa todavía.

Tercera ola, récords de contagios diarios, más hospitalizaciones y retrocesos en el semáforo epidemiológico. Así los últimos días en el país. Al mismo tiempo, personajes como éstos en la función pública: “Les voy a contar una cosa, con el bozal no se oye ni se entiende. Aquí ya estamos todos vacunados…”, dijo Manuel Bartlett a un reportero que portaba cubrebocas durante una conferencia. Más de 500 días de pandemia y no, no han entendido nada.

“La ciudadanía durante décadas reclamó la existencia de estos mecanismos y el primero de agosto será la primera vez que se lleve a cabo una consulta popular”, me afirmó el consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, en Imagen Televisión, sobre la convocatoria para el próximo 1 de agosto. Agregó: “El foco de la consulta no está en ninguna persona ni grupo de personas. El foco de la consulta sobre lo que se consulta es sobre el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Es decir, lo que se decidió, por qué se decidió, quién lo decidió, cuáles fueron los alcances. Esto incluye una diversidad de procesos y desde luego involucra a una amplia diversidad de actores, pero no es una pregunta destinada a ninguna persona, ni grupo de personas en particular”.

Y la pregunta, la conocemos, ambigua como pocas: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

En la conversación, el consejero electoral precisó: “Cuando hablamos del esclarecimiento de decisiones políticas, yo por ejemplo, quiero saber quién tomó la decisión desde el gobierno la represión de 1968 o el halconazo de 1971 y ésas son cosas que se deben esclarecer en mi opinión que la ley no obliga a su esclarecimiento y que probablemente quienes tomaron las decisiones políticas involucrados, incluso podrían no seguir vivos en el momento actual. Queremos poner un punto final a estas cosas que ocurrieron en el pasado, las decisiones que se tomaron en el pasado y por tanto corresponderá no seguir investigando al respecto”.

Ojalá pudiéramos decidir qué personajes no merecen estar más como funcionarios. Eso le hace mucha más falta al país, a nuestras instituciones, que maromas circenses que lucen más como estrategias de campaña que como compromiso real de una lucha contra la impunidad.

En el caso de Manuel Bartlett, por ejemplo, tras ser enemigo de la izquierda por años, responsable de que la alternancia política no se configurara en el 88, tras el “arrepentimiento” por su pasado fue recibido y hasta premiado con un lugar en el gabinete de la 4T. Y ya vimos el resultado: despotismo a todo lo que da.

De qué servirá entonces esta consulta, porque además está también el riesgo de que no tenga validez, pues depende de la participación de al menos cuatro de cada diez electores.

Tal vez el entusiasmo fuera otro si nos preguntaran sobre la permanencia de figuras como Bartlett en el espectro político. Y que la respuesta sí tuviera consecuencias.