México es un país donde grupos delincuenciales enfrentados suscriben treguas para no interferir en sus respectivos territorios; donde las autoridades constituidas llaman a los criminales a dejar que los ciudadanos trabajen y vivan en paz; donde víctimas de la violencia graban mensajes para pedir a los sicarios que les den garantías a fin de buscar a sus familiares desaparecidos y donde la Iglesia sirve de intermediaria entre los gobernantes y grupos de ciudadanos que se han armado para enfrentar a narcotraficantes, plagiarios y extorsionadores.

Pero vayamos por partes:

1) La madrugada del 26 de julio apareció una serie de mantas en los municipios de Reynosa, Tampico, Padilla y Matamoros, Tamaulipas, en las que se daba cuenta de una negociación de “paz” entre las facciones del Cártel del Golfo que llevaban años disputándose violentamente el control territorial. Un mes antes, dicho conflicto había llevado a dos de esos grupos a irrumpir en Reynosa para “calentarle la plaza” a otro de ellos, sembrando el terror y matando a 15 habitantes al azar. En las mantas, los criminales prometían dedicarse “a lo que realmente nos compete en nuestra empresa (sic)”, a fin de que “los pueblos que cuentan con nuestra presencia se sientan seguros con ella, sin preocupación alguna”. Al día siguiente, apareció ejecutado el hombre a quien se señalaba por haber dirigido la masacre de civiles en la ciudad fronteriza: Édgar Valladares Hernández, El Maestrín.

2)  “Le pido a la delincuencia que le baje”, fue la solicitud que hizo el presidente municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas, Servando López Moreno. El pasado lunes se divulgó en redes sociales un video grabado por el alcalde de extracción priista en el que pide a los criminales “paz y tranquilidad” para los habitantes de la llamada Región Ribereña, luego de que el 29 de junio aparecieron nueve cuerpos baleados y mutilados en el poblado de Los Guerra, sobre la carretera que une a Miguel Alemán con Mier, a menos de dos kilómetros del río Bravo. Los cadáveres fueron descubiertos al amanecer por automovilistas que transitaban por ahí. “Sé que mis declaraciones van a causar polémica”, aceptó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. “Ya no queremos más guerra. Y esto lo digo para todos los grupos, no sólo para uno: no queremos violencia, queremos paz social”.

3)  Delia Quiroa busca a su hermano Roberto desde que fue secuestrado en Reynosa el 10 de marzo de 2014. Ella forma parte del colectivo Nosotras, una organización que trata de localizar a centenares de personas desaparecidas en el estado. Quiroa tiene información que indica que su hermano murió en un enfrentamiento entre los delincuentes que lo tenían retenido y otro grupo armado. Los indicios de la carpeta de investigación llevan a La Bartolina, un sitio de cremación clandestina, cerca de Matamoros, donde los criminales se han deshecho de decenas de cadáveres y donde podrían estar los restos de Roberto. Como ingresar en ese sitio es peligroso, Delia pidió la ayuda de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación. Al no recibir respuesta, recurrió a una medida desesperada: grabar un mensaje dirigido al líder de Los Ciclones, facción del Cártel de Golfo, para que les permita a ella y a sus compañeras buscar en La Bartolina sin ser agredidas.

4)  Las continuas agresiones de la banda de Los Ciriles –traficantes de drogas, armas y personas– llevaron a habitantes del municipio de Pantelhó, Chiapas, a formar el grupo de autodefensa El Machete. Después de exhibir públicamente sus armas, éste emplazó al Ejército y a la Guardia Nacional a catear las casas de presuntos integrantes del grupo delictivo. Al no tener la orden de un juez, los militares se retiraron. Entonces, el 27 de julio, los integrantes de El Machete quemaron las casas señaladas. La tensión ha crecido en esa parte de la región de Los Altos, donde la Iglesia –igual que sucede en Aguililla, Michoacán– ha intercedido entre las autoridades federales y estatales y los ciudadanos hartos de la violencia, mediante una mesa de negociación.

La constante de estos temas es la ausencia del Estado, que va perdiendo presencia mientras las encuestas muestran que la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos.

La demanda que presentó el gobierno de México, a través de la Cancillería, en contra de once fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos es un acierto y una ruta correcta para posicionar el tema de la llegada de armas al crimen organizado en nuestro país. Es una medida, además, que va en consonancia con lo que distintos sectores de la Unión Americana están planteando no sólo en torno a las armas, sino también a las muertes por consumo de opiáceos.

Ayer, Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas desde Estados Unidos a México, y que están detrás de siete de cada diez homicidios ejecutados en nuestro país, equivalen a entre el 1.7 y el 2% del PIB mexicano. Por esa razón, el gobierno pedirá una compensación de, al menos, 10 mil millones de dólares a esas empresas. No se trata, dijo, “de meter presión a Estados Unidos, sino de que no haya muertos en México”.

Pero la verdad es que, para bien, mete presión y lo hace donde debe hacerse, en el capítulo más débil de la participación de la Unión Americana en la lucha contra el crimen organizado. Desde siempre, y también con razón, las autoridades de ese país han demandado que se controlen los grupos criminales que desde México aprovisionan de droga a la sociedad estadunidense, pero han olvidado que para que ingresen las drogas y para que de regreso vengan las armas que alimentan a los cárteles mexicanos, se necesitan medidas estrictas de control que se ejercen con enorme eficacia en muchos otros ámbitos, pero, casualmente, no en el ingreso de drogas y la salida de armas.

El tema de la armas es parte del debate interno de la sociedad estadunidense. La poderosísima Asociación Nacional del Rifle financia a todo candidato que se oponga a cualquier tipo de limitación a la venta y portación de armas y, a pesar de las masacres que se cometen con regularidad en ese país, ha logrado, hasta ahora, imponer su agenda. Pero incluso así, durante el gobierno de Clinton se logró imponer una prohibición de venta de armas de asalto y alto poder, que estuvo vigente durante diez años, pero no fue renovada por su sucesor, George W. Bush.

Existe un marcado paralelismo entre la liberación decretada por Bush y la intensificación de la violencia en México. Los cárteles mexicanos siempre fueron violentos y mantuvieron duras luchas entre sí y contra el Estado, pero desde 2004 tuvieron a su disposición armamento pesado y de asalto que, hasta entonces, habían tenido sólo a cuentagotas. Desde ese mismo año se incrementó la violencia en forma geométrica y los cárteles pasaron cada día más a estar armados, en muchas ocasiones, mejor que las instituciones encargadas de combatirlos.

Las armas, desde fusiles de asalto hasta barretts, se compran libremente en Estados Unidos y hay miles de comercios y tianguis de armas, sobre todo en la zona fronteriza, que venden indiscriminadamente armas y equipo táctico, incluso de uso militar. Como dice la demanda presentada por la Cancillería, esas empresas armamentistas promocionan e impulsan esas ventas. Y contra ellas está dirigida esta demanda, que tiene, además, muchas similitudes con las que varios estados de la Unión Americana han presentado contra las empresas farmacéuticas que venden indiscriminadamente opiáceos legales en ese país. En Estados Unidos, en el último año, hubo 90 mil muertes por sobredosis de opiáceos. Y es verdad que muchas de esas muertes están causadas por el fentanilo ilegal que proviene de México (y también de Canadá), pero una cantidad mayor de esas muertes es causada por opioides legales que se venden indiscriminadamente y con una gran publicidad. Las demandas han sido tan abrumadoras, que se ha anunciado un acuerdo con un gran laboratorio y tres distribuidoras de medicinas para que paguen una suerte de indemnización por los gastos de salud ocasionados por los opioides legales, vendidos y promocionados en forma masiva e irracional, de 26 mil millones de dólares, más otros mil millones que se le pagarán por el mismo concepto al estado de Nueva York.

Ni la demanda contra el tráfico de armas que se anunció ayer en México ni la de los opioides, que está en curso en Estados Unidos, solucionarán el desafío de la violencia y el consumo de drogas. Pero sirven para sancionar un comercio criminal; para contar con recursos adicionales para combatirlo y, por sobre todas las cosas, para focalizar correctamente el problema y obligar a las autoridades, en este caso también a las del otro lado de la frontera, a que asuman su parte en las responsabilidades inherentes a un desafío que nos supera cotidianamente.

LA OPERACIÓN ORIÓN

Con la participación de agencias de inteligencia de 38 países, concluyó una nueva etapa de la operación naval Orión: en mes y medio se decomisaron 116 toneladas de cocaína pura, hubo 539 detenidos, se incautaron 69 embarcaciones, 5 aviones y tres semisumergibles. Es una operación que se viene llevando a cabo desde meses atrás, con inteligencia propia y de otros países, y que está desarticulando redes del narcotráfico, en tierra y a nivel marítimo. Claro, eso es en Colombia y estos resultados fueron anunciados ayer por el presidente de ese país, Iván Duque. Aunque sí, México ha colaborado con información para realizarlo, ¿cuánto hace que no tenemos un operativo de estas características en nuestro país?

El dictamen final sobre los motivos que generaron el colapso del tramo elevado serán entregados el 23 de agosto por la empresa DNV