En su batalla legal contra 11 fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses –información adelantada por Excélsior y hecha pública ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores–, el gobierno mexicano deberá encontrar agujeros en un escudo contra demandas instaurado por el Congreso de ese país hace casi 16 años para proteger a dicha industria.

Promovida por el entonces senador Larry Craig, republicano por Idaho, la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas prohíbe litigios contra fabricantes, distribuidores, vendedores e importadores de armas de fuego y municiones que resulten del mal uso de sus productos.

Antes de la promulgación de la ley en octubre de 2005, los armeros eran blanco de incontables demandas. Una de las más conocidas fue presentada en 1998 por el alcalde de Chicago, Richard M. Daley, quien reclamó que los fabricantes de armas querían “un trato de negocio sin responsabilidad hacia los ciudadanos” y exigió reparaciones por 433 millones de dólares.

Aunque los jueces desecharon esa y muchas otras demandas, los litigios comenzaron a costar mucho dinero en cuotas legales. En 2000, la empresa Smith & Wesson decidió negociar con el gobierno del presidente Bill Clinton para llegar a un acuerdo con los demandantes a cambio de poner en práctica medidas de seguridad, como imprimir en las armas un segundo registro, oculto, para que los delincuentes no pudieran evitar su rastreo.

Sin embargo, la legislación impulsada por Craig prácticamente puso a salvo a los armeros. En el acto en el que fue firmada por el presidente George W. Bush, el representante de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, la llamó “la ley pro armas más poderosa que se haya aprobado en los últimos 20 años”.

En efecto, ha sido tan eficaz que el presidente Joe Biden se quejó, durante su campaña electoral, de que la industria de las armas –que en 2020 tuvo un impacto económico de 63 mil millones de dólares– “es la única en Estados Unidos que está exenta de demandas”.

Si bien eso no es totalmente cierto –en un caso reciente, la Suprema Corte permitió que avance una demanda contra Remington por parte de los familiares de los niños asesinados en la masacre de Sandy Hook–, las dificultades del camino legal emprendido por el gobierno mexicano son evidentes.

Desde que entró en vigor la ley, muchas acciones legales han sido desechadas, igual que diversas controversias sobre su constitucionalidad.

En la campaña presidencial de 2016, el precandidato demócrata Bernie Sanders, conocido por sus posiciones socialistas, incluso la defendió diciendo que un arma era igual que un martillo, en el sentido de que si se usaba cualquiera de las dos cosas para matar a alguien, el fabricante no debía ser responsabilizado por el hecho.

La posibilidad de éxito que pudiera tener el gobierno mexicano en este litigio se encuentra en un antecedente en el estado de Wisconsin, una de las poquísimas excepciones de falibilidad de la ley que se pueden encontrar.

En 2009, dos policías de Milwaukee, Bryan Norberg y Brian Kunisch, trataban de detener a un individuo cuando éste les disparó con una pistola que había adquirido otra persona en una armería llamada Badger Guns. Las lesiones que sufrieron ambos oficiales los dejaron incapacitados de por vida.

En 2015, Norberg y Kunisch demandaron a la tienda, alegando que el dueño y sus empleados fueron negligentes al vender el arma y por tolerar durante años ventas con prestanombres.

“Sí, un criminal jaló del gatillo, pero se necesitaba un gatillo y ese gatillo lo proveyó Badger Guns”, argumentó la defensa de los policías. El comprador del arma, Jacob Collins, la había adquirido en nombre de Julius Burton, quien no tenía la edad legal para poseerla y quien fue el que disparó. El jurado, que consideró que la venta del arma fue negligente, ordenó una reparación de 6 millones de dólares.

Un camino legal semejante es el que intentará recorrer el gobierno mexicano en su litigio contra los fabricantes, entre los que está Barrett Firearms Manufacturing, cuyo letal calibre .50 está entre las armas favoritas de los cárteles mexicanos. Será interesante ver el desenlace.

Sin sorpresas: bajísima participación. Una catarsis costosa e inútil. Condenas anticipadas e injustas al INE. Y, sin embargo, hay varias lecciones.

Fue un ejercicio legal, pero imperfecto. Si de verdad se desea fortalecer a nuestra democracia con mecanismos de participación directa, se deberá concebir cada paso con atención. Quién debe redactar la pregunta. Cuál es el costo de cada ejercicio y cómo garantizar al INE los recursos suficientes. Dado que los partidos no forman parte del ejercicio, quién debe difundirlo. Cómo impedir las expectativas falsas. Quién debe informar a la ciudadanía de los alcances y limitaciones. Qué hay de la campaña turbia de desinformación y odio, la cual, en sí misma, envenena al país. Además, dado que los resultados eran previsibles, se elaboró una narrativa encaminada a desacreditar de antemano al INE. Se les olvida que esa institución goza de mucho más crédito (68%) que los partidos políticos (30%), más del doble, más que el propio Presidente. El INE —a pesar de las limitaciones impuestas y el bombardeo constante desde la tribuna presidencial— cumplió con sus obligaciones. En ese sentido fue un avance.

¿Qué debe hacer la autoridad electoral cuando el propio Ejecutivo desacata ostentosamente la norma? ¿Qué sanción debe proceder? En su muy certera intervención del primero de agosto, el consejero Ciro Murayama resaltó una cuestión esencial para una democracia. ¿Quién está detrás de la campaña millonaria de desinformación a la ciudadanía? ¿Quién contrató centenas de anuncios espectaculares, de carteles en el Metro y parabuses, quién pagó a los brigadistas que en todo el país repartieron propaganda hablando de una pregunta que no es la que hoy está a consideración? Por la salud de la República convendrá saberlo. No puede haber cantidades millonarias de dinero financiando apuestas políticas de forma opaca y de procedencia desconocida. Tiene toda la razón: si de verdad el Presidente y sus seguidores están comprometidos con la transparencia, que formen una comisión investigadora. La opacidad pervierte a la democracia.

Con la consulta se prendieron varios focos rojos para la vida democrática de México. Después de la elección intermedia quedaron muchas dudas de los vínculos del narco con ciertos grupos que están en el poder. Como recuerdan en las redes sociales, la tercera y misteriosa visita del presidente a Badiraguato —de sólo 3,725 habitantes— lo único que logró es ahondar las sospechas. ¿Para qué va? Y ahora no sabemos quién financió la propaganda para la consulta. Son asuntos mayores. Pero quizá la lectura más interesante de lo acontecido el domingo sea el ajuste político que se anuncia. Alrededor de 93% del padrón no participó, no acudieron al engaño, signo de madurez política. ¡Qué ausencia! Sembrar odio ya no les está pagando bien. Si sumamos las intervenciones presidenciales en las cuales se inculpa al pasado de todos los males de nuestro país; si se agrega el eco de sus colaboradores con la misma tesis —el pasado es el responsable de todo, del desabasto de medicamentos a los muertos por violencia—; si se le suman los rostros de los expresidentes con imputaciones generales incendiarias, debieron esperar una afluencia alta. En 2018 la participación fue de 63.4%. En la intermedia fue de 52.7%. En la consulta, de menos de 8%. AMLO obtuvo más de 30 millones de votos. Morena logró sólo 17 millones en la intermedia. El 1 de agosto votaron por el Sí 6.25 millones. Ese es el núcleo duro. El PAN y el PRI —cada uno, por separado— obtuvieron casi nueve millones en la intermedia. Merece reflexión. La consulta no fue un fracaso para México, lo fue para la 4T.

Y ahora qué sigue. Inculpar al pasado es una pieza central de la narrativa del gobierno. Seguirá. El propio domingo, frente al fiasco, anuncian una Comisión de la verdad.

Ante el fracaso de la vía jurídica, apelarán al cadalso moral. Ausencia, desesperación y barbarie pura.