Es altamente probable que el día de hoy el Presidente sufra una nueva derrota: el desaire de la ciudadanía a la consulta que él planeó, promovió y aprovechó. Por supuesto, como suele ser su estilo y poniéndose el huarache antes de la espina, ya decidió culpabilizar al Instituto Nacional Electoral de su fracaso, a pesar de que este órgano gastó más de 500 millones de pesos en su organización, difundió en 16 días de campaña 377,833 spots de radio y televisión, colocó 5,295 anuncios en bardas, carteles, espectaculares, lonas, etcétera, entre otras acciones y todo para tratar de revivir una consulta que nació muerta.

La consulta popular, el plebiscito y cualquier alternativa para preguntarle a la gente su opinión sobre decisiones de gobierno, ha sido una vieja demanda de la sociedad civil organizada, una lucha de miles de personas. Sin embargo, lo que pudo ser un hecho histórico para la democracia del país se convirtió en un circo demagógico.

El Presidente, su partido Morena y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Yazmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y por supuesto Arturo Zaldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prostituyeron este ejercicio y traicionaron a la democracia. La SCJN no tuvo los arrestos para declarar inconstitucional la pregunta del Presidente y prefirieron disfrazarla con tal de no tener más problemas con el Ejecutivo. Los derechos o la ley no se consultan y la pregunta que decidieron aprobar, deja un peligroso precedente para el país.

Mucha gente decidirá no ir a votar porque la pregunta aprobada es un verdadero galimatías, un despropósito y una burla a la ley: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Qué demonios es eso?

Y lo peor es que en el remotísimo caso de que 37 millones 439 mil 23 de mexicanos salgan a votar y conviertan la pregunta en vinculante, no hay una ruta para definir lo que pasaría después.

¿Quién será la autoridad que explique cuáles son las acciones pertinentes que se tendrían que llevar a cabo con apego al marco constitucional y legal? ¿Qué son acciones pertinentes?, ¿una investigación, una multa, la exigencia de una disculpa pública?

¿Cuáles son las acciones de los años pasados que deberían tomarse en cuenta?, ¿empezarán desde la Colonia, la Independencia, la Reforma o la Revolución? ¿Quién decidirá hasta qué siglo, año o administración se tiene que investigar? No han podido procesar a Emilio Lozoya o esclarecer la muerte de los normalistas de Ayotzinapa, y quieren investigar otros sexenios. ¡Por Dios!

Por mucho que los morenistas estén tratando de engañar a la gente señalando que la respuesta se refiere a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto esto, sencillamente, es una mentira.

Además, ¿cómo se va a garantizar la justicia y los derechos de las víctimas? Si llega alguien que se considera víctima del despojo que sus antepasados sufrieron por revolucionarios, ¿se le hará justicia? Si no han podido resarcir los derechos de las víctimas del desabasto de medicinas o de los miles de desaparecidos por la inseguridad, ¿cómo le harán con el pasado?

Por eso el Presidente tendrá que vivir con que la gente ya no le compra tan fácilmente sus ocurrencias y que el único culpable del fracaso de la consulta será él.

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El llamado a la primera Consulta Popular constitucional para juzgar crímenes del pasado debe servir para enviar un mensaje inequívoco contra la impunidad, que a todos convierte en reales o potenciales víctimas. Aunque su diseño la hace simbólica, no debería quedar como una figuración o una simulación política. Este ejercicio, conocido como “juicio a expresidentes” —aunque la pregunta no lo enuncie así— es una oportunidad para potenciar una discusión pública sobre acciones para reparar el daño que sistemáticamente les niega el poder político y el judicial.

Es cierto que llegamos a esta cita del 1 de agosto con una convocatoria edificada con piedra de mala calidad y en lajas resquebrajadas, como las que están en la superficie de la cantera y sólo sirven para obras de mampostería. “Circo” muy conveniente a la narrativa presidencial, como dicen sus opositores; o un “distractor” que sólo beneficiaría a López Obrador porque –como sentencia la Corte—la aplicación de la ley no es motivo de consulta. Aunque la pertinencia de la consulta, paradójicamente, tiene que ver con el estado de ilegalidad en un país en que los delitos no se castigan pese al costo humano de vivir en violencia extrema.

Por eso la defensa formal de la legalidad para llamar a no votar recuerda el doble discurso de la vieja fórmula del “obedézcase, pero no se cumpla” del derecho medieval, pero muy presente en la impunidad en el país.

En otras latitudes, el plebiscito ha sido útil para pacificar conflictos violentos, como en Chile, para desalojar a Augusto Pinochet del poder en 1989 o desmontar el Apartheid, en Sudáfrica, y recientemente el Brexit, en Gran Bretaña. En México las decisiones trascendentales para el país (TLC, la guerra contra las drogas o la militarización de la seguridad) pertenecen al monopolio del mundo de la política, que incluso enajena esta consulta para sus propias disputas.

Su mayor debilidad es que atiende más a la confrontación política que a la deliberación ciudadana y a la necesidad de justicia para la paz. Prueba de ello, las dudas sobre la participación y su poco involucramiento en ella. Y si ya alcanzar el umbral de 40% del padrón para que sea vinculante se aprecia casi imposible, la reformulación de la pregunta por parte de la Corte dejó en una especie de limbo la interpretación y alcance del resultado. A pesar de ello, también obliga a una respuesta del Presidente sobre su sentido, la discusión y expectativas entre las víctimas. ¿realmente hay voluntad de revertir la impunidad y asegurar justicia para la pacificación del país?

López Obrador se ha pronunciado en contra de juzgar a sus antecesores con la justificación de que parezca venganza política, pero la inacción de la justicia respecto a investigaciones contra el gobierno de Peña Nieto deja dudas sobre pactos de impunidad o la incapacidad de esclarecer crímenes del pasado. Por ejemplo, los implicados en la corrupción de Odebrecht han logrado esquivar las acusaciones penales y hasta las sanciones administrativas.

De no haber respuestas, la consulta corre el riesgo de perderse en la intrascendencia de la propaganda alejada de la preocupación de los derechos de las víctimas. Una de ellas, como ha querido apuntar la propia Corte, es la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo alternativo al Judicial porque, entre otras razones, delitos que pudieran imputarse a los expresidentes ya han prescrito.

Si realmente el gobierno apuesta a consolidar las consultas populares, lo primero es demostrar su utilidad para develar delitos que se ocultaron o no se castigaron. Por eso la importancia de que la movilización active una discusión pública, a pesar de la amplitud y la ambigüedad de la pregunta.

La consulta ha metido al Presidente en un laberinto ya que, por un lado, desconfía de la eficacia de la fiscalía para esclarecer crímenes del pasado y, por otro, no cree en las comisiones de la verdad contra la impunidad. Morena dice que la impulsará cualquiera que sea el resultado, pero sin consenso a su interior ni apoyo presidencial. ¿Qué sigue? El gobierno está atrapado entre las expectativas de la consulta, el reclamo de las víctimas que se sienten traicionadas y el riesgo de que la impunidad convierta su discurso anticorrupción en letra muerta