Deuda pública aumenta en primer bimestre: Reporte de Hacienda

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el SHRFSP representa el 50% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB)

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó el funcionamiento del instituto en el ejercicio de revocación de mandato.

En las últimas semanas, un grupo de nuestros ciudadanos está afrontando dificultades al intentar viajar a países de nuestra región inmediata con la nueva exigencia de obtener visas para visitar o hacer tránsito en algunos de ellos. Se trata de una situación compleja, que el gobierno cubano está atendiendo con sumo rigor y que tiene varias causas.

Desde el año 2017, el gobierno de los Estados Unidos incumple unilateral e injustificadamente la obligación suscrita en 1994 de asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20 mil cubanos cada año. Puesto que tiene cerrado el procesamiento de los trámites migratorios en su Embajada en Cuba desde octubre de 2017, los pocos miles que las autoridades de los Estados Unidos han admitido cada año desde entonces, se ven obligados a viajar a Guyana para realizar tales trámites, sin garantías de otorgamiento y con el consecuente gasto y carga que ello significa para cada migrante potencial.

Como bien se conoce, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido en pleno vigor y reforzado considerablemente en estos años el bloqueo económico dirigido a quebrar nuestra economía, deprimir el nivel de vida de los cubanos, provocar carencias y dañar el nivel de consumo y los servicios de los que depende la población.  Es una política que se endureció durante los momentos más críticos del enfrentamiento a la COVID19; coincidiendo, además, con el negativo impacto de la Pandemia en la economía mundial. 

A lo anterior se suma que desde la década de 1960 la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba ha tenido como soporte legal a la Ley de Ajuste Cubano, que ofrece a todo cubano que llega a ese país la posibilidad casi automática, al año de haber arribado, de ajustar su estatus migratorio y convertirse en residente permanente.

Se trata de un privilegio exclusivo para los cubanos, que naturalmente fomenta el convencimiento para muchos de que, por ser ciudadano cubano, disfruta del derecho a emigrar a los Estados Unidos y ser aceptado en ese país, con independencia de la vía y la forma que se utilice.

Esa legislación se acompaña de una política altamente prejuiciada y demagógica, que durante décadas ha asumido que todo cubano que ingresa en  territorio estadounidense lo hace porque es un perseguido político o tiene “miedo creíble” de regresar a su país de origen; cuando las estadísticas demuestran claramente que cada año crece sostenidamente el número de viajeros cubanos que visitan Cuba procedentes de territorio estadounidense.

Todos, son factores que estimulan la migración, y en particular la migración irregular, con destino final al territorio de los Estados Unidos, cuando las vías legales se cierran, como ha sucedido desde 2017, igual que en décadas anteriores o en el pasado.

Esas realidades explican, en gran medida, el alto flujo migratorio legal e irregular de cubanos por países de la región, particularmente México, Centroamérica y el Caribe, lo que implica una carga para esas naciones y sus gobiernos, y para su relación con los Estados Unidos, la que ya sufre el peso del elevado potencial migratorio de sus respectivas poblaciones.

También explican las gestiones y presiones del gobierno de los Estados Unidos para lograr que los países de tránsito tomen medidas contra el emigrante cubano, que exijan visas cuando no lo hacían en el pasado, incluyendo visas de tránsito, que incluso se pretende exigir para cubanos con residencia permanente en otros países.

Además, de manera solapada, Washington se afana en obstaculizar el procesamiento de los nuevos visados en las embajadas acreditadas en La Habana, con el objetivo de incrementar el malestar de los cubanos afectados. Se trata de gestiones que contrastan con el estímulo tradicional y velado a que el emigrante use esos territorios para llegar irregularmente a la frontera terrestre y sur de los Estados Unidos, donde se le facilita el ingreso a ese país.

Resulta cínico obligar a los cubanos viajar a Guyana para procesar sus visas de migrantes y, a la vez, gestionar que se le imponga como requisito obtener una visa de tránsito por un tercer país a los que pretendan llegar a Georgetown; mientras se mantiene suspendida o muy limitada la actividad del Consulado estadounidense en La Habana.

El escenario que hoy enfrenta el emigrante cubano es el del estímulo histórico y permanente a la migración hacia los Estados Unidos, la negativa de ese país a procesar en Cuba las 20 mil visas anuales que tiene comprometidas en acuerdos bilaterales, la carga de un bloqueo económico reforzado que afecta su nivel de vida y le genera la ilusión de una  perspectiva de prosperidad en los Estados Unidos, a lo que se suman las presiones a gobiernos de la región para que exijan visas a los cubanos que aspiran a aprovecharse del permanente estímulo a la emigración hacia los Estados Unidos.

Es una realidad que sufren, además, aquellos cubanos que tienen como objetivo viajes y visitas temporales a países de la región, sin propósito alguno de emigrar.

En muchos casos, el solicitante de visa se ve obligado a comprar un pasaje aéreo como condición para solicitar la visa de tránsito, sin garantía alguna de que esta se emita, ni la posibilidad de recibir reembolso en caso de que la solicitud de visa sea denegada.

El gobierno cubano ha tratado estos temas directamente y por los canales diplomáticos con el gobierno de los Estados Unidos. Ha expresado que su conducta actual es abusiva con el aspirante cubano a emigrar, inconsistente con los acuerdos bilaterales suscritos, dañina para los países de la región y estimula la migración ilegal, irregular e insegura, tanto por vía terrestre, como marítima. Ha recordado que el compromiso del actual Presidente estadounidense con sus propios electores fue que corregiría el incumplimiento de los acuerdos migratorios, iniciado por su predecesor, que aún persiste, que repercute sobre el emigrante y sus familiares.

Al propio tiempo, está en comunicación con gobiernos de la región, cuyas disposiciones migratorias soberanas respeta, pero a los cuales está solicitando que se apliquen sin discriminación contra los cubanos, con anuncios debidamente anticipados, plazos de implementación razonables y la oportunidad para aliviar la carga de quienes ya han incurrido en gastos y compromisos sobre la base de que podían viajar sin el requerimiento de visa.

Es absolutamente injusto aplicar sobre el aspirante cubano a emigrar los cambios de conducta del gobierno de los Estados Unidos y obligarlos a incurrir en gastos adicionales y, en el peor de los casos, perder sumas considerables de dinero ya comprometidas. Es también abusivo llevarlo a incurrir en gastos de pasaje y trámites sin garantías de viaje, sobre todo cuando se trata de un requisito discriminatorio hacia los cubanos.

Lo más evidente del escenario antes descrito es que no se aleja un ápice de la tradicional política desestabilizadora de los Estados Unidos contra Cuba y del afán de utilizar a la población como rehén de una ambición hegemónica y hostil contra Cuba, y contra nuestro gobierno. Tampoco se aleja del desprecio histórico hacia los países de nuestra región, a los que pretende utilizar para sus presiones contra Cuba y para enfrentar en un año electoral el desafío migratorio presente en su frontera sur, y a cuyos inmigrantes somete, como práctica habitual, a tratos discriminatorios, racistas, degradantes y abusivos.