El 10 de octubre de 1913, los diputados federales de la XXVI Legislatura se encontraron con el recinto de Donceles tomado por soldados. El día anterior, en álgida sesión, el legislador guerrerense Eduardo Neri pronunció un discurso en el que denunció el acoso del régimen del dictador Victoriano Huerta contra los miembros del Congreso. 

 Varios habían sido blanco de hostigamiento, tortura y homicidio. Por ejemplo, los diputados Adolfo Gurrión y Serapio Rendón, asesinados el 17 y 23 de agosto, respectivamente, víctimas de quienes depusieron y mataron al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. 

 El 7 de octubre, la saña alcanzó a Belisario Domínguez. Ese nuevo crimen político llevó a que el diputado Neri subiera a la tribuna para llamar “chacales” a quienes, en plena noche, habían sacado de su cuarto de hotel al senador chiapaneco, cuyo cadáver no aparecía. “Tiempo es ya, señores, que digamos al Ejecutivo que no se atropella tan fácilmente a ciudadanos que estamos aquí como una consecuencia del sufragio efectivo”, arengó Neri. “Tiempo es ya de poner un parapeto a esos desmanes de hombres sin ley ni conciencia. Defendámonos”. 

 La Cámara nombró entonces una comisión para investigar el paradero de Belisario Domínguez, pero la respuesta de Huerta fue brutal. Además de ocupar militarmente la sede de los diputados, 83 de ellos, incluyendo a Neri, fueron detenidos y llevados al penal de Lecumberri, donde ocho meses antes habían sido sacrificados Madero y Pino Suárez. Luego, el Congreso fue disuelto por el dictador –a propuesta de Querido Moheno, diputado adicto al huertismo– y se convocó a elecciones para nombrar uno nuevo. 

 Entre los pretextos que esgrimió Huerta estaba que las Cámaras “se han mostrado inquietas y desorganizadas, al grado de que, en vez de contribuir a la obra propia del Estado (…) han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo, hostilizándolo en todos sus actos”.  

Este infausto pasaje de la historia recuerda el propósito del oficialismo actual de procesar por traición a la patria a los 223 diputados federales que votaron contra la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Ese antecedente, de hace más de un siglo, debiera ser suficiente para evitar que las posiciones políticas y el trabajo legislativo se conviertan en excusa para encerrar a representantes populares, como hizo Huerta con aquellos diputados. 

 Amenazar con denunciar por traición a la patria y erigir un “paredón pacífico” en la Alameda, para inscribir allí sus nombres, puede parecer parte de una ópera bufa, pero podría tener consecuencias funestas como una agresión física contra ellos. 

 Aunque el operador de esta mala broma sea Mario Delgado, líder formal de Morena, su origen se puede rastrear fácilmente hasta Palacio Nacional. De allí salió la instrucción, a la que no tardó en sumarse la jefa del Gobierno capitalino –diligente como es–, llamando a exhibir a los diputados “traidores”, cuando ella misma, en otro contexto, censuró a quienes hacen listas porque éstas, dijo, sólo son dignas de nazis y macartistas. 

 Y aunque es difícil que una denuncia por traición a la patria se convierta en sentencia –nunca ha sucedido tal cosa en la actual era constitucional–, haríamos mal en pensar que es imposible un desenlace así. Cada vez que alguien apuesta que el Presidente y los suyos no harán tal o cual cosa, ellos se encargan de reventar esa expectativa. 

 Lo que no está en duda es que, al final de este nuevo ejercicio de distracción, habrá una mayor polarización. Y se habrá perdido un tiempo precioso para atender los verdaderos conflictos del país, como la violencia en las calles, la carestía y la falta de crecimiento económico. 

 Con todo y que el trabajo periodístico lo acostumbra a uno a ver desnuda la ambición de los políticos por acumular poder, no deja de ser sorprendente cómo el actual grupo gobernante pasa por encima de su propio discurso y de la historia, olvidando que en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados hay, desde hace 67 años, una mención a los Legisladores Mártires de 1913.