Pascal Beltrán del Río                                                                           Bitácora del director

La alternancia ha sido el signo de las elecciones mexicanas del último cuarto de siglo.

De las últimas 130 votaciones para gobernador, sólo 41 se han definido por la continuidad en el poder. O, lo que es lo mismo, 89 han dado lugar a un cambio de partido gobernante. 

Y el porcentaje de alternancia se ha ido ampliando con el tiempo, pues únicamente en 24 de los 98 casos más recientes el mandatario estatal entrante ha sido correligionario del saliente. 

 A partir de esos datos, se puede concluir que los ciudadanos no son muy pacientes con sus gobiernos estatales. Y lo mismo se podría decir respecto del gobierno federal, pues la alternancia ha marcado tres de las últimas cuatro elecciones presidenciales. 

Sólo siete estados han concedido una nueva oportunidad al partido en el poder en los comicios de gobernador más recientes (Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Coahuila, Hidalgo y Baja California). 

En teoría, la gente otorga la mayoría a un partido distinto para castigar al que se va, pero también con la esperanza de que el que llegue lo haga mejor. 

El año pasado, los candidatos de Morena y partidos afines desplazaron del poder al PAN en las elecciones de gobernador de Baja California Sur y Nayarit; al PRI en las de Sonora, Sinaloa, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, Zacatecas y Tlaxcala, y al PRD en la de Michoacán. 

Sólo tres de las 15 entidades que renovaron su Ejecutivo en 2021 optaron por la continuidad (Baja California, Querétaro y Chihuahua); las demás se fueron por la alternancia. 

 ¿Qué esperar de las elecciones del próximo 5 de junio? Seguramente lo mismo. Parece que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos se inclinarán por una opción política distinta. 

 

Ahora bien, ¿qué tan eficiente ha sido la alternancia para resolver las demandas de los votantes? 

Quizá debamos preguntárselo a los habitantes de los 12 estados que dieron un puntapié a los partidos gobernantes en las votaciones del año pasado. 

 Por ejemplo, ¿ha disminuido o se ha incrementado la inseguridad en Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero y Zacatecas desde que cambiaron los gobiernos de esas entidades? 

Los datos oficiales indican que lo segundo. Y eso que el gobierno federal, que es del mismo signo político que los gobiernos estatales, ha procurado poner en práctica programas para lograrlo. Pese a los “blindajes” con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, la violencia criminal en esas entidades aparece frecuentemente fuera de control. 

De cara a las elecciones del 5 de junio, ¿se beneficiarán los quintanarroenses, oaxaqueños, tamaulipecos e hidalguenses de las alternancias políticas que aparentemente tendrán lugar en sus respectivas entidades? Sólo el tiempo lo dirá. 

Nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho. A la hora de votar, suele pesar más el enojo con el pasado que la esperanza en el futuro. O al menos eso dice nuestra historia electoral reciente. 

BUSCAPIÉS 

*El gobierno federal hizo público el martes la lista de vacantes para médicos especializados. Son casi 14 mil. Aunque la información difundida divide las necesidades por estados, no ha sido posible conocer las de las regiones específicas de cada entidad ni las características de las plazas. ¿Por qué hasta ahora se hizo visible la carencia? 

 *Prácticamente dos días duró el bloqueo de la carretera costera del Golfo de México, en los límites de Campeche y Tabasco, por parte de pobladores que denunciaban una desaparición y un asesinato. Hasta que la presión pública hizo reaccionar a las autoridades campechanas, centenares de viajeros fueron dejados todo ese tiempo a su suerte, en un calor inclemente y sin posibilidad de abastecerse de comida y agua. 

José Buendía Hegewisch                                                                     Número cero

 

La revelación de un audio del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en que recomienda cómo eliminar periodistas, parece unas exequias para celebrar a un difunto: su partido. Pero, más allá de ser otra expresión de la larga decadencia del PRI, sus palabras reflejan una descomposición mayor en el mundo de la política por la antidemocracia de liderazgos que hablan con un lenguaje y métodos mafiosos desde el Estado. 

En una grabación divulgada por Layda Sansores de su antecesor en Campeche, Moreno puntualiza su fórmula para deshacerse de quien lo moleste, como los periodistas a los que “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. 

Es la presunta voz del dirigente de un partido con implantación nacional y que hace pocos años gobernaba la mayoría de los estados del país y ahora podría conservar sólo uno de ellos hacia 2024. Aunque, más allá de que sus palabras tengan o no un costo electoral, ayudan a comprender las razones detrás de la violencia contra los periodistas. 

Sea o no una grabación editada —como él defiende—, lo cierto es que voces como la suya o de quienes la confeccionaron descubren las atmósferas de violencia permanente y sistemática que mata o silencia periodistas, aunque no sólo a ellos. También envuelven a cualquiera que incomode a algún poder formal o de facto, como sucede con defensores de derechos humanos o abogadas que denuncian violencia política, como la recién ejecutada Cecilia Monzón, en Puebla, y el asesinato del activista Humberto Valdovinos, en Oaxaca, sólo en la última semana. 

Casos así se suelen echar, sin investigarse, a la bolsa negra de vendettas del narco, lo que resulta muy conveniente para alejar la responsabilidad del mundo de la política. Sin embargo, ¿cuál es la responsabilidad de desprestigiar periodistas desde Palacio Nacional o de la visión de Moreno sobre la prensa en la generación de ambientes en que sucumben los derechos? 

 La estigmatización de informadores o el desprecio que muestran las palabras del dirigente priista son ataques indirectos a la libertad de expresión y, por tanto, a la democracia del país. 

El riesgo para las libertades es que, frente a esta clase de violencias, el poder público oscila entre espectador y protagonista de la tragedia, como Sansores, que ve una oportunidad para la venganza por su voto contra la reforma eléctrica o exhibirlo sin mirar las consecuencias para los periodistas. 

Podría haberlo denunciado en el MP, no lo hizo. Tampoco los líderes del frente que acompañan al PRI en la oposición, cuyo silencio se traduce en permisividad a la violencia. Todo esto muestra una mutación perversa y peligrosa de la corrupción dentro del Estado justificada en campañas de la polarización. 

La creación de atmósferas de amenaza y los “maletines” para acallar personas incómodas o extorsionar empresarios forman parte de comportamientos mafiosos que no se pueden desligar de la sangre, las balas y los silencios que rodean esta tragedia. Por ello, no parece gratuito o coincidencia que la democracia mexicana se haya convertido en uno de los terrenos más mortíferos para la prensa, que vive a ritmo de fuego por la acción de poderes informales y formales. La condena a los ambientes tóxicos y contaminados de los discursos públicos contra la prensa se multiplican desde otros gobiernos y organismos internacionales como un “foco rojo” para la democracia. Su estigmatización resta deliberadamente relevancia a su rol en la democracia. Un gobierno tras otro arrastra la cifra negra de crímenes contra periodistas, pero sin reparar en el costo de su desvalorización. Desde que asumió López Obrador suman 30 en la lista de comunicadores ultimados por balas anónimas, de las que nunca se descubre el gatillo del que salieron. 

Como dijo, tras los últimos dos asesinatos en Veracruz, el relator especial de la CIDH para la libertad de expresión, Pedro Vaca Villarreal, “por convicción —o reputación— NO se puede tolerar que una democracia conviva con una carnicería de periodistas”. Y eso pasa, entre otras cosas, por no impedir que palabras como las de Moreno o discursos públicos contra la prensa se normalicen en el debate público y los crímenes se desechen en la bolsa de la violencia general del país. Porque uno de los derechos imprescindibles para recuperar la paz es, precisamente, proteger de las mafias la libertad de expresión, dentro y fuera del poder.