Ruth Zavaleta Salgado Zurda
Teóricamente, el principal fundamento de la legitimidad del origen del poder político es garantizar la vida y la propiedad de las personas. Es decir, los ciudadanos votan por un gobernante que, mediante las leyes o la fuerza (cuerpos de seguridad) va a garantizar su derecho a vivir seguros. En ese contexto los representantes políticos, desde su ámbito de competencia, deben realizar acciones para lograrlo. Eso lo sabe muy bien la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien el pasado 17 de mayo, en la conferencia matutina realizada en el Palacio del Ayuntamiento, presentó su informe de seguridad pública y presumió que los delitos de alto impacto se habían reducido de tal forma que, la Ciudad de México, era más segura que Nueva York y otras ciudades del mundo.
Lamentablemente, los datos con lo que hizo la comparación corresponden a su propio periodo de mandato, por lo que, ni tardos ni perezosos, aquellos que llevan la cuenta puntual de los delitos, le respondieron que, comparados con los otros sexenios, en éste, los homicidios dolosos se incrementaron.
Pero, no sólo esos delitos han crecido en la Ciudad de México. Con base en el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 30 de abril del 2022, el fraude y la trata de personas significan más del 20% del total de delitos a nivel nacional y el de robo total y corrupción de menores más del 12 por ciento.
Otros delitos, aunque no son significativos en comparación con las denuncias a nivel nacional son preocupantes, porque hay indicios de que un alto porcentaje no se denuncian por temor. Tal es el caso del delito de extorsión, que puede manifestarse telefónicamente o de forma presencial. En este último caso es común que se cometa en contra de los dueños de comercios y se denomine cobro de piso.
En el 2018, el número de denuncias por extorsión entre enero y abril fue de 171 y en el 2019 de 325. Actualmente, en ese mismo periodo, el total de denuncias asciende a 113, pero, con base en los datos del informe del cuarto trimestre de 2021 de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), se puede llegar a la hipótesis de que el número es mucho mayor, toda vez que, entre octubre y diciembre del año pasado, al aplicar una encuesta a sus asociados, el 9.6% de ellos dijo haber sido víctima de extorsión o cobro de piso (lo que significaba 1.5% que el año anterior). Este dato tiene más lógica si lo comparamos con lo que sucede a nivel nacional, porque la tendencia de la comisión de este delito es al alza.
¿Por qué se presentan menos denuncias de extorsión en la Ciudad de México? La posible respuesta la podemos encontrar si revisamos los datos sobre cuál fue el medio para realizar la extorsión: 55.2%, presencial y 37.5%, vía telefónica. Es decir, la mayoría de estos delitos son presenciales, por lo que las personas amenazadas temen sufrir represalias si denuncian. Mayor miedo causa el hecho de saber que una condicionante para que el cobro de piso sea eficiente es que tiene que haber colusión de las autoridades.
Al respecto, esta Cámara identificó a las alcaldías de Venustiano Carranza (15.3%), Iztacalco (11.2%) y Gustavo A. Madero (10.2%) como las de mayor incidencia.
Esto llama mucho la atención porque las tres son gobernadas por Morena. En el caso de las alcaldías gobernadas por la oposición se conoce la falta de coordinación con la jefa de Gobierno, pero en las que son gobernadas por su partido, ¿cuál es el problema?
Otros delitos que sorprenden por su crecimiento son los de abuso y acoso sexual, violencia familiar, corrupción de menores y trata de personas. Incluso, en este último caso se pasó de 29 denuncias entre enero a abril de 2021 a 55 en el mismo periodo de este año. ¿Hay políticas públicas para frenar la violencia contra las niñas y mujeres?
