El próximo domingo 5 de junio, los electores de seis entidades federativas van a las urnas y, desde ahora, la estructura del Movimiento Regeneración Nacional exhibe signos de incertidumbre en varias de ellas. Condición que, más que una sorpresa, representa la reconfirmación de la pérdida de competitividad democrática por la falta de resultados en áreas sensibles de política pública federal, como son la seguridad o la reactivación económica; el agravio reiterado a segmentos de electores fuera de la base leal de Morena; el desastre de la administración pública, encabezada por gobernadores emanados de ese partido; así como la deficiente selección de candidaturas realizada por su dirigente nacional, la cual excluyó a aspirantes con mayores posibilidades de triunfo. Factores que han generado más dolores de cabeza que fortalezas a ese movimiento en las contiendas de este año. 

 Por ello, entre otros botones de muestra que ilustran debilidades, la conferencia de prensa realizada ayer por la cúpula morenista en el Senado de la República no puede ser leída desde la óptica de quienes tienen asegurado los triunfos electorales contundentes que presumen en medios, sino desde la perspectiva de quienes están viendo venir el voto de castigo de los ciudadanos. Algo va mal en una campaña cuando uno de los candidatos a gobernador, en lugar de dedicar tiempo a convencer votantes en los municipios de su estado, se ve urgido de volar a la capital del país a denunciar supuestas irregularidades de sus opositores sin mostrar la más mínima evidencia que respalde sus dichos. A estas alturas, algunos candidatos de Morena ya deberían saber que a fuerza de retórica resulta muy complicado el ganar elecciones. 

No sólo siguen sin entenderlo, sino que Morena exhibe de manera pública sus más penosas contradicciones. Expongo aquí las dos más importantes. Primera, distintas voces morenistas denuncian elecciones estatales de Estado y exigen a los gobernadores mantenerse al margen del proceso electoral. Sin embargo, hay evidencia plena en medios de comunicación de que las únicas autoridades buscando incidir en el resultado de las contiendas estatales son las pertenecientes al gobierno federal. 

 Por un lado, con el involucramiento proactivo del gabinete. En este renglón resulta difícil recordar en el pasado alguna participación de secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores en mítines de campaña; a diferencia de los actuales que, entre otras autoridades de primer nivel federal, hacen proselitismo abierto a favor de Morena, cuando debiera serles prioritario el respetar su encargo institucional de mantenerse como interlocutores imparciales hacia el resto de los órdenes de gobierno. Por el otro, mediante la manipulación electoral de los programas sociales para forzar a que los votantes sufraguen por el Movimiento Regeneración Nacional, a partir de la amenaza a ciudadanos de que, de no votar por este partido, podrían ser excluidos de recibir los beneficios sociales a los cuales tienen derecho irrestricto por su situación de vulnerabilidad. Ilegalidad que es operada por las brigadas de los programas de Bienestar, conformadas por supuestos servidores públicos, pero que, en realidad, son células de operación territorial del partido oficial. De ahí que, si hay alguna posibilidad de elección de Estado, es por los resortes de poder a los que tiene acceso Morena. 

 Una segunda contradicción refiere a que un régimen no puede apelar a desempeños públicos íntegros, cuando pone en la boleta a una serie de aspirantes con dudas crecientes sobre su reputación. En las elecciones de 2022 sobresalen los casos de Américo Villarreal, aspirante de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, quien sigue sin aclarar la evidencia publicada en fuentes abiertas sobre sus posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de combustibles, así como del posible financiamiento de éstas a la campaña de Villarreal y a la transportación aérea del mismo candidato y de Mario Delgado. Mientras, la aspirante de ese partido a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, además de estar bajo sospecha por presuntas compras irregulares por montos millonarios a empresas fantasma, es exhibida con una denuncia en contra de su hija por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal. Si las candidaturas de ambos morenistas van a la deriva, es porque sus cualidades distan mucho de los discursos con los que quieren posicionarse frente a las sociedades que quieren gobernar. 

Ante éstas y otras contradicciones, la decisión final está en la ciudadanía. El próximo 5 de junio, los votantes de Tamaulipas y Aguascalientes habrán de elegir entre la continuidad de administraciones opositoras estatales que, a pesar de las serias restricciones presupuestales y obstáculos políticos, se han volcado a atender las demandas legítimas de sus comunidades; o el salto al precipicio que sólo ha traído más inseguridad, más pobreza y menor desarrollo bajo la gubernatura de personajes afiliados a Morena en otras entidades del país.

El director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que estos lugares han estado sin ocuparse durante años; la contratación será inmediata para zonas remotas y de marginación, afirmó