María Amparo Casar                                                                                          A juicio de Amparo

Podríamos pensar que es muy difícil que, en un gobierno con los índices de desempeño como los del actual, los dichos puedan superar a los hechos, pero después de 850 conferencias matutinas, es válido cuestionar esta premisa. 

Pobreza, desigualdad, violencia, corrupción, impunidad, recesión, ejercicio discrecional del poder, desprecio por el Estado de derecho. Todos a tope. En cada uno de estos indicadores se han roto los récords impuestos por los tan denostados gobiernos neoliberales. 

También se han roto otros indicadores que son difíciles de medir y que no entran en los rankings nacionales o internacionales: la desmesura en la palabra presidencial, las ofensivas denostaciones a sus adversarios, las descalificaciones propinadas a sus críticos, las expresiones sobre las instituciones del Estado, el trato a la oposición política y las falsedades que se cuentan por decenas de miles. 

 Si ya ha quedado demostrado que son muy pocos los límites a la voluntad del Presidente, no encuentro ninguno para frenar sus excesos verbales. No importaría mucho si sus palabras no tuvieran consecuencias, pero las tienen. 

Mentir de forma inescrupulosa y decir que estamos en un momento estelar no pasaría de ser una ficción insostenible, pero de pronto se cruzan barreras inaceptables. Tan sólo en los últimos días irrumpió en dos ocasiones en el debate público con un discurso que no es admisible en un jefe de Estado y de gobierno. 

Ante la persecución y huida de elementos militares por parte de civiles armados en Nueva Italia, Michoacán, el Presidente no sólo calificó de actitud responsable la respuesta que tuvieron las Fuerzas Armadas, sino que ahora se cuida a los militares y también a los integrantes de las bandas porque “son seres humanos”. 

No señor. El Estado no está para proteger criminales, sino para perseguirlos, atraparlos y consignarlos. Lo único que les debe garantizar es el derecho al debido proceso. A los que tiene que proteger es a los ciudadanos y las ciudadanas de las agresiones y atentados de esos delincuentes. A ellos y a ellas: periodistas, médicos, defensores de derechos humanos, activistas, mujeres acosadas y violadas, desaparecidos, productores extorsionados, choferes asaltados, transeúntes y la larga lista de víctimas que se sigue acumulando. En democracia hay dos tareas prioritarias del Estado. La primera es mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La segunda es hacer valer el Estado de derecho. Con el primero se combate a los criminales. Con el segundo se les somete a investigación, juicio y sentencia. En la democracia mexicana ninguna de estas dos tareas parece estar funcionando. 

En esta administración se ha pasado por alto la detención de los criminales aun cuando se les pesca en flagrancia. Ya pasó mucho tiempo desde que, en octubre de 2019, el Presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán luego de haber sido detenido en una vivienda del fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán. El hecho quedará para la historia. 

Apenas este fin de semana fue más lejos. Periodistas de diversos medios que iban a cubrir la gira presidencial a Sinaloa y transitaban por la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo fueron sorpresivamente detenidos en un retén controlado por un grupo de 10 personas con uniformes militares, chalecos antibalas, camionetas sin placas, armas cortas y cuernos de chivo. Cuando el Presidente fue informado del acontecimiento lo único que acertó a decir fue: “No pasa nada”, “No hay ningún problema”, “Me siento contento, seguro, seguro, seguro”. 

 Qué suerte. Pertenece a la minoría de mexicanos que se sienten no triplemente seguros, sino, apenas, seguros. La última encuesta de Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi (2021) reporta que más del 75% de los ciudadanos se siente inseguro en su lugar de residencia. 

No sólo eso. El Presidente resta importancia o de plano niega, aunque se le presente la evidencia, que parte del territorio nacional está en manos del crimen organizado y que, de manera reiterada, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional tengan que emprender la retirada. 

¿De verdad no pasa nada cuando en México se registran en lo que va del sexenio más de 110 mil homicidios dolosos, 3,224 feminicidios, 36 periodistas asesinados y 94 asesinados, en promedio, diariamente? A mí me parece que sí pasa algo y que lo que pasa es muy grave. 

Pero, más allá de las palabras que indignan a cualquiera, el problema es que si el Presidente de verdad piensa que no pasa nada, la conclusión lógica es que no hay nada por hacer. 

Eso es lo que parece estar haciendo el Presidente respecto a la seguridad del país: nada. 

Yuriria Sierra                                                                 Nudo gordiano

Decisiones equivocadas. Pocas políticas tan conservadoras como las encaminadas a la prohibición. No sólo porque se apela a la falsa creencia de que, con ellas, se levanta un muro inquebrantable, sino por sus repercusiones ante el tema que se busca contener. Prohibir el alcohol, por ejemplo, no impide que las personas que desean ingerir queden lejos de su alcance. Ahí están los varios episodios en los que una “ley seca” se impone en regiones del país. 

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 Seguramente lo veremos el próximo fin de semana en alguno de los seis estados que tienen elecciones. ¿Una “ley seca” anunciada con días de antelación, como sucede generalmente, impide que ciudadanos tomen precauciones y hagan compras de “pánico”? Aquí en la CDMX ocurre un fenómeno particular: la medida suele dictarse según la alcaldía, pero territorios que comparten frontera, pero no esta política, permiten escenarios tan absurdos como que en una misma avenida, pero distinto lado de la acera, el acceso al alcohol no represente problema alguno. El principio es el mismo: la falsa idea de control. Ayer, Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el que se prohíbe la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarros electrónicos.  También recibió un premio de la OMS por este tipo de acciones. Desde luego que, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, este anuncio queda como la imagen perfecta de quien vela por la salud de los ciudadanos, sin embargo, ¿de qué forma el Estado va a evitar que esto genere un mercado negro? Eso no lo han dicho. Así como la “ley seca” no logra inhibir el consumo, ¿qué nos asegura que con el decreto estos dispositivos dejarán de entrar a territorio nacional? ¿La no regulación de las drogas ha impedido su uso y tránsito por territorio nacional? 

 El consumo de tabaco, como de cualquier otra sustancia adictiva, es, desde luego, un asunto de salud pública, pero no se resuelve con la prohibición. Si el argumento en este caso es la mercadotecnia que existe sobre estos productos, cuyo objetivo es la población joven, como sucede en EU, tampoco hay de parte del gobierno de México acciones encaminadas a la atención integral. Apenas hace unos días hablamos de la desafortunada campaña Yo decido, también meses atrás señalamos los spots contra las adicciones plagados de mensajes trillados. Si ése es el límite de su enfoque, estamos perdidos. Una adicción no se ataja con campañas que apelan a la culpa y la revictimización, ¿hasta cuándo harán de la información la herramienta esencial de políticas públicas para casos como éste? 

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 Cualquier ley que apele a la prohibición como eje rector está destinada al fracaso, porque ni siquiera con leyes y castigos rigurosos se impide la comisión de un delito, menos aún se inhibirán deseos y prácticas individuales. La prohibición jamás ha sido el camino, porque justo también su otra inevitable consecuencia es la aparición de un mercado negro no regulado que, muchas veces, se sale de las manos. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de EU registró una caída del (-)1.4% interanual durante el 1T del 2022, revelan datos del Departamento de Comercio.