El desenlace de la batalla por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores será crucial para lo que se viene. El clima se anuncia caliente el año que entra. Va a ser el preámbulo del 2024. En ese cargo se requiere un hombre sereno, maduro, incluyente, que respete a la oposición. De por sí estamos polarizados, y esa división alcanzó ya a la bancada de Morena en la Cámara alta. Sólo dos integrantes de grupo mayoritario han levantado la mano para suceder a Olga Sánchez Cordero: Alejandro Armenta, delfín de Ricardo Monreal, y José Narro Céspedes, cobijado por el “ala dura” de la bancada.

Sabemos que no será el voto de los senadores de Morena el que decida quién se queda con la presidencia de la Mesa Directiva, sino el dedo del gran elector de ese partido. 

Las condiciones no son las mismas que cuando inició la Legislatura. Hoy los vientos favorecen a los radicales, que han ganado terreno con el Presidente. A los moderados, encabezados por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los mantienen a distancia de Palacio Nacional. 

* Del tema hablamos con el senador José Narro. Nos sorprendieron sus dichos. Asegura que las relaciones entre el Presidente y la bancada de Morena en el Senado están suspendidas en lo colectivo. Hace año y medio que López Obrador no recibe al grupo para evaluar lo avanzado en el terreno legislativo, al término de los periodos de sesiones. Hay también situaciones protocolarias a las que el Presidente tendría que asistir, pero no lo ha hecho. ¿Ejemplo? La entrega de la Medalla Belisario Domínguez, la máxima presea que otorga el Senado a un ciudadano distinguido. “Todo eso significa que hay un proceso de alejamiento”, concluye Narro.

* Lo primero que nos dice el legislador por Zacatecas, en la charla que sostuvimos en restaurante de Reforma, es que el Senado requiere una democratización. Explica: “Eso significa dar espacios a los senadores: lograr que la Cámara salga de la bola de cristal y vaya a territorio. Lo dijo el Presidente: menos oficina y más territorio”. Agrega: “La Mesa Directiva puede democratizar en el sentido de dar más juego a las comisiones: buscar que el Senado sea un espacio de debate, pero también de acuerdo político. Necesitamos elevar el tono de la discusión y bajarle a la reyerta, a los adjetivos. Aunque haya diferencias con el PRI, el PAN, el PRD y el MC, hay la coincidencia de sacar adelante al país”.

— ¿Reconoces el liderazgo de Ricardo Monreal?, preguntamos de bote pronto. 

— Monreal no ha dejado de ser un líder. Tiene todavía una parte importante del grupo. Ahorita él es el que coordina la fracción parlamentaria con audacia, inteligencia y oficio político, respondió.

— ¿Es el hombre que debe estar al frente de la Junta de Coordinación Política en 2023?, insistimos.

— Eso hay que preguntárselo a los senadores. No estoy metido en el tema de la Junta. En Morena nos interesa mantener la unidad y a Ricardo con nosotros. No debemos dar motivos o agraviar al que se quera salir. Debemos construir escenarios para mantener el proyecto unidos y construir en torno al Presidente.

* No se necesita un sesudo análisis para sostener que la declaración del Tren Maya como “obra de seguridad nacional” es una burla a los jueces, al Poder Judicial, a la Constitución, a los mexicanos. Suspender la construcción del tramo cinco (Cancún-Tulum) no es un riesgo o una amenaza para el país; tampoco atenta contra la soberanía, la independencia y la defensa del territorio. No altera el orden constitucional ni pone en peligro la unidad de la Federación. Mucho menos la estabilidad democrática. No cumple ningún supuesto de la Ley de Seguridad Nacional. Es una burda maniobra para evitar que los amparos se le atraviesen a un hombre que se siente la encarnación del pueblo mexicano y que, en su nombre, arrasa con bosques enteros, pasa por encima de vestigios arqueológicos, insulta y descalifica al que qué se le opone.

Un juez otorgó, en abril pasado, la suspensión definitiva de las obras en el tramo cinco. No le gustó al hombre de Palacio, que de inmediato calificó de “corruptos” a los integrantes de la organización Sélvame del Tren, a Greenpeace, y todo lo que huela a oposición a su tren de seguridad nacional. La obra se reanudó la semana pasada, a pesar de la citada suspensión definitiva. La decisión de no respetar el fallo del juez se apoyó en un decreto firmado por López Obrador que declara obras de seguridad nacional todos sus megaproyectos. 

Quedó claro el alcance de aquella declaración que refleja a López Obrador de cuerpo entero: “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley…”.

Para mi madre, por sus maravillosos 91 años,
con todo lo que aún falta por venir.

La muerte de 14 integrantes de las fuerzas especiales de la Marina Armada de México, que habían participado en la detención de Rafael Caro Quintero, el viernes pasado, al caer su helicóptero Black Hawk a poco de aterrizar en Los Mochis, oscureció la detención más importante realizada durante esta administración y provocó fuertes suspicacias en torno a la verdadera causa de esa tragedia.

Hemos estado, no hace demasiado, en las instalaciones de las fuerzas especiales de Marina, y convivimos con hombres y mujeres ejemplares, con un altísimo entrenamiento, tomado dentro y fuera del país y que han exhibido un notable grado de eficiencia. Es una tragedia haberlos perdido.

Durante esta administración, por una decisión equivocada, en la forma y en el fondo, el presidente López Obrador había prescindido de la utilización de esas fuerzas especiales y de este tipo de operativos, sobre todo después de aquel realizado en Tepic, en 2018, donde murieron en un durísimo enfrentamiento, en el que se utilizó un Black Hawk artillado, similar al que cayó en Los Mochis. En aquel momento, el todavía candidato López Obrador habló de una masacre y dijo, lo que era falso, que habían muerto hasta niños. No fue así, el golpe había acabado con la resistencia de un grupo que estaba atacando a los elementos que fueron a detenerlos y ponían su vida, y la de la población, en riesgo.

Cuando inició esta administración, lo cierto es que la posición del presidente López Obrador sobre las Fuerzas Armadas cambió radicalmente, dio, para bien y hasta con excesos, un giro de 180 grados. Pero no se volvió a utilizar a aquel grupo de élite que, además, se había caracterizado por recibir, tanto en el gobierno de Calderón como en el de Peña Nieto, información muy delicada de los organismos de inteligencia y antidrogas de Estados Unidos. Muchos de sus miembros habían sido, además, entrenados por los navy sails estadunidenses. Como hemos dicho, quizás uno de los capítulos más notables de la detención de Caro Quintero es que se haya vuelto a utilizar a estos cuerpos especiales y me imagino que, con ellos, se compartió también la inteligencia que ayudó a dar ese golpe.

Llamó profundamente la atención que el presidente López Obrador no haya ido al homenaje que se realizó a esos 14 notables elementos de la Marina Armada de México. Su lugar era estar ahí, ese día, con ellos y con los suyos. Haya sido un accidente o no la causa de su muerte, cayeron en el cumplimiento del deber. El gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Marina, asegura que la caída del helicóptero de combate se debió a un accidente, no a un ataque. Ojalá que haya una pronta y creíble investigación al respecto.

También llamó a sospecha que el homenaje haya sido privado y que no hayan divulgado nombres. Pero eso tiene una razón, aunque tampoco se haya explicado correctamente. En diciembre de 2009, fue abatido por estos mismos equipos especiales de la Marina, en Cuernavaca, luego de un durísimo enfrentamiento, el jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, Arturo. En aquella verdadera batalla (pudimos estar en el lugar apenas unas horas después de la misma) murió un elemento de ese cuerpo especial, Melquisedec Angulo Córdova. Unos días después, Melquisedec fue velado por su familia en Tabasco. La madrugada del 22 de diciembre, un comando formado por varios sicarios, tomó la vivienda donde el marino acababa de ser velado y mató a toda su familia.

Fue la primera vez que se tomaba una represalia de esas características en contra de la familia de un servidor público muerto en servicio. Los responsables de esos crímenes fueron sicarios contratados y el crimen fue ordenado por mandos locales de la organización de Los Zetas, aliada entonces a los Beltrán Leyva. Los sicarios confesaron que, por cometer ese crimen, habían cobrado apenas 12 mil pesos.

Esa historia explica el homenaje privado y la secrecía respecto a los nombres, y no demerita en lo más mínimo el reconocimiento recibido. Lo único incomprensible es por qué no estuvo allí su comandante en jefe, el Presidente de la República.

Debanhi

Debanhi tuvo su tercera autopsia y se confirmó que fue asesinada, que murió asfixiada artificialmente, pero que eso ocurrió entre siete y nueve días después de su desaparición, unos días antes de que se descubrieran sus restos, lo que hace más sospechosa aún la actuación de las autoridades de Nuevo León en la búsqueda, el hallazgo del cuerpo y el resultado de las dos primeras autopsias.

La suma de inconsistencias en toda esta investigación es inexplicable, y si los padres de Debanhi no hubieran insistido tanto en ahondar en ella, su caso hubiera quedado como uno más de los innumerables feminicidios que se viven cada día en el país.

La pregunta es ¿qué sucedió?, ¿dónde estuvo Debanhi durante esa semana entre la fecha en que desapareció?, luego de que fue abandonada en una carretera frente al hotel donde aparecieron 15 días después sus restos, y la fecha de su muerte. ¿Quién la retuvo?, ¿quién la mató?, ¿a quién se está protegiendo?

PD: nos tomaremos unos días de vacaciones, estas Razones estarán de regreso el lunes 1 de agosto próximo.

Por una #SociedadHorizontal 

 En fechas recientes, la administración de López Obrador ha sido blanco de duras críticas. La incapacidad para disminuir las cifras de homicidios dolosos y el creciente número de extorsiones en amplias zonas del país incrementaron la exigencia por modificar la estrategia de seguridad. Los señalamientos arreciaron desde varios frentes: ministros de culto, militares en retiro y las propias autoridades estadunidenses. 

 Según el Comando Norte de Estados Unidos, entre el 30 y 35% del territorio mexicano es controlado por grupos delictivos. Es probable que en los entretelones del encuentro Biden-Obrador haya estado presente la solicitud al gobierno mexicano de presionar más a los grupos criminales. Tras la reunión en Washington, es necesario preguntarnos: ¿habrá cambios radicales en la actual estrategia?, ¿o recurrirá la administración mexicana a la vieja práctica de realizar acciones espectaculares que encubran la realidad cotidiana? 

Por lo pronto, después de sendas críticas por la inacción gubernamental, llamó la atención el inusitado incremento de “acciones contundentes” contra el crimen organizado de las últimas semanas. Previo a la reunión de mandatarios, se dio amplia publicidad a la detención realizada en Caborca, Sonora, de una célula criminal que operaba para los hijos del Chapo Guzmán. También se anunció la “mayor incautación en la historia de fentanilo”, con más de media tonelada en un almacén de Culiacán. Por último, gran sorpresa causó la detención de Rafael Caro Quintero en San Simón, Sinaloa, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, acusado de tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana. 

 La dinámica que durante décadas imperó en el viejo régimen político fue la de realizar “operativos periódicos”, que daban la sensación de que se actuaba contra el narcotráfico, aunque, en realidad, había un acuerdo de convivencia con las autoridades. 

Lo que fue rumor durante muchos años —incluso novelado en fechas recientes por Netflix— era que varios aseguramientos y detenciones se hacían con “cierta regularidad”, lo que buscaba generar la percepción social de que se combatía este flagelo. 

Sirva señalar que acusaciones de esta naturaleza pesan hoy sobre Genaro García Luna, en el juicio que se le sigue en Nueva York. 

 La llegada al poder de la administración de López Obrador significó cambios importantes en las dinámicas para lidiar contra el narcotráfico. Desde una nueva forma de coordinarse con organismos estadunidenses como la DEA, evitar la detención de grandes capos como una prioridad y atender “las causas que generan la violencia”. 

 Enmarcado en el ya conocido “abrazos, no balazos”, el gobierno disminuyó la frecuencia, espectacularidad y difusión que se daba al combate al tráfico de drogas. No obstante, el desbordamiento de muertes por uso de drogas sintéticas en Estados Unidos —105 mil en 2021— ha generado una mayor atención al fenómeno en nuestro país. A esto habría que añadir la realización de hechos de altísimo impacto, tales como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara, que se suman a los más de 2,500 homicidios dolosos que mensualmente ocurren en el país. 

Sirvan estas consideraciones, pues el incremento de “golpes al narco” en torno a la gira de Washington nos permite prever tres posibles escenarios: 1) Se ha acordado con Estados Unidos una nueva dinámica para ir a fondo contra los cárteles de la droga; 2) Se ha decidido cambiar la estrategia a partir de los malos resultados; 3) Se ha echado mano de la vieja práctica de realizar acciones espectaculares para encubrir un acuerdo de convivencia. En cualquier caso, frente al desbordamiento del problema, el gobierno se ha visto forzado a modificar la dinámica prevaleciente. 

 Aún no sabemos qué hablaron en privado los presidentes de ambos países. El comunicado oficial reafirmó el compromiso de trabajar juntos para atender el problema del “fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas, así como para reducir los niveles de abuso de drogas y adicción”. 

La #SociedadHorizontal deberá estar atenta y exigente a que el grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México, formado “para interrumpir el flujo de fentanilo hacia nuestros países”, defina objetivos contundentes. No podemos conformarnos con la incautación esporádica de cargamentos o la detención de algunas células para “quedar bien en una reunión binacional”. Se necesita acabar con la corrupción política prevaleciente y el lavado de dinero que tanto daño causan a ambas naciones