Armando Ríos Piter
Por una #SociedadHorizontal
En fechas recientes, la administración de López Obrador ha sido blanco de duras críticas. La incapacidad para disminuir las cifras de homicidios dolosos y el creciente número de extorsiones en amplias zonas del país incrementaron la exigencia por modificar la estrategia de seguridad. Los señalamientos arreciaron desde varios frentes: ministros de culto, militares en retiro y las propias autoridades estadunidenses.
Según el Comando Norte de Estados Unidos, entre el 30 y 35% del territorio mexicano es controlado por grupos delictivos. Es probable que en los entretelones del encuentro Biden-Obrador haya estado presente la solicitud al gobierno mexicano de presionar más a los grupos criminales. Tras la reunión en Washington, es necesario preguntarnos: ¿habrá cambios radicales en la actual estrategia?, ¿o recurrirá la administración mexicana a la vieja práctica de realizar acciones espectaculares que encubran la realidad cotidiana?
Por lo pronto, después de sendas críticas por la inacción gubernamental, llamó la atención el inusitado incremento de “acciones contundentes” contra el crimen organizado de las últimas semanas. Previo a la reunión de mandatarios, se dio amplia publicidad a la detención realizada en Caborca, Sonora, de una célula criminal que operaba para los hijos del Chapo Guzmán. También se anunció la “mayor incautación en la historia de fentanilo”, con más de media tonelada en un almacén de Culiacán. Por último, gran sorpresa causó la detención de Rafael Caro Quintero en San Simón, Sinaloa, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, acusado de tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana.
La dinámica que durante décadas imperó en el viejo régimen político fue la de realizar “operativos periódicos”, que daban la sensación de que se actuaba contra el narcotráfico, aunque, en realidad, había un acuerdo de convivencia con las autoridades.
Lo que fue rumor durante muchos años —incluso novelado en fechas recientes por Netflix— era que varios aseguramientos y detenciones se hacían con “cierta regularidad”, lo que buscaba generar la percepción social de que se combatía este flagelo.
Sirva señalar que acusaciones de esta naturaleza pesan hoy sobre Genaro García Luna, en el juicio que se le sigue en Nueva York.
La llegada al poder de la administración de López Obrador significó cambios importantes en las dinámicas para lidiar contra el narcotráfico. Desde una nueva forma de coordinarse con organismos estadunidenses como la DEA, evitar la detención de grandes capos como una prioridad y atender “las causas que generan la violencia”.
Enmarcado en el ya conocido “abrazos, no balazos”, el gobierno disminuyó la frecuencia, espectacularidad y difusión que se daba al combate al tráfico de drogas. No obstante, el desbordamiento de muertes por uso de drogas sintéticas en Estados Unidos —105 mil en 2021— ha generado una mayor atención al fenómeno en nuestro país. A esto habría que añadir la realización de hechos de altísimo impacto, tales como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara, que se suman a los más de 2,500 homicidios dolosos que mensualmente ocurren en el país.
Sirvan estas consideraciones, pues el incremento de “golpes al narco” en torno a la gira de Washington nos permite prever tres posibles escenarios: 1) Se ha acordado con Estados Unidos una nueva dinámica para ir a fondo contra los cárteles de la droga; 2) Se ha decidido cambiar la estrategia a partir de los malos resultados; 3) Se ha echado mano de la vieja práctica de realizar acciones espectaculares para encubrir un acuerdo de convivencia. En cualquier caso, frente al desbordamiento del problema, el gobierno se ha visto forzado a modificar la dinámica prevaleciente.
Aún no sabemos qué hablaron en privado los presidentes de ambos países. El comunicado oficial reafirmó el compromiso de trabajar juntos para atender el problema del “fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas, así como para reducir los niveles de abuso de drogas y adicción”.
La #SociedadHorizontal deberá estar atenta y exigente a que el grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México, formado “para interrumpir el flujo de fentanilo hacia nuestros países”, defina objetivos contundentes. No podemos conformarnos con la incautación esporádica de cargamentos o la detención de algunas células para “quedar bien en una reunión binacional”. Se necesita acabar con la corrupción política prevaleciente y el lavado de dinero que tanto daño causan a ambas naciones
