Las bolsas millonarias de dinero público en el sistema de partidos acabaron por crear una total dependencia del erario para hacer política. Las prerrogativas reforma tras reforma no han hecho, sino crecer en la Federación y en estados, además de que ninguna ha detenido viejas prácticas de desviación de recursos públicos a la política y la expansión de nuevas ramas de negocio con los privados legales e ilegales. Hoy, como saben bien las autoridades electorales, el presidente de un partido es el CEO de una gran empresa, en muchos sentidos, fuera de su capacidad para regularlo.

El modelo de financiamiento público fue un consenso de la democratización para que hubiera equidad en la competencia electoral y evitar el dinero ilegal en las campañas, pero ya nadie duda que se les pasó la mano. Pero aun, la dependencia se convirtió en un incentivo perverso que alimenta partidos voraces que, además, llenan sus arcas con los moches de sus cargos públicos, maletines de dinero y los sobres amarillos sin remitente. ¿Puede haber pruebas?, como reclamó López Obrador a la autora del libro, expareja de uno de los hombres más cercanos en la oposición. Sí, paradójicamente, hay ejemplos públicos de maletines en el PAN, ligas en el PRD y sobres en Morena.

¿Quién es, pues, el rey del cash? La dependencia de los partidos es un estado permanente de necesidad de flujos financieros para sus actividades políticas cotidianas, que terminó por debilitar al sistema como vimos en el voto de castigo contra sus dirigencias, élites o los CEOs en la pasada elección presidencial. El modelo de operación, sin embargo, no cambió en 2018. Por el contrario, el dinero corre igual que antes como enseñan las campañas anticipadas de las tres corcholatas favoritas de Morena para gestionar su visibilidad pública. Lo mismo que en denuncias de los sobres de Pío López Obrador o las averiguaciones sobre el diezmo de Delfina Gómez en Texcoco para financiar la campaña en el Edomex con contribuciones de funcionarios municipales, que la autoridad electoral no pudo realmente sancionar.

En un caso, el TEPJF rechazó responsabilizar a Gómez del diezmo del 10% del salario a 500 trabajadores municipales de Texcoco cuando era alcaldesa porque no pudieron acreditar que los recursos contribuyeran a su campaña en el Edomex. La fiscalización alcanzó para sancionar a Morena por no reportar 2.2 millones de gastos de campaña, pero ni rastro del dinero en efectivo de los descuentos, aunque corroboró la investigación del INE que implicaba a Gómez, y dio carpetazo para cerrarlo.

Las limitantes de la fiscalización para seguir la ruta del cash y la impunidad de su manejo en las campañas debilitan también a las instituciones electorales, que con frecuencia se desisten de sancionar las denuncias de financiamiento irregular bajo la presión de los mismos partidos, un boomerang contra ellas mismas. Incluido el Presidente, como mostró la carga contra el TEPJF y el INE en la investigación de su hermano Pío, acusado de delitos electorales, como si formaran parte de un ataque político contra su gobierno. Ahí dos ejemplos de las ramas y hojas que cubren la captación del dinero público en la política con los gobiernos de todos los partidos.

En ese follaje se quedó atrapado el obús que anunciaba El Rey del Cash. La autora, Elena Chávez, trató de rescatarlo del anecdotario diciendo que su testimonio “abre la puerta” para ver el problema, aunque nadie en el mundo de la política tenga intención de verlo. El primero, el Presidente que, simplemente, lo desestimó como un ataque sin pruebas e intelectualmente deshonesto. Otros son lo que deben hablar ahora —conmina la autora—, pero ¿acaso estará en la agenda de la próxima reforma electoral que ya se anuncia? Lo dudo.

Raúl Flores, expresidente del PRD-DF, hurga en su memoria. Se ubica a principios de 2010. Eran sus primeros meses como jefe delegacional en Coyoacán. No recuerda con exactitud la fecha, pero sí lo que ocurrió, que nada tiene que ver con la honestidad valiente.

Andrés Manuel López Obrador lo llamó a las oficinas de la calle San Luis Potosí, hoy sede de Morena, para pedirle respaldo económico para el periódico Regeneración.

Pero también un apoyo de 50 mil pesos mensuales —cada uno— para Claudia Sheinbaum, hoy jefa de Gobierno de la CDMX; José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y Javier Lamarque, presidente municipal de Cajeme, Sonora.

El ya para entonces exjefe de Gobierno capitalino había asistido en un par de ocasiones a sus mítines de campaña. “Había que retribuir el apoyo”, justifica Raúl, antes de pedir un segundo café en el restaurante La Buena Fe de San Ángel.

Le preguntamos si ese dinero salía de las arcas públicas. “No, yo no lo habría permitido. Hacíamos una vaquita entre todos los que trabajábamos en la delegación”, respondió.

En su relato recuerda que en las oficinas de Andrés Manuel se topó con Víctor Hugo Lobo, en ese entonces delegado en la Gustavo A. Madero. ¿También le pasó factura por el “apoyo”?

Buscamos a Raúl Flores después de que el 11 de octubre publicara en Twitter “pruebas” de las aportaciones de gobernantes del PRD a las “causas” de AMLO, acompañadas de un diploma, una medalla de reconocimiento por sus aportaciones al “gobierno legítimo”. Lo hizo en apoyo de Elena Chávez y su muy vendido libro El Rey del Cash.

Recordó lo que le dijo AMLO: “Me encargó mantener a tres entenados y pagar las primeras ediciones de Regeneración”. Ahora ya sabemos quiénes eran los tres entenados.

*Por enésima vez el Presidente dice que nunca le ha interesado el dinero:

“Tengo una especie de religión, para mí el amor y el poder tienen que ser puros. El poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás.

“No me ha interesado nunca el dinero, nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheques. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito… quien administra mis ingresos es Beatriz, y antes Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental”, asegura.

Contó anécdotas para apuntalar la idea de que tampoco carga con efectivo, que no es el rey del cash del que habla la periodista Elena Chávez en su muy vendido libro. Una vez no traía para el taxi, otra, con Chema Pérez Gay, ni para pagar un café. Ni efectivo ni tarjetas. El taxi lo pagó un amigo que tiene en La Jornada. El café con un “billetito doblado” que traía en su cartera, dijo.

Eso nos lleva por enésima vez a preguntarnos. Si no trae efectivo, no maneja chequera ni tarjetas, ¿cómo le hizo para vivir todos los años que estuvo fuera del presupuesto? Raúl Flores nos da una idea de cómo financiaba actividades de su movimiento y a sus leales. ¿Y él, cómo le hacía? ¿Donativos del pueblo? ¿En serio?

*Poco le duró el gusto a Ricardo Monreal de que lo incluyeran entre las corcholatas. El Presidente dijo que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard son sus “hermanos”.

Al senador de Zacatecas no lo incluyó en la familia.

“¿Qué es lo que nos une con Marcelo, con Adán, con Claudia?”, se preguntó AMLO en la mañanera. El mismo respondió: “Es una lealtad a un proyecto, eso está por encima de lo personal”.

Los reporteros le hicieron notar a Ricardo Monreal que el Presidente no lo incluyó en la parentela. Le pidieron una opinión.

El senador comentó: “Yo soy como el hermano no reconocido. Siempre en las familias hay eso, el papá deja por ahí a algún entenado; el papá, sin darse cuenta los hermanos, deja por ahí a alguna gente, un hijo que no reconocen. Y soy como el arma secreta del Presidente, por eso no me menciona mucho.

“Pero ya me incluyó y eso ya es una garantía, por eso el otro día cantaba y le decía aquí a mi hermano, a mi hermano, poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos...”.

A ver si con el dedazo que se prepara en las encuestas para definir al candidato presidencial de Morena no acaba cantando Las golondrinas.

Por: Jaime Rivera Velázquez

Sobre una posible reforma electoral se han dicho muchas cosas, algunas más o menos razonables y otra disparatadas. Pero sería bueno empezar por definir lo que no debe cambiar, si se trata de preservar y fortalecer la democracia que, mal que bien, los mexicanos hemos construido y disfrutado por casi tres decenios.

El primer pilar de esa construcción, indispensable para unas elecciones limpias, es un padrón electoral auténtico y confiable, que incluya potencialmente a todos los ciudadanos y que permita votar solo a quienes estén debidamente registrados e identificados. Se dice fácilmente, pero por muchas décadas México careció de un padrón electoral que diera esas garantías. Prevalecían métodos rudimentarios de registro, que no tenían forma de verificarse, ni actualizarse, ni evitar duplicidades, ni depurarse por fallecimientos, ni de identificar fehacientemente a los votantes. ¿Alguien recuerda las cartillas electorales que utilizaban nuestros padres? Eran unas pequeñas piezas de papel verde en el que se escribía a máquina el nombre de la persona, sin fotografía ni forma alguna de verificar eficazmente la identidad. Pero no era sólo un problema técnico, sino también político.

El padrón electoral era confeccionado y administrado por un órgano de la Secretaría de Gobernación, y no era raro que se manipulara y alterase según el interés del partido oficial. De modo que fue necesario poner el padrón electoral y la emisión de credenciales para votar en manos de un organismo autónomo como el Instituto Federal Electoral (convertido después en el Instituto Nacional Electoral). El padrón electoral de México no solamente está administrado por un organismo autónomo, imparcial y profesional. También está sujeto a mecanismos de verificación y auditoría por parte de todos los partidos políticos nacionales, mediante comités de vigilancia nacional, estatales y distritales; se verifican bajas por defunción y cambios de domicilio; se corroboran homonimias y se corrigen posibles duplicidades de registros; se aplican periódicamente verificaciones censales y muestrales; se realizan por expertos externos estudios de consistencia del padrón con la dinámica demográfica. Además, se expiden personalmente y en forma gratuita credenciales infalsificables, con códigos digitales e información encriptada, que fungen como el medio más extendido y seguro de identificación de todos los mayores de 18 años. Si una eventual reforma electoral retirase del INE esa formidable base de datos y los eficientes mecanismos de expedición de credenciales, el sistema electoral sufriría una regresión gravísima, y la ciudadanía perdería el documento de identidad más seguro que México ha tenido en toda su historia.

La capacidad técnica y operativa que el INE demuestra en todas las elecciones es fruto de un cuerpo de funcionarios electorales de carácter permanente, desplegado por todo el territorio nacional e integrado en 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, además de numerosos mandos medios de órganos centrales. En cada elección federal (ahora concurrentes con muchos comicios locales) el INE instala de más de cien mil casillas desplegadas por todo el territorio nacional, con la puntualidad y la precisión de una enorme maquinaria de relojería. El soporte de esa enorme capacidad operativa es el Servicio Profesional Electoral, un sistema de reclutamiento, ingreso, evaluación y promoción que alinea incentivos para cumplir las tareas encomendadas siempre dentro de la ley, sin deberle nada a ningún poder externo ni a partidos ni a gobiernos. El personal de carrera es la mejor garantía de imparcialidad, independencia y eficacia de la función electoral. Desmantelarlo o reducirlo significaría una regresión a los peores años de la manipulación de las elecciones.

La autonomía es otro de los pilares en los que se sostiene la limpieza de las elecciones. Desde 1996 el IFE adquirió plena autonomía y ésta se ha mantenido porque el diseño institucional así lo propicia y exige. Quienes integran el órgano máximo de dirección del INE, consejeras y consejeros electorales, son nombrados por una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados, después de un proceso de evaluación profesional conducido por un comité técnico. Por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo no interviene en tales nombramientos. La mayoría calificada impide que una fuerza política pueda decidir por sí sola, de tal manera que tiene que haber negociación entre las bancadas, y todos los designados deben ser aceptables para unas y otras, merced a su imparcialidad y su dominio de la materia electoral. La Constitución otorga a los consejeros independencia frente a los partidos y el gobierno, a la vez que sus decisiones –siempre colegiadas– se rigen por reglas y procedimientos estrictos. La imparcialidad e independencia de las decisiones de los consejeros del IFE, y después del INE, han sido probadas y refrendadas porque, desde las elecciones de 2000 y en las subsiguientes, tres partidos diferentes han ganado la Presidencia, y la alternancia en gubernaturas, municipios y cargos legislativos son, desde entonces, la norma. Con un árbitro imparcial y autónomo, son los votos ciudadanos los que determinan el resultado electoral, no la voluntad del gobierno en turno. Cambiar sustancialmente el mecanismo de nombramiento de consejeros pervertiría su carácter de árbitros para convertirlos en jugadores de la contienda. La imparcialidad y la autonomía serían letra muerta. México retrocedería a un pasado infausto.