José Buendía Hegewisch
La inflación minó como un asesino silencioso al viejo régimen autoritario hasta caer en el 2000. Por eso, su presencia otra vez en la economía quita el sueño al presidente López Obrador más que la oposición política, de la que se burla con el encarte de sus presidenciables como si jugara quinielas. Pero no, a la carestía la respeta por conocer su fuerza para socavar popularidades sin distingo de izquierda o derecha cuando se aproxima el momento más difícil para la continuidad de su proyecto.
Contra la inflación no ha tenido éxito, a pesar de sus planes por detenerla desde mayo pasado. Su preocupación puede verse en el gasto equivalente al 1.4% del PIB en subsidios a la gasolina para impedir que llegue a dos dígitos. Pero el aumento desordenado de precios no se deja domar y arrasa con la canasta básicas para los más pobres convirtiéndose así en uno de sus mayores problemas políticos, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
La carestía viene de afuera por interrupciones en cadenas de suministro en la pandemia y tensiones geopolíticas por Ucrania, pero su combate es interno. Tiene, pues, motivo de preocupación porque las medidas han sido ineficaces para pararla, como en los años 80 cuando desató el conflicto entre nacionalistas y tecnócratas dentro del PRI. Los acuerdos con empresarios y productores de alimentos han resultado el talón de Aquiles de sus planes antiinflación. Su respuesta ha sido similar al anuncio de inversiones millonarias de la IP en infraestructura sin materializarse a lo largo del sexenio. En ambos casos se trasluce falta de capacidad para lograr pactos sin amagos de control de precios y acusaciones de provocar el aumento en la tortilla, por ejemplo, con Maseca.
El gobierno confunde con frecuencia el consenso con el control político. Ante la falta de resultados, paradójicamente, ha adoptado medidas neoliberales como reducir las cargas fiscales y burocráticas con una licencia única para la importación de alimentos, bajo el compromiso de bajar un 8% el precio de la canasta básica. Así como mantener subsidios a la gasolina, que han servido para contener unos dos puntos de la inflación, aunque sin evitar llegar a su mayor nivel en dos décadas al situarse en 8.70%.
Los escasos resultados se evidencian no sólo en la carestía, sino en las políticas públicas. Por ejemplo, las crecientes presiones salariales y el descontento de miles de jóvenes sin poder rentar vivienda por los altos precios. El BdeM ha amortiguado la escalada con una rápida subida de tasas, pero la pregunta es: hasta donde topará la política monetaria sin desestabilizar las finanzas públicas. La receta no es distinta a otros bancos centrales, aunque reducirá aún más el crecimiento a casi la mitad del pronóstico en 2023, y sin claridad de alcanzar su techo. Esta semana vuelve el subsidio completo a la gasolina ante niveles de inflación que no se veían desde hace 20 años.
Las raíces de la inflación –como sabe el Presidente— tocan profundamente la estructura social y el conflicto político. La política de austeridad “franciscana” en el sector público y la pandemia dejaron un desajuste productivo y desabasto, incluso en productos básicos como las medicinas. ¿Qué significa? Que el viejo asesino silencioso anda suelto y sus efectos no parecen transitorios. En los últimos cinco meses, más de 52 millones de mexicanos en pobreza laboral no pueden adquirir la canasta básica, lo que amenaza con borrar los aumentos salariales para restituir el poder adquisitivo en el sexenio.
El combate a la inflación requiere coordinación y cooperación de las políticas públicas. Las consecuencias políticas potenciales de la inflación es que aumenta el descontento social y quedan las arcas públicas vacías, con un déficit público que se agrava por condiciones financieras mundiales más restrictivas que ponen a muchos en Latinoamérica al filo de un choque de deuda.
El gobierno, hasta ahora, ha evitado endeudarse para mantener la confianza de los capitales, al costo de una débil actividad económica. Ahora abre la puerta para contratarla en 2023, en la antesala del año electoral, a pesar de la salida de capitales de los mercados emergentes y el aumento en el costo del endeudamiento. El cuadro económico se le descompone a la 4T y se convierte en mayor peligro que la oposición política para la continuidad de su proyecto en 2024.
