José Buendía Hegewisch
La expectativa publicitaria de que El Rey del Cash asestaría un golpe contundente a López Obrador se diluyó en el follaje del testimonio anecdótico contra un grupo y no hacia una práctica institucionalizada. La idea de descubrir su forma de financiarse para llegar al poder es querer ver un árbol sin ramas y hojas, que son las que conforman las redes de ingresos irregulares en todos los partidos. La obra se pierde en el ataque político particular frente a un problema mucho mayor: un modelo de operación del dinero en la política que goza de cabal salud.
Las bolsas millonarias de dinero público en el sistema de partidos acabaron por crear una total dependencia del erario para hacer política. Las prerrogativas reforma tras reforma no han hecho, sino crecer en la Federación y en estados, además de que ninguna ha detenido viejas prácticas de desviación de recursos públicos a la política y la expansión de nuevas ramas de negocio con los privados legales e ilegales. Hoy, como saben bien las autoridades electorales, el presidente de un partido es el CEO de una gran empresa, en muchos sentidos, fuera de su capacidad para regularlo.
El modelo de financiamiento público fue un consenso de la democratización para que hubiera equidad en la competencia electoral y evitar el dinero ilegal en las campañas, pero ya nadie duda que se les pasó la mano. Pero aun, la dependencia se convirtió en un incentivo perverso que alimenta partidos voraces que, además, llenan sus arcas con los moches de sus cargos públicos, maletines de dinero y los sobres amarillos sin remitente. ¿Puede haber pruebas?, como reclamó López Obrador a la autora del libro, expareja de uno de los hombres más cercanos en la oposición. Sí, paradójicamente, hay ejemplos públicos de maletines en el PAN, ligas en el PRD y sobres en Morena.
¿Quién es, pues, el rey del cash? La dependencia de los partidos es un estado permanente de necesidad de flujos financieros para sus actividades políticas cotidianas, que terminó por debilitar al sistema como vimos en el voto de castigo contra sus dirigencias, élites o los CEOs en la pasada elección presidencial. El modelo de operación, sin embargo, no cambió en 2018. Por el contrario, el dinero corre igual que antes como enseñan las campañas anticipadas de las tres corcholatas favoritas de Morena para gestionar su visibilidad pública. Lo mismo que en denuncias de los sobres de Pío López Obrador o las averiguaciones sobre el diezmo de Delfina Gómez en Texcoco para financiar la campaña en el Edomex con contribuciones de funcionarios municipales, que la autoridad electoral no pudo realmente sancionar.
En un caso, el TEPJF rechazó responsabilizar a Gómez del diezmo del 10% del salario a 500 trabajadores municipales de Texcoco cuando era alcaldesa porque no pudieron acreditar que los recursos contribuyeran a su campaña en el Edomex. La fiscalización alcanzó para sancionar a Morena por no reportar 2.2 millones de gastos de campaña, pero ni rastro del dinero en efectivo de los descuentos, aunque corroboró la investigación del INE que implicaba a Gómez, y dio carpetazo para cerrarlo.
Las limitantes de la fiscalización para seguir la ruta del cash y la impunidad de su manejo en las campañas debilitan también a las instituciones electorales, que con frecuencia se desisten de sancionar las denuncias de financiamiento irregular bajo la presión de los mismos partidos, un boomerang contra ellas mismas. Incluido el Presidente, como mostró la carga contra el TEPJF y el INE en la investigación de su hermano Pío, acusado de delitos electorales, como si formaran parte de un ataque político contra su gobierno. Ahí dos ejemplos de las ramas y hojas que cubren la captación del dinero público en la política con los gobiernos de todos los partidos.
En ese follaje se quedó atrapado el obús que anunciaba El Rey del Cash. La autora, Elena Chávez, trató de rescatarlo del anecdotario diciendo que su testimonio “abre la puerta” para ver el problema, aunque nadie en el mundo de la política tenga intención de verlo. El primero, el Presidente que, simplemente, lo desestimó como un ataque sin pruebas e intelectualmente deshonesto. Otros son lo que deben hablar ahora —conmina la autora—, pero ¿acaso estará en la agenda de la próxima reforma electoral que ya se anuncia? Lo dudo.
