Una característica de la polarización que se ha dado en el periodo presidencial que está por terminar es la falta absoluta de diálogo entre el gobierno y la oposición.
El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se ha sentado con los dirigentes de los partidos distintos al suyo. Y cuando, a la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, parecía que se daría una mesa de discusión con los liderazgos opositores, ésta se canceló de forma abrupta.
Es más, en diversos momentos el mandatario ha preferido que se rechace una iniciativa suya enviada al Congreso a tener que negociar y ceder. Así lo ha dicho públicamente.
¿Cuáles serían las posibilidades de que las cosas sean distintas ante la eventualidad de que Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador, gane la elección del domingo y llegue a la Presidencia?
Habría que verlo. Sin embargo, a juzgar por lo que sucedió en su paso por la jefatura delegacional de Tlalpan (2015-2017) y la jefatura de Gobierno capitalina (2018-2023), Sheinbaum no es más proclive al diálogo de lo que ha sido López Obrador.
El diputado panista Luis Chávez García, quien en esta elección busca refrendar su escaño en el Congreso de la Ciudad de México, fue miembro de la última Legislatura de la Asamblea capitalina y coincidió en el tiempo con la gestión de Sheinbaum en Tlalpan. Representaba al distrito 40, ya desaparecido, que abarcaba la zona rural del sur de la capital.
“En dos ocasiones busqué a la jefa delegacional para plantearle problemas”, relata. “La primera fue para que se clausurara la plaza Gran Terraza, en Coapa, que estaba dañando las casas de los vecinos. La segunda fue por un proyecto hidráulico con el que estaban inconformes los habitantes de Santo Tomás y San Miguel Ajusco. Nunca quiso recibirme”.
Por eso, cuando en noviembre de 2016 la entonces jefa delegacional acudió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para hacer su solicitud de presupuesto, Chávez y otros diputados le dieron la espalda porque, dijeron, ella había hecho lo mismo con los afectados.
Ya estando al frente del gobierno capitalino, Sheinbaum recibió una carta del dirigente capitalino del PAN, Andrés Atayde.
“Básicamente, le escribí para darle la bienvenida al cargo. Yo también acababa de asumir la dirigencia del partido y me interesaba que, al margen de nuestras diferencias de visión, tuviéramos espacio para dialogar. La carta se quedó sin respuesta”.
Durante el primer trienio del gobierno de Sheinbaum, el diálogo con el PAN fue inexistente, “pero al menos había respeto”. En el segundo, después de que la oposición arrebató a Morena varias alcaldías en la elección de 2021, “la cosa se puso peor, porque empezó la persecución”, cuenta Atayde.
El dirigente panista se refiere a los procesos abiertos ante la Fiscalía General de la Justicia capitalina contra varios cuadros de su partido por el esquema conocido como Cártel Inmobiliario. Sheinbaum también dejó de visitar las alcaldías que había ganado la oposición, agrega Atayde.
Tampoco hubo invitación al líder opositor para asistir a los informes de gobierno, “como sí sucedía con su antecesor, Miguel Ángel Mancera”. Y cuando el oficialismo buscó dar otro periodo a la fiscal Ernestina Godoy –ya con Martí Batres como jefe de Gobierno sustituto–, “vinieron amenazas contra nuestros legisladores en el Congreso de la Ciudad de México para que votaran a favor”.
La esencia de la gobernabilidad democrática es el diálogo. Claudia Sheinbaum ha dicho en campaña que su movimiento representa la “verdadera democracia” y que ella quiere “gobernar para todos”. Sin embargo, su experiencia como gobernante en la Ciudad de México manda señales en otro sentido.
La próxima Presidenta –se llame como se llame– deberá reconocer la pluralidad política de México a riesgo de que el país viva otro sexenio en el que los pleitos políticos entorpezcan las soluciones a los grandes problemas nacionales, como la inseguridad. Éstos sólo podrán resolverse mediante el consenso.
Durante cinco años y medio probamos el todo o nada, y el saldo es francamente negativo.
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Unos 12 medios internacionales han publicado amplios reportajes, muchos de ellos en sus primeras planas, con una constante: una durísima crítica a la política de seguridad de México
Jorge Fernández Menéndez
Razones
Entiendo que, a unos días de los cierres de campaña y de la jornada electoral, nadie en el oficialismo esté demasiado atento por la imagen que está teniendo nuestro país en los medios internacionales. Hoy interesan más los votos que la imagen. Pero el costo para el futuro del derrumbe de la imagen internacional del país será enorme, sobre todo en Estados Unidos.
En los últimos días, unos 12 medios internacionales de los más importantes del mundo, han publicado amplios reportajes, muchos de ellos en sus primeras planas, en todos los casos con una constante: una durísima crítica a la política de seguridad, con la confirmación de que los abrazos y no balazos han empoderado a los criminales, que éstos están interviniendo en las elecciones y se sugiere, y en algunos medios se asegura, que existen fuertes complicidades con distintos ámbitos del gobierno federal y local. No importa el medio, en la semana fueron el Financial Times y el Wall Street Journal, este domingo fueron las primeras planas y notas principales del Washington Post y el New York Times.
El Washington Post extrapola el tema del control criminal de la industria de las tortillas, incluyendo su comercialización al público, para demostrar la penetración del crimen en la industria y la vida cotidiana de los mexicanos. Tanto el Washington Post como el New York Times destacan la participación criminal en los comicios, tanto por los asesinatos y presiones a los candidatos y sus equipos, como por el control territorial que ejercen y que podría influir en las votaciones.
Coincidieron estos reportajes con una visita sin agenda del presidente López Obrador a Sinaloa, donde, como platicábamos ayer, la relación del poder político local con el cártel de Los Chapitos es cada vez más estrecha. La alianza opositora, que ya vio como actuó el cártel en las elecciones de 2021 (cuando en la noche previa a la jornada secuestraron a todos los operadores del candidato opositor Mario Zamora y los liberaron hasta pasados los comicios, en una operación clave para el triunfo del morenista Rubén Rocha), teme que, como decíamos ayer, se hayan establecido acuerdos para volver a intervenir en los del domingo.
El gobierno federal, que simplemente ha descalificado a todos los grandes medios globales que están profundizando en la relación del poder con los cárteles, sostiene que, en realidad, son mensajes que le envían desde Washington, vía el departamento de Estado y el secretario Antony Blinken y la DEA, con quienes ha mantenido una mala relación, con la agencia antidrogas desde siempre y con el secretario de Estado sobre todo en los últimos años.
Puede ser que sean mensajes, pero lo que piensa y hace Blinken, y por ende sus mensajes, es lo que piensa la Casa Blanca. El principal operador de la política exterior de los Estados Unidos no se manda solo y como está viendo Blinken las cosas (y con él todos los funcionarios de áreas de seguridad que comparecen cotidianamente ante el Congreso) es como las perciben en el gobierno de Biden. Con un punto adicional: esa visión es mucho más misericordiosa que la que tiene el equipo de Donald Trump. Como decía un agudo analista días atrás: Biden quiere usar la diplomacia, Trump presiones de todo tipo, hasta armadas si es necesario. Uno enviará mensajes y presionará, si fuera necesario con sanciones, el otro está pensando en la fuerza. Los dos usarán los instrumentos de la justicia que tengan a la mano cuando lo consideren necesario. Y cuando en doce medios globales México es visto y descrito como un país gobernado con alianzas con el crimen organizado (el mismo que genera cien mil muertes al año por sobredosis en Estados Unidos y que controla el flujo de migrantes hacia la Unión Americana) el mensaje, si de eso se trata, se convierte en una advertencia y casi en una amenaza.
En Palacio Nacional dicen que la relación con EU es buena y ponen como ejemplo que el exjefe de sicarios de Los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, fue extraditado este fin de semana a la Unión Americana. El presidente Biden dijo que la llegada de El Nini fue un buen día para la justicia. Y destacó que “El Nini desempeñó un papel destacado en el tristemente célebre Cártel de Sinaloa, una de las empresas de narcotráfico más mortíferas del mundo. Estados Unidos lo acusó por su papel en el tráfico ilícito de fentanilo y por asesinar, torturar y secuestrar a numerosos rivales, testigos y otras personas”.
Quizás me equivoque, pero más temprano que tarde vamos a ver a Pérez Salas convertido en testigo protegido y negociando una reducción de condena a cambio de su testimonio. Hay dos razones poderosas para abonar esa tesis: primero, que la versión que corre es que El Nini (el mismo al que Peso Pluma le dedicó una canción) fue entregado por sus jefes y amigos de la organización criminal por diferencias internas. La segunda es que, pudiendo retrasar legalmente mucho más la extradición, no lo hizo. Y no creo que, si habla, El Nini termine contando historias de sexenios anteriores, tiene apenas 31 años y toda su carrera criminal la ha hecho en los últimos años, de la mano con Los Chapitos.
Claudia tiene en su ADN el rechazo a cualquier derrota electoral.
Leo Zuckermann
Juegos de poder
En la defensa de la llamada “Cuarta Transformación” se ha vuelto común la estrategia del whataboutism. Cuando uno critica la intención de López Obrador (ahora retomada por Claudia Sheinbaum) de, por ejemplo, avasallar al Poder Judicial, no son pocos los que argumentan que todos los presidentes han intentado hacer lo mismo. “Sí, como trató Calderón”, responden. “¿Y qué tal Peña?”, agregan.
El concepto de whataboutism viene de la expresión inglesa but what about, es decir, “pero qué tal”. Se trata de una falacia que “intenta desacreditar la posición de un oponente acusándolo de hipocresía sin refutar o negar directamente su argumento”. Los soviéticos lo utilizaban mucho cuando alguien los criticaba: “Sí, pero qué tal los Estados Unidos que hacen esto o aquello”.
López Obrador es un Presidente fuerte que ha tratado de apabullar a sus adversarios y críticos. “Igual que todos los anteriores”, responden los whatabautistas. Pues no. Aquí el grado sí importa.
Yo no dudo que Zedillo, Fox, Calderón y Peña, los presidentes de la época democrática, hayan hecho lo mismo. Pero ninguno como López Obrador.
Ninguno explícitamente propuso reformar la Constitución para concentrar el poder en la figura presidencial. Ninguno. López Obrador, sí.
Quiere eliminar los legisladores plurinominales para eliminar la representación de las minorías. Quiere cambiar la manera en que se eligen jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial para que respondan a los intereses del Presidente. Quiere debilitar o de plano desaparecer a los órganos autónomos del Estado para pasar sus funciones al Ejecutivo. Es decir, quiere que una sola persona controle el Ejecutivo, Legislativo, Judicial fortaleciéndolo, además, con las facultades del INE, Inai, Cofece, etcétera.
Esto va mucho más allá de si Calderón trató de influir en las decisiones de un ministro de la Suprema Corte o si Peña negoció con la oposición para lograr una mayoría constitucional con el fin de aprobar las reformas del Pacto por México. Aquí estamos hablando de modificar las instituciones para terminar con el régimen de división de Poderes e instaurar uno autoritario.
Así que no me vengan con argumentos whatabautistas, por favor.
Más aún, a diferencia de los presidentes democráticos anteriores, López Obrador y compañía nunca han reconocido una derrota electoral. Siempre han argumentado la existencia de un supuesto fraude para desconocer los resultados de elecciones adversas. Históricamente han sido semileales con las instituciones democráticas. Cuando ganan, las respetan. Cuando no, las rechazan.
Dígase todo lo que se quiera de Zedillo, pero cuando el PRI perdió las elecciones de 2000, él, junto con el candidato presidencial priista, Francisco Labastida, fueron los primeros en reconocer el resultado de la elección y permitieron la alternancia.
Fox tuvo que aceptar que Santiago Creel no fuera el candidato del PAN a la Presidencia cuando Calderón ganó la elección interna de ese partido. Y, además, por fortuna, reculó en su abusivo intento de evitar que López Obrador participara en los comicios de 2006.
Calderón ni pudo poner a su delfín como candidato del PAN y le cedió la banda presidencial a Peña sin ningún contratiempo.
Peña hasta le ayudó a ganar a López Obrador cuando vio que su candidato, José Antonio Meade, no levantaba en las encuestas.
Todos permitieron la alternancia, condición sine qua non de la democracia.
De ganar Xóchitl Gálvez el próximo 2 de junio, López Obrador desconocería el resultado y, de acuerdo con su guion, argumentaría la existencia de un “fraude electoral”. Hasta dónde llevaría su rechazo a la alternancia dependería de qué tanto las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a apoyarlo en esta locura.
La candidata de López Obrador está de acuerdo con el proyecto de concentrar el poder en México. A pie juntillas ha reproducido el ideal del actual Presidente como parte de su plan de gobierno.
Además, Claudia Sheinbaum, como lo atestiguamos el lunes en Tercer Grado, no está dispuesta a aceptar el resultado de la elección en caso de perder. Ante la pregunta explícita, no quiso responder con un compromiso democrático básico. Como delfina del lopezobradorismo, Claudia tiene en su ADN el rechazo a cualquier derrota electoral. No se puede imaginar que, después de ir ganando por más de dos dígitos en las encuestas, esto pueda suceder.
Es más, me atrevería a pronosticar que, aun si gana Claudia la Presidencia, ella, López Obrador y Morena desconocerán los resultados adversos de otras elecciones. Por ejemplo, si Santiago Taboada se lleva la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Basta ya de whataboutism. La 4T es efectivamente diferente… para mal.
Desde el principio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la manera en que su administración reduciría los índices delincuenciales sería mediante la “atención de las causas” de las desigualdades económicas, que él siempre ha visto como razón primordial de las “conductas antisociales”. O como suele decir, “la paz es fruto de la justicia”.
Cuando el huachicoleo se convirtió en tema de discusión pública en los primeros meses de su gestión, el mandatario aseguró que mediante la aplicación de los programas sociales se lograría que los pobladores de los lugares por donde pasan los ductos dejaran de robar combustible. Y que los campesinos que sembraban droga cesarían de hacerlo para volver a dedicarse a la producción de maíz.
Cinco años después, la ordeña de gasolina sigue siendo un problema grave y la importación de maíz está en máximos históricos.
En la discusión sobre si su gobierno ha tenido éxito en bajar los indicadores de las actividades criminales, el mandatario suele alegar, entre otras cosas, que se redujo el ritmo de crecimiento de los homicidios dolosos, aunque éste sea el periodo presidencial con el mayor número de asesinatos en toda la historia reciente: más de 187 mil, de diciembre de 2018 a la fecha.
Lo que no admite debate es el incremento de la migración interna y externa que se ha dado durante el actual sexenio.
De acuerdo con la edición 2023 de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica –un ejercicio que el Inegi aplica cada lustro–, 15 entidades federativas tuvieron una disminución en su saldo neto migratorio. Es decir, que salieron de ellas más personas de las que entraron. Entre ellas están ocho de los diez estados con el menor ingreso promedio por hogar: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Tabasco y Michoacán.
En cambio, otras 17 entidades tuvieron un saldo positivo en ese rubro. Entre ellas, ocho de los diez estados con mayor ingreso promedio por hogar: Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Quintana Roo.
Es evidente que muchos mexicanos cambiaron de residencia hacia estados con mayores oportunidades laborales. Entre ellos, los polos turísticos de Baja California Sur y Quintana Roo, cuyos porcentajes de población que residía en otra entidad federativa en agosto de 2018 –cuando se levantó la encuesta anterior– son de 8.3 y 7.6, respectivamente.
También lo hicieron hacia estados con importante presencia de la industria maquiladora y/o que ofrecen, por ser fronterizos con Estados Unidos, la perspectiva de emigrar a ese país. En esa situación están Baja California, con 6.8% de población foránea, así como Querétaro (4.2%), Nuevo León (3.8%) y Chihuahua (3.1%).
De acuerdo con la encuesta 2023, cuatro millones de personas (3.3% de la población mayor de cinco años de edad) vive en una entidad distinta que en 2018; o bien, en otro país. Entre estos últimos, la enorme mayoría partió a Estados Unidos (89.7%) y tuvo como principal motivo buscar trabajo (52.1%). Cuatro de cada diez lo hicieron sin documentos. Los 1.2 millones que se fueron de México entre 2018 y 2023 son casi 58% más que los que lo hicieron en el quinquenio anterior.
En la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde afirmó –el 4 de octubre pasado, en la Cámara de Diputados–, que “la migración mexicana hacia los Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y también a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en nuestro país”. Sin embargo, los datos dicen otra cosa.
De acuerdo con las autoridades fronterizas estadunidenses, los encuentros con migrantes mexicanos pasaron de 883 mil en el quinquenio 2014-2018 a un millón 544 mil en el siguiente.
En suma, la aplicación de programas sociales –o, en general, la “atención de las causas”– no consiguió sus objetivos. Al menos no logró que los mexicanos más desaventajados dejaran de sentir la necesidad de salir de sus comunidades, pues tanto las circunstancias económicas como la inseguridad incrementaron el flujo de personas hacia otros estados del país o el extranjero.
El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de, por un lado, culpar a los otros y, por el otro, enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques.
Esta definición es una síntesis de las que traen la Real Academia, Wikipedia, Psicología y Mente, y otras muchas que aparecen en Google.
Casos sobran para ilustrar el papel de víctima que adopta AMLO cuando se reportan masacres en tal o cual estado, y la Iglesia, los ciudadanos, los partidos o la prensa denuncian que México es un país violento controlado, en parte, por el crimen organizado.
En la mañanera de ayer, por ejemplo, el Presidente usó el caso de Dante Emiliano, el niño de 12 años asesinado en Paraíso, Tabasco, para colocarse como víctima del “uso politiquero” de la tragedia y acusar a Xóchitl de “lucrar” con la muerte del chamaco.
Dijo: “Ayer estaba yo viendo a una señora (Xóchitl Gálvez), que no puedo mencionar, queriendo lucrar con el dolor de un niño, por el asesinato de un niño en mi estado.
“O sea, ¿qué, no pueden convencer de otra manera?, ¿tienen que mostrar su inmoralidad, su deshonestidad?, ¿tienen que mostrar el cobre?”, se preguntó.
*Xóchitl no se quedó callada. En un mitin en Atlacomulco, Estado de México, le respondió al Presidente:
“Usted se refirió en la mañana a una servidora. Yo le voy a decir una cosa. Por supuesto que es su responsabilidad proteger la vida de los niños y de los jóvenes.
“La muerte de Emiliano, en Tabasco, es una irresponsabilidad de su gobierno. Su gobierno dejó crecer la delincuencia”, puntualizó.
Habría que preguntarle al Presidente qué espera que se haga cuando ocurren hechos impactantes como ése, o los desmembrados en Acapulco, los descuartizados en Chilpancingo, las masacres en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas…
¿Que la oposición no diga nada? ¿Que los medios se callen? ¿Que los reporteros se autocensuren? ¿El mejor periodista es el que oculta lo malo y magnifica su obra? Son preguntas.
Va un dato importante: en lo que va de 2024 se han asesinado en México 84 niños y adolescentes, según la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera.
*Mas de 900 intelectuales, académicos y artistas favorables a la prolongación del oficialismo hicieron gala ayer de su apoyo a la candidata presidencial obradorista: Claudia Sheinbaum.
Firmaron un documento en el que piden:
“Salgamos todas y todos a votar por el único proyecto de nación que garantiza la prosperidad compartida. Quienes apoyamos este proyecto apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para la Presidencia de la República”.
El desplegado lo firman, entre otros, el exrector de la UNAM y exembajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente; la escritora Elena Poniatowska, el doctor David Kershenobich y el historiador y articulista Lorenzo Meyer.
Pero también Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente; Eugenia León, cantante; las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero, Ifigenia Martínez, Susana Harp y muchísimos colados.
Los firmantes se dicen convencidos de que la transformación de la vida pública nacional que vivimos es producto de un movimiento profundo (¿?), plural (¿?), amplio, que surge de las luchas por la democracia (¿?) y la justicia (¿?).
Los signos de interrogación no vienen en el documento. Los puse yo.
El pronunciamiento de los intelectuales oficialistas contrasta con el que difundieron hace cinco días integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez.
En el documento de los intelectuales críticos al régimen, leído por el antropólogo Roger Bartra, advierten, por el contrario, que el gobierno de López Obrador y su partido “pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una amenaza a la democracia”.
En el discurso que Sheinbaum pronunció en la reunión con los firmantes, celebrada en el Centro Cultural La Indianilla, Naucalpan, refutó la postura de los intelectuales que están con Gálvez: “Que quede claro y que se escuche fuerte y lejos. La democracia no sólo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos. Porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha”.
*Católicos de todo el país, a través del colectivo Laicos en la Vida Pública, publicaron ayer un comunicado en el que llaman a ejercer el voto “responsable y consciente” el 2 de junio, y manifiestan:
“Con profunda preocupación vemos diariamente a miles de familias sucumbir al espejismo autoritario que prometió resolver rápidamente problemas fundamentales como la pobreza, la inseguridad y la violencia, que hoy sólo han aumentado y profundizado”.
Hizo el pronunciamiento después de haber llevado a cabo la “vigilia de oración para la acción” en la Basílica de Guadalupe. El colectivo, que agrupa a 59 organizaciones, entre ellas Sinergia Por La Paz, Laicos Servidores de la Palabra, Frente Nacional por la Familia, presentó también la campaña de recolección de “un millón de firmas” por la paz.
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