Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Desde el principio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la manera en que su administración reduciría los índices delincuenciales sería mediante la “atención de las causas” de las desigualdades económicas, que él siempre ha visto como razón primordial de las “conductas antisociales”. O como suele decir, “la paz es fruto de la justicia”.
Cuando el huachicoleo se convirtió en tema de discusión pública en los primeros meses de su gestión, el mandatario aseguró que mediante la aplicación de los programas sociales se lograría que los pobladores de los lugares por donde pasan los ductos dejaran de robar combustible. Y que los campesinos que sembraban droga cesarían de hacerlo para volver a dedicarse a la producción de maíz.
Cinco años después, la ordeña de gasolina sigue siendo un problema grave y la importación de maíz está en máximos históricos.
En la discusión sobre si su gobierno ha tenido éxito en bajar los indicadores de las actividades criminales, el mandatario suele alegar, entre otras cosas, que se redujo el ritmo de crecimiento de los homicidios dolosos, aunque éste sea el periodo presidencial con el mayor número de asesinatos en toda la historia reciente: más de 187 mil, de diciembre de 2018 a la fecha.
Lo que no admite debate es el incremento de la migración interna y externa que se ha dado durante el actual sexenio.
De acuerdo con la edición 2023 de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica –un ejercicio que el Inegi aplica cada lustro–, 15 entidades federativas tuvieron una disminución en su saldo neto migratorio. Es decir, que salieron de ellas más personas de las que entraron. Entre ellas están ocho de los diez estados con el menor ingreso promedio por hogar: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Tabasco y Michoacán.
En cambio, otras 17 entidades tuvieron un saldo positivo en ese rubro. Entre ellas, ocho de los diez estados con mayor ingreso promedio por hogar: Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Quintana Roo.
Es evidente que muchos mexicanos cambiaron de residencia hacia estados con mayores oportunidades laborales. Entre ellos, los polos turísticos de Baja California Sur y Quintana Roo, cuyos porcentajes de población que residía en otra entidad federativa en agosto de 2018 –cuando se levantó la encuesta anterior– son de 8.3 y 7.6, respectivamente.
También lo hicieron hacia estados con importante presencia de la industria maquiladora y/o que ofrecen, por ser fronterizos con Estados Unidos, la perspectiva de emigrar a ese país. En esa situación están Baja California, con 6.8% de población foránea, así como Querétaro (4.2%), Nuevo León (3.8%) y Chihuahua (3.1%).
De acuerdo con la encuesta 2023, cuatro millones de personas (3.3% de la población mayor de cinco años de edad) vive en una entidad distinta que en 2018; o bien, en otro país. Entre estos últimos, la enorme mayoría partió a Estados Unidos (89.7%) y tuvo como principal motivo buscar trabajo (52.1%). Cuatro de cada diez lo hicieron sin documentos. Los 1.2 millones que se fueron de México entre 2018 y 2023 son casi 58% más que los que lo hicieron en el quinquenio anterior.
En la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde afirmó –el 4 de octubre pasado, en la Cámara de Diputados–, que “la migración mexicana hacia los Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y también a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en nuestro país”. Sin embargo, los datos dicen otra cosa.
De acuerdo con las autoridades fronterizas estadunidenses, los encuentros con migrantes mexicanos pasaron de 883 mil en el quinquenio 2014-2018 a un millón 544 mil en el siguiente.
En suma, la aplicación de programas sociales –o, en general, la “atención de las causas”– no consiguió sus objetivos. Al menos no logró que los mexicanos más desaventajados dejaran de sentir la necesidad de salir de sus comunidades, pues tanto las circunstancias económicas como la inseguridad incrementaron el flujo de personas hacia otros estados del país o el extranjero.
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