Yuriria SierraNudo gordiano
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Nueve de cada diez armas decomisadas llegaron a nuestro país desde Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un dato un poco más amable: siete de cada diez. Aún es demasiado. A partir de esta cifra es que nuestro país va contra las empresas que las fabrican: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger, Barrett, Interstate Arms, entre otras. En total once. Los acusa de comercio negligente e ilícito, con esto, México busca que estos fabricantes compensen el daño que han hecho al país por facilitar el tráfico de estas armas que son usadas en hechos de violencia.
“Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México. Los demandados utilizan a traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en el mercado criminal. Los demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal…”, detalla la Cancillería.
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Lo que se busca es que, a través de la victoria en tribunales, las empresas incorporen mecanismos de seguridad; de esta manera, el gobierno de México afirma que se podría garantizar que cada arma llegue a las manos correctas, que se aleje de los grupos criminales. Incluso, esperaría que las empresas sean las encargadas de pagar estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.
“Ya se presentó esta demanda, un paso importante. Confiamos en la calidad jurídica, de lo que estamos presentando vamos a litigar con toda seriedad y a ganar el juicio…”, expresó Marcelo Ebrard durante el anuncio.
Y, aunque afirmó que no hay un conflicto diplomático en la víspera, por la tarde, los armeros estadunidenses respondieron: “En lugar de buscar el chivo expiatorio en las empresas estadunidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia…”, escribieron en una misiva en la que también afirman que las acusaciones de tráfico transfronterizo son falsas y que la demanda es una afrenta a la soberanía estadunidense y una amenaza a su Segunda Enmienda.
Y justo en esto último está la clave: por años, este apartado constitucional ha sido materia de debate en los Estados Unidos, 611 tiroteos masivos en 2020; 417 un año antes…
Apenas hace un par de días se conmemoraron dos años de la masacre en El Paso, Texas, donde fueron asesinadas 23 personas, nueve de ellas mexicanas. La violencia por armas de fuego, no precisamente en manos de miembros de cárteles, es también una realidad estadunidense. Con ambos países sufriendo, a su manera, por esto, bien valdría que todos los involucrados unieran esfuerzos, tal como lo espera nuestro país.