Historia y Cultura

El plan de inmigración de Joe Biden choca con la realidad en la frontera

(CNN) -- Cuando la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris visitó Guatemala a principios de este verano, el presidente Alejandro Gianmattei le ofreció en privado un consejo sobre su objetivo de frenar la avalancha de migrantes esperanzados hacia la frontera de Estados Unidos con México.

Sea más firme, le dijo Giammattei. Envíe un mensaje contundente a los inmigrantes y a los contrabandistas, que a menudo reinterpretan los anuncios para utilizarlos en su beneficio, dijo Giammattei, según un alto funcionario guatemalteco que habló con CNN.

El plan de Estados Unidos para enfrentar la inmigración irregular desde el Triángulo Norte

Poco después de la reunión, en una conferencia de prensa conjunta, Harris hizo precisamente eso, lanzando una advertencia severa pero clara a los migrantes: "No vengan".

Pero casi dos meses después, los migrantes siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos en números récord, en un momento en que los arribos suelen disminuir como consecuencia del abrasador calor del verano.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habla con miembros de los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto internacional de El Paso, Texas, en la frontera con México.

Mensajes contradictorios

En su esfuerzo por distanciarse de la agenda migratoria restrictiva del expresidente Donald Trump y dar una nota de compasión, los funcionarios de Biden enviaron a menudo mensajes contradictorios sobre quién está autorizado a entrar en Estados Unidos y cuándo. Como resultado, la situación fronteriza sigue siendo un lastre político para la Casa Blanca, que recibe críticas tanto de la izquierda como de la derecha.

Los republicanos siguen afirmando que Biden tiene una crisis fronteriza en sus manos que es de su propia creación, mientras que los progresistas demócratas se han quejado de que Biden no se está moviendo lo suficientemente rápido para aflojar las regulaciones y desmantelar las políticas de la era Trump.

En las últimas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado los recursos y el personal en el Valle del Río Grande, que se ha visto desbordado por el número de llegadas, desplegando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a la Patrulla Fronteriza, reforzando el personal médico y estableciendo vuelos para enviar a las personas a otros sectores fronterizos para su procesamiento.

Migrantes que fueron enviados de regreso a México esperan en fila para recibir alimentos y suministros en un campamento al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México en Reynosa, Tamaulipas.

Cifras récord de detenciones

Las detenciones en la frontera se mantienen en el nivel más alto en décadas, llegando a un millón antes de que termine el año fiscal. El número de niños no acompañados en el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos se ha disparado. Informantes han denunciado las malas condiciones de un centro temporal para niños que ahora también se ha convertido en objeto de una revisión por parte del gobierno. Y los grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la decisión del gobierno de seguir expulsando a los inmigrantes encontrados en la frontera.

El gobierno de Biden libra batallas legales tanto en su flanco izquierdo como en el derecho. El lunes, la Unión Americana de Libertades Civiles dijo que iba a volver a los tribunales para impugnar el uso continuado por parte de la administración de una autoridad de salud pública que permite la expulsión rápida de los migrantes. Y la semana pasada, el Departamento de Justicia impugnó una orden ejecutiva emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que restringía el transporte de migrantes. Un juez federal bloqueó temporalmente la orden el martes.

Equilibrio entre seguridad y compasión

Históricamente, Estados Unidos ha recurrido a la disuasión para evitar que la gente se dirija a la frontera entre México y Estados Unidos. Biden está íntimamente familiarizado con estos desafíos, ya que fue vicepresidente durante el aumento de niños no acompañados en 2014 y anteriormente supervisó los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central.

Nueva orden en Texas apunta a inmigrantes 2:42

Pero al desarrollar su programa de inmigración, Biden también ha tenido que enfrentarse a las realidades de la migración y a los obstáculos políticos que la acompañan, lo que a veces ha puesto a su administración a la defensiva. En abril, por ejemplo, en medio de una afluencia de migrantes en la frontera, Biden se resistió a firmar el aumento del límite de refugiados de la era Trump debido al clima político. Más tarde lo aumentó.

Un funcionario de la Casa Blanca rechazó la idea de que el mensaje de la administración no es coherente. "Estamos tratando de trazar un nuevo camino distinto al de la administración anterior en tener políticas justas y políticas humanas, especialmente en el tratamiento de las personas que son indocumentadas y el tratamiento de las personas que están detenidas", dijo el funcionario. "Pero no creo que eso esté en conflicto con una frontera bien gestionada".

La Casa Blanca publicó recientemente un documento que resume las medidas que el gobierno ha tomado para abordar la inmigración y que esboza su proyecto "para un sistema de inmigración justo, ordenado y humano". Incluye el refuerzo de los mensajes públicos para desalentar la migración irregular y promover vías legales.

"Me pareció que el plan era una de las primeras veces en que se intentaba encontrar el equilibrio entre seguridad y compasión", dijo Ali Noorani, presidente y director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

El plan de EE.UU. para enfrentar inmigración irregular 2:53

"Los planes no van a servir para comunicar el enfoque del gobierno sobre la inmigración. Durante años, si no décadas, la inmigración ha sido mucho más un debate cultural que un debate político o una política. Y la administración tiene que encontrar la manera de hablar del debate sobre las culturas y los valores que realmente impulsan la retórica de la inmigración", añadió.

Un "desastre de comunicación"

La Casa Blanca también impulsó su estrategia para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica, donde miles de migrantes huyen de la pobreza y la violencia. Biden encargó a Harris la supervisión de este esfuerzo en marzo, lo que dio lugar a su viaje a Guatemala y México durante el verano. La estrategia se comprometió a invertir recursos e infundir esperanza en la región.

Desde marzo, EE.UU. ha destinado más de US$ 250 millones den ayuda humanitaria, ha proporcionado más de 10 millones de dosis de la vacuna covid-19 al Triángulo Norte y ha comprometido al sector privado para que realice más inversiones en la región.

Aunque lel gobierno dice que está trabajando para proporcionar vías legales de entrada a Estados Unidos desde la región, todavía hay pocas opciones para los que buscan asilo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Es muy duro oírles hablar de humanidad y, al mismo tiempo, ver a Biden decir que la gente debe solicitar asilo en el país", dijo Taylor Levy, un abogado de inmigración con sede en California que trabaja con migrantes en la frontera sur. "Es un desastre de comunicación, en mi opinión, en cuanto a lo que se intenta transmitir a los solicitantes de asilo y a las personas que huyen de la violencia en su propio país".

Números récord

Los migrantes que se enfrentan a un deterioro de las condiciones en sus países de origen siguen viajando a la frontera sur de Estados Unidos. El representante de Texas Henry Cuellar, un demócrata que ha criticado el manejo de la frontera por parte de la administración, tuiteó el lunes que el Valle del Río Grande terminó la semana pasada con 21.921 aprehensiones, por encima de los 20.647 arrestos de la semana anterior. "¡Algo tiene que cambiar!", dijo.

David Shahoulian, secretario adjunto de política fronteriza y de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés), dijo en una declaración judicial presentada el lunes que EE.UU. está encontrando "números récord" de migrantes, incluyendo familias. Según datos preliminares, es probable que la CBP se haya encontrado con unos 210.000 individuos en julio, muchos de los cuales son rechazados bajo una política fronteriza de la era Trump.

Los que cruzan repetidamente también suelen constituir una parte considerable de los totales mensuales de detenciones. Por ejemplo, en junio, al menos el 30% de los aprehendidos habían intentado cruzar ilegalmente la frontera con anterioridad, según el funcionario de la Casa Blanca.

"Ciertamente tenemos un reto en la frontera", dijo el lunes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una entrevista con la cadena MSNBC.

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Expulsión acelerada

El número de niños migrantes no acompañados también ha comenzado a aumentar de nuevo después de que un número récord de llegadas a principios de este año desbordara las instalaciones. El DHS prevé la detención de más de 19.000 niños no acompañados en julio, lo que supone un nuevo récord. El 3 de agosto, había 2.498 niños no acompañados bajo la custodia de la CBP, unas instalaciones similares a las cárceles diseñadas para adultos, no para niños.

En un indicio de la cautela del gobierno de Biden respecto a los migrantes, incluidos los que solicitan asilo, que viajan a la frontera sur de Estados Unidos, el DHS anunció la semana pasada que reanudó un procedimiento de deportación acelerado para los migrantes.

A partir de ahora, algunas familias estarán sujetas al procedimiento conocido como "expulsión acelerada", que permite a las autoridades de inmigración expulsar a una persona sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración. El procedimiento se aplicará a las familias que no sean expulsadas rápidamente en virtud de una política fronteriza relacionada con la pandemia. El viernes, 73 personas fueron expulsadas en vuelos de "expulsión acelerada", según un portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas.

"Creo que Biden está haciendo un gran trabajo sobre la economía. Vamos a hacer un gran trabajo en el transporte y otras cosas", dijo previamente a CNN Cuellar, quien también pidió que Biden creara un alto cargo concentrado en la frontera. "Pero en inmigración, no están haciendo un buen trabajo en inmigración".

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La "crisis fronteriza de Biden", según los republicanos

Los republicanos han culpado a las políticas del presidente de impulsar la migración, apodándola la "crisis fronteriza de Biden". "La crisis fronteriza de Biden se está saliendo de control. Es una crisis de seguridad nacional. Una crisis de salud pública. Una crisis humanitaria", tuiteó el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, elogió las acciones de la administración en una serie de otras cuestiones de inmigración, como la reducción del alcance de la aplicación de la ley de inmigración, la terminación de las prohibiciones de viaje y emisión de visados, y la ampliación de una forma de ayuda humanitaria conocida como Estatus de Protección Temporal.

"En medio, lo que se está perdiendo es un extraordinario conjunto de logros que el gobierno de Joe Biden ha sido capaz de poner en marcha sin mucha fanfarria y sin llevarse mucho crédito por ello", dijo.

Biden también presentó un proyecto de ley de reforma integral de la inmigración poco después de asumir el cargo. Aunque ese proyecto de ley no ha cobrado mucho impulso, Biden apoyó la inclusión de la política de inmigración en su paquete multimillonario de lucha contra la pobreza, asegurando a un grupo de legisladores que les apoyaría en su empeño por conseguir una vía de acceso a la ciudadanía para millones de personas.

Pero esta iniciativa, al igual que la serie de cambios en la política de inmigración que la preceden, también tendrá sus propios desafíos.

Demandar, sí, pero también decomisar

Pascal Beltrán del RíoBitácora del director

Hace unas semanas tuve que hacer un viaje por tierra de Hermosillo, Sonora, a Tucson, Arizona.

De ida, pasé por el retén militar de Querobabi, ubicado a 108 kilómetros al norte de la capital sonorense, donde un soldado, bandera en mano, me indicó que continuara mi camino. Más tarde, en el puesto fronterizo de Mariposa, cumplí con el trámite para entrar a EU. Unos 45 kilómetros más adelante crucé por el arco de control de la Patrulla Fronteriza, en Amado, sobre la Interestatal 19, dotado de cámaras de vigilancia y perros policía, donde los agentes hacen revisiones aleatorias.

El trayecto de regreso fue otra cosa. Casi no detuve el auto desde que salí de Tucson, a no ser por algunos semáforos. Eso incluye el paso por la frontera, para volver a México. Allí me quedé con el pasaporte en la mano, esperando que alguien me lo solicitara, y dispuesto a que me revisaran la cajuela, en la que sólo traía artículos de aseo y muda de ropa. El retén militar que me encontré en la ida no existe para el tramo norte-sur de la autopista. Llegué a Hermosillo sin que nadie me inspeccionara.

Me quedé pensado sobre los riesgos que eso implica para la seguridad del país. Yo podría haber sido un muyahidín en fuga o un narcotraficante y nadie me hubiera preguntado quién era, dónde vivía y con qué propósito quería ingresar al país. Podría haber tenido la cajuela repleta de rifles de alto poder, municiones y explosivos o grandes cantidades de dinero en efectivo y mi única perturbación habría ocurrido al pasar junto a los letreros que, en el lado estadunidense de la frontera, advierten que está prohibido llevar armas a México.

Entiendo la estrategia del gobierno de México de demandar en EU a los fabricantes de armas. Me parece que existe razón en decir que esas empresas deben responsabilizarse por el hecho de que miles de mexicanos mueren asesinados cada año por medio de sus productos. Creo que si bien la ruta legal es complicada, vale la pena recorrerla, así sea sólo para presionar a las autoridades de aquel país y a los armeros para poner restricciones en la venta. Dicho eso, México también tiene que hacer su parte, controlando mejor lo que entra al país y decomisar las armas que logran pasar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dados a conocer en 2019 –en el contexto de las negociaciones con EU para echar a andar la operación Frozen–, cada año ingresan ilegalmente en México entre 200 mil y 250 mil armas. ¿Sabe usted cuántas de ellas se aseguran? Una mínima parte. De acuerdo con una solicitud de transparencia, las autoridades federales decomisaron un total de 270 mil armas a lo largo de dos sexenios, entre 2006 y 2018. Es decir, poco más de las que entran un solo año. De esas, 162 mil las capturaron las Fuerzas Armadas y el resto la PGR, hoy Fiscalía General de la República.

Luego de haber alcanzado su pico en 2011 –con 32 mil 500–, el aseguramiento de armas ha ido a la baja en México. Eso incluye el actual sexenio. En 2019, el número de armas puestas a disposición del Ministerio Público Federal fue de 15 mil 305 y en 2020, de apenas 6 mil 593. En tanto, los delitos cometidos con armas –incluyendo los homicidios– han seguido la trayectoria inversa.

Es cierto, se trata de un fenómeno binacional, lo cual hace necesario que EU haga su parte, como perseguir y castigar a quienes integran la cadena del tráfico ilegal de armas a México, pues los criminales que envían drogas al norte de la frontera usan armas estadunidenses para proteger su negocio ilegal. Pero para poder exigirle al vecino, nuestro país está obligado a mostrar que puede aplicar la ley en su territorio y eso incluye intensificar los patrullajes –no disminuirlos, como ha venido sucediendo– y llevar a juicio a quienes cometen delitos con armas de fuego, sean de origen estadunidense o cualquier otro.

BUSCAPIÉS

A menos de que esta madrugada la selección olímpica de futbol haya derrotado a Japón para quedarse con el tercer lugar, nuestro país concluirá su participación en Tokio 2020 con sólo tres medallas de bronce, la peor cosecha de preseas desde Atlanta 1996.

Gobierno demanda a un gigante de las armas

Miguel Ángel Godínez GarcíaAlto mando

Sorprendente, por no encontrar algún otro adjetivo para calificar las acciones que el gobierno de México ha tomado contra 11 empresas fabricantes de armamento en los EU. La apuesta judicial que ha decidido el gobierno de López Obrador emprender en contra de la empresa más poderosa de Estados Unidos dejó sorprendidos a propios y extraños, nunca en la historia de los EU y de México había habido una acción que responsabilizara a los gigantes de las armas de los acontecimientos violentos en territorio mexicano.

El tráfico de armas es una práctica conformada por una gran cadena de responsables, de ahí su complejidad. Lo cierto es que más allá de culpar a fabricantes por los cientos de miles de muertos que su uso ha ocasionado, está la corresponsabilidad de ambos países en cada una de sus fronteras. No me queda ninguna duda de que la experiencia del canciller Marcelo Ebrard le permitió contemplar todas las aristas e implicaciones del caso para presentar en una Corte norteamericana una demanda a un poder político y económico como son los fabricantes de armamento y solicitar, además, una fuerte indemnización por daños causados en todos los ámbitos que el crimen organizado ha logrado trastocar. Enormes cantidades en recursos para infraestructura en seguridad, pérdidas comerciales, industriales y turísticas, así como la descomposición del tejido social entre otras. Y sí, es verdad, la ola de criminalidad que crece ha dañado la confianza de inversionistas, de turistas e interrumpido la movilidad en territorio mexicano, fundamental para la vida económica del país.

Es claro que el armamento ha atentado contra el bienestar de México y ha puesto en pausa el desarrollo de casi 17 estados controlados por criminales, pero de eso a culpar a quienes las fabrican o venden y señalarlos como el problema principal es subjetivo. No es competencia de las fábricas negar la venta de lo que producen, el dinero ilegal con el que las adquieren se obtiene en nuestro país. El tráfico de armas es responsabilidad de ambas fronteras por la corrupción que existe allá y acá, pero el ingreso de armas a nuestro país es absoluta responsabilidad de México al no protegerlas. Aunque el canciller trate de evitar que dicha demanda ponga en juego la relación entre ambos países, si bien es cierto que no se desea intervenir en las políticas de armas del gobierno de Biden, la realidad es que tanto las fábricas como los distribuidores están legalizadas y cumplen con sus propias leyes. En todo caso, si hubiera argumentos legales posibles para exigir una indemnización a estas empresas, México tendría que tener primero la autoridad moral de que combate al crimen de manera frontal y que tiene bajo control territorios de los cárteles más sangrientos en la historia del narcotráfico. Pero la realidad es otra, existen municipios en donde se proclaman como autoridades bajo el principio de usos y costumbres o los mismos delincuentes, como en Chiapas y Michoacán. Es evidente para EU que López Obrador implementa una estrategia pasiva y permisiva con el discurso de pacificar a través de abrazos y no balazos. Con esta política y acciones como esta demanda a fabricantes o de armamentos, está trasladando su responsabilidad a territorio ajeno.

DE IMAGINARIA

La creación de complejos de seguridad como el C5 evidencia los esfuerzos y el alto costo que tendrán que invertir los gobernadores en construir infraestructura en seguridad, como es el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo. La tecnología aplicada para combatir al crimen organizado hoy será la mejor inversión que los estados hagan en al ámbito de la autonomía y de su condición de estados libres y soberanos, a fin de construir la paz con sus propias estrategias que sólo se limiten por la legalidad pero que enfrenten al criminal con toda la fuerza de sus estados.

¿Se ignoró a las Fuerzas Armadas?

Enrique ArandaDe naturaleza política

Aun en rojo, clases presenciales. ¡Irresponsables!

Si bien lo inédito de la medida suscitó toda suerte de comentarios apenas conocerse, lo cierto es que las suspicacias respecto de la decisión oficial de demandar a una decena de fabricantes y comerciantes estadunidenses de armas, en manos ahora del crimen organizado, se multiplicaron al difundirse versiones —no oficiales, hay que decir— según las cuales Relaciones Exteriores habría procedido sin consultar ni informar siquiera de ello a los titulares de la Defensa o Marina y, menos, al de la Guardia Nacional.

Y esto no porque con sólo poner en conocimiento del general Luis Cresencio Sandoval o del almirante Rafael Ojeda pudiera haber modificado el fondo o la forma de implementar la instrucción que el propio Marcelo Ebrard atribuyó al inquilino de Palacio, sino, en esencia, por el insustituible papel, conocimiento e innegable experiencia que en el seguimiento y combate de los cárteles que, hoy por hoy, “siembran cotidianamente de cadáveres” el país tienen las Fuerzas Armadas o, más aún, por la deseada unidad en acciones como la que nos ocupa, cuando de intentar poner freno a la creciente inseguridad y violencia se trata.

Es verdad que la formal presentación de la demanda abre interesantes expectativas sobre la recuperación por parte del Estado del control del ahora casi inexistente control del internamiento de armamento de todo tipo a México y que, de ganarse la misma en tribunales estadunidenses, ello podría implicar la recepción de algo más de 10,000 millones de dólares por concepto de compensación, aunque nadie entre los especialistas y conocedores del tema, hasta ayer al menos, garantizaba que ni lo uno ni lo otro pudiera ocurrir.

Y menos, insistamos, si el gobierno de la 4T mantiene sin cambios la absurda política de “abrazos y no balazos” que en los dos últimos años y medio al menos no ha reportado otro ganador que no sea el crimen organizado o haya permitido “domar la curva” creciente de inseguridad y violencia que alcanza cada vez nuevas y más amplias regiones del territorio. No parece, pues, que para avanzar en la solución de esta compleja situación baste la presentación de una denuncia como la citada…

ASTERISCOS

* ¡Vaya resbalón! el que en la mañanera de ayer protagonizó Andrés Manuel López Obrador que, tras acusar al “presidente” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez, de difundir un Twitter ofensivo a su persona, se enteró de su falsedad, ¡denunciada hace al menos un año! Uups…

* Si bien “al cuarto para las doce”, literal, consejeros de Acción Nacional exigieron ayer la posposición de la reunión virtual en que se elegirá, el sábado, la comisión encargada de organizar y calificar la elección de su próxima dirigencia y su realización presencial, para dar paso al diálogo, evitar imposiciones y garantizar un proceso legítimo y democrático…

* De no suceder nada extraordinario que lo impida, la presidenta en funciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCDMX), Nashieli Ramírez, será ratificada para un nuevo periodo en el cargo, en el marco del extraordinario del Congreso a celebrarse el próximo miércoles. Bien…

Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza política.

La comisión de la verdad para el juicio a expresidentes

Ricardo Peralta Saucedo

México correcto, no corrupto

La histórica primera consulta popular celebrada el día de ayer 1 de agosto, organizada por el INE y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio resultados contundentes sobre el “SÍ” respecto a la pregunta puesta en consideración; pero el porcentaje de participación, para hacerla vinculante, conforme a la ley, no fue suficiente. Sin embargo, esa solamente es una ruta legal para establecer lo que coloquialmente se ha conocido como el “juicio a expresidentes”. Aunque la pregunta no lo expresó así en ninguna parte.

Nuestra Constitución otorga diversos mecanismos al Poder Legislativo para explorar vías legales más contundentes y objetivas donde se puede convocar a la creación de una comisión de la verdad para el juicio contra expresidentes. Así como el caso de Canadá, Perú, Yugoslavia, Colombia, El Salvador, Sierra Leona, entre otros países; a nivel mundial se han creado diversas comisiones de la verdad que tienen diversas funciones y han ayudado a esclarecer diversos hechos del pasado que han conmocionado a la sociedad mundial.

La comisión de la verdad sobre los expresidentes de México puede ser constituida para coadyuvar a los procesos ministeriales y judiciales que, en su caso, se pudieran iniciar contra quienes se considere hayan agraviado con sus conductas a la nación mexicana.

El fortalecimiento de la cultura de la denuncia y la legalidad es uno de los propósitos de su posible creación, sobre todo por la percepción de impunidad que permea entre la sociedad; se debe garantizar la memoria histórica, la no repetición y la reparación del daño.

Si esta comisión de la verdad se liga a una política de justicia transicional, puede dar pie a que las soluciones jurisdiccionales futuras tengan una salida más pronta y expedita de manera institucional. Se trata de enviar un mensaje contundente sobre la transformación de fondo del orden ético, político, legal y social de México.

El Congreso mexicano tiene facultades expeditas para crear la legislación correspondiente y darle curso a este mecanismo histórico. La enorme prioridad es el hambre de Estado de derecho que se exige por estos hechos vergonzosos y otros, que han tenido como consecuencia la numeralia negativa que presenta nuestro país en materia económica, de salud, educación, desarrollo humano, inseguridad, entre otros, como consecuencia de gobiernos apátridas.

La herencia del pasado que hoy sufrimos es la que se debe conocer de manera exponencial, que no se olviden los motivos del por qué la debacle nacional que ahora se enfrenta con medidas patriotas, valientes y necesarias nunca antes adoptadas.

Hay que empoderar al pueblo, cumplir con la protesta de hacer cumplir la ley. Entender cada uno de los abusos cometidos y diseñar desde lo alto de la jerarquía legal, la normatividad necesaria para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro.

La comisión de la verdad se debe constituir con toda fortaleza plural y moral, no con una intención de escaparate o de venganza política, sino como un acuerdo nacional de reconciliación con el pasado, rendición de cuentas, transparencia y paz.

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