El mes de agosto de este 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, encabezado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó su informe respecto de cuáles serían las rutas posibles para llevar a cabo una transición hacendaria que permita llevar a cabo una reestructuración tributaria, a la par de un conjunto de reformas estructurales al sistema de pensiones y a los sistemas educativos y de salud en su conjunto; con la finalidad de darle viabilidad financiera, pero, sobre todo, mejorar las condiciones de vida en el retiro laboral de las personas.

Es de subrayarse que este documento es presentado por un diputado del partido Morena, que tiene una presencia y trayectoria relevante en la izquierda mexicana. Por lo que una cuestión de suma relevancia sería conocer qué piensa el Presidente de la República de esta propuesta; cómo ha sido leída por el gabinete, particularmente por la Secretaría de Hacienda, y cómo ha sido recibida al interior de su bancada en San Lázaro.

El informe es amplio y ofrece información para discutir un conjunto de propuestas de reforma integral. Entre ellas, destaca, sobre todo, el punto de partida del diagnóstico general: el sistema fiscal vigente en el país nos ha situado en una condición de precariedad e insuficiencia recaudatoria que tiene efectos regresivos, todos ellos fuentes de inequidad, en detrimento de las condiciones de vida de las familias más pobres.

De acuerdo con el documento presentado, hay seis factores que motivan la necesidad de ampliar y robustecer al espacio fiscal nacional: la educación, la salud, el sistema de cuidados, la inseguridad pública y la creciente demanda de inversión en el sector hídrico, todos ellos factores que enfrentaban problemas estructurales antes de la crisis, pero que se han recrudecido a partir de las emergencias sanitaria y económica provocadas por la pandemia de covid-19.

En ese sentido, el reporte pone en evidencia la fractura y el desbordamiento del sistema de salud que la pandemia ha generado; pero cuya crisis se ha profundizado, llevando a millones de personas a la enfermedad y la muerte. Pues si los indicadores presentados se traducen en todas sus implicaciones sociales, a lo que alude es a la compleja realidad de la pobreza, la desesperanza, la vida en el límite de las carencias.

Quizá una de las características más interesantes del documento se encuentra en que identifica cuáles podrían ser las prioridades de gasto para los siguientes años en México. Frente a ello, sin embargo, la conclusión para todos los rubros es que se requiere de la ampliación del espacio fiscal nacional, y ello exigiría, sin duda, la creación de nuevos impuestos o la elevación de las tasas ya existentes, bajo esquemas de mayor progresividad; incrementar las fuentes de ingresos no fiscales y no contributivas, y eficientar la calidad del gasto público.

Implementar de manera adecuada las medidas que se plantean en el documento citado requiere de un intenso trabajo de diálogo político en la Cámara de Diputados, sobre todo ahora que inicia una nueva Legislatura, y esto debe concitar tanto a los partidos con mayor número de legisladoras y legisladores como de aquellos que se encuentran en la oposición y cuyas posturas deben abonar a un diálogo de la República en su conjunto.

Si se lee con atención, el documento en realidad apunta a reconstruir el pacto social nacional, pues lo que está planteando en el fondo es a quién se le cobran impuestos; en qué medida y cómo se distribuyen estos recursos, tanto desde la perspectiva del criterio territorial como en lo relativo a la definición de prioridades de gasto.

Es deseable que este diagnóstico se retome con la seriedad debida en el debate sobre la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022, y que México pueda avanzar decididamente hacia la consolidación de las bases que se requieren para un nuevo Estado de bienestar.

Al igual que en otras ocasiones, inducida ahora por grupos feministas radicales y promotores de la llamada ideología de género, impuesta a los gobiernos desde el exterior, la Suprema Corte de Justicia dará paso al debate sobre la protección debida a la vida humana desde el momento de la concepción y la supuesta defensa del (no) derecho de privar de la existencia al no nacido, vía la legalización de la práctica criminal del aborto…

Este mismo día, en efecto, o, de así acordarse, en el curso de la semana, el máximo tribunal judicial intentará satisfacer a activistas afines al partido del gobierno (Morena) que, con apoyo ahora de una propuesta del ministro Luis María Aguilar y su par, el cuestionado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pretenden ignorar la naturaleza humana del feto desde el momento mismo de la concepción y, presumiblemente, defender el derecho de la mujer a elegir y decidir sobre su cuerpo —“aun cuando sobran evidencias de que el no nacido no es parte de aquel, sino un ser humano independiente”—, aun a costa de “legitimar el derecho a matar”.

Ante tal posibilidad, activistas defensores de la vida, la familia y el matrimonio entre hombre y mujer, así como el primer nivel de la jerarquía católica —la presidencia de la Conferencia del Episcopado, a cargo del arzobispo Rogelio Cabrera, y la Arquidiócesis Primada de México, que lidera el cardenal Carlos Aguiar— entre otros, exigieron a la Corte no ceder a presiones y apegar sus decisiones al mandato de la Constitución que protege “la maternidad responsable” y la vida, y al cúmulo de tratados y acuerdos internacionales sobre la materia signados por México.

Más, a la vista la encuesta que de varios días a la fecha fue entregada a todos y cada uno de los ministros en que, de manera más que clara, queda en evidencia que en tiempos en que, un día sí y otro también, se aboga “por escuchar la voz del pueblo” y se justifican en ella cualquier cantidad de absurdos, “dos de cada tres mexicanos manifiestan estar en contra del aborto, la vida es visto como un derecho enormemente superior al derecho a aborto” y, en otras de sus partes, que sólo una parte del segmento más joven manifiesta estar a favor de privar de la vida al no nacido en el seno de sus madres , aun cuando “no es un porcentaje significativamente superior”…

La pregunta, pues, es una: ¿legitimará o no la Corte el “derecho” a matar?

asteriscos

* Apenas atinada la decisión del emecista Enrique Alfaro de tomar a broma —“ahora sí que para no recordarles algo”, diría alguno— el supuesto apoyo del gobierno central para enfrentar potenciales problemas a causa del retorno a clases de 1.5 millones niños y jóvenes jaliscienses: tres termómetros, tres galones de sanitizante y otros más de gel y jabón, y 30 cajas de cubrebocas. Ahora sí que, como dijo, ¡ni se hubieran molestado!...

* De no creerse el ofrecimiento del dirigente con licencia de Acción Nacional, Marko Cortés, quien afirma que entre la fecha y el 23 de octubre próximo, acompañado de la diputada Cecilia Patrón, quien sería secretaria general del CEN en caso de ganar, recorrerá el país entero en busca de apoyo a su eventual reelección…

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.

El descubrimiento de este arquéologo aficionado se produjo hace unos seis meses, pero se había mantenido en secreto hasta ahora