En mil 10 días de gobierno —que se cumplieron el domingo pasado— fueron asesinadas en México 100 mil 56 personas, prácticamente un centenar al día.

El dato lo leí ayer en la cuenta de Twitter de Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, y se desglosa de la siguiente manera: 3 mil 91 en diciembre de 2018, 36 mil 661 en 2019, 36 mil 597 en 2020, 23 mil 318 entre enero y agosto de 2021 y 407 en los primeros cinco días de este mes. La fuente de las primeras tres cifras es el Inegi, la cuarta es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la última es del reporte diario que realizan las fiscalías.

Son 99 homicidios por día en promedio. Cuatro por hora. Uno cada 15 minutos. Es más o menos el mismo monto de civiles fallecidos en la guerra civil de Siria en los primeros siete años de ese conflicto (2011-2018), de acuerdo con el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Y la cifra no contempla los 21 mil 546 desaparecidos que se acumulan en lo que va del sexenio, de acuerdo con el dato que dio hace dos meses la Secretaría de Gobernación.

Es cierto que la violencia criminal no la creó este gobierno. Pero en los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se tardó mucho más en alcanzar esa espeluznante marca: 29 meses más en el primero y 18 meses más en el segundo, de acuerdo con Márquez.

El especialista me dijo ayer en Imagen Radio que en abril del próximo año se alcanzarán los 120 mil asesinatos, misma cifra de todo el periodo de Calderón. Y si siguen las cosas como van, a un ritmo de 100 homicidios al día, en 17 meses —es decir, en abril de 2023—este sexenio se habrá convertido en el periodo más violento desde la Guerra Cristera (1926-1929), que dejó unos 250 mil muertos, en un país que tenía entonces menos de 13 millones de habitantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha querido matizar la acumulación de asesinatos diciendo que su gobierno ha detenido su ritmo de crecimiento. También ha dicho que la responsabilidad de esa cifra roja debe buscarse en los sexenios anteriores, particularmente en el de Calderón, por los malos resultados que dieron las políticas de seguridad de entonces. En ambas cosas tiene algo de razón, pero el principal problema de esa lógica es que choca con las expectativas ciudadanas que se formaron a partir de sus propios dichos.

El tabasqueño fue elegido abrumadoramente, entre otras razones, porque ofreció poner fin a la inseguridad, cosa que ni Calderón ni Peña Nieto lograron. Siendo candidato prometió, en una entrevista, que la violencia se terminaría al día siguiente de la elección de 2018 porque las razones para delinquir se habrían acabado. Luego, ya como Presidente, aseguró, en abril de 2019, que en seis meses habría resultados en materia de seguridad. Agotado ese plazo, pidió un año más. Y nada.

López Obrador ha hecho lo que dijo que iba a hacer: atender “las causas” de la inseguridad, mediante programas sociales, y crear la Guardia Nacional, como una institución centralizada de prevención de la delincuencia y factor de disuasión. Para ambas cosas ha contado con los votos en el Congreso de la Unión.

En meses recientes, ha querido depositar en los gobiernos estatales la responsabilidad de reducir la violencia. Es cierto, una gran parte de los homicidios son del fuero común, pero ¿quién optó por financiar a la Guardia Nacional por encima de la evidente necesidad de contar con corporaciones municipales de seguridad pública bien entrenadas y equipadas?

No creo que lo haga, pero ya sería momento de que el Presidente reconozca que su estrategia no ha funcionado e impulsar un pacto con todas las fuerzas políticas para diseñar una alternativa. La violencia no beneficia a ninguna de ellas, como pronto se darán cuenta los nuevos gobernadores morenistas.

Es momento de un cambio. Como dice Márquez, el sexenio de Calderón, en el que se declaró la guerra a los criminales, resultó menos violento que éste, que declaró terminada esa guerra.