¿Hacia una nueva transición hacendaria?

El mes de agosto de este 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, encabezado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó su informe respecto de cuáles serían las rutas posibles para llevar a cabo una transición hacendaria que permita llevar a cabo una reestructuración tributaria, a la par de un conjunto de reformas estructurales al sistema de pensiones y a los sistemas educativos y de salud en su conjunto; con la finalidad de darle viabilidad financiera, pero, sobre todo, mejorar las condiciones de vida en el retiro laboral de las personas.

Es de subrayarse que este documento es presentado por un diputado del partido Morena, que tiene una presencia y trayectoria relevante en la izquierda mexicana. Por lo que una cuestión de suma relevancia sería conocer qué piensa el Presidente de la República de esta propuesta; cómo ha sido leída por el gabinete, particularmente por la Secretaría de Hacienda, y cómo ha sido recibida al interior de su bancada en San Lázaro.

El informe es amplio y ofrece información para discutir un conjunto de propuestas de reforma integral. Entre ellas, destaca, sobre todo, el punto de partida del diagnóstico general: el sistema fiscal vigente en el país nos ha situado en una condición de precariedad e insuficiencia recaudatoria que tiene efectos regresivos, todos ellos fuentes de inequidad, en detrimento de las condiciones de vida de las familias más pobres.

De acuerdo con el documento presentado, hay seis factores que motivan la necesidad de ampliar y robustecer al espacio fiscal nacional: la educación, la salud, el sistema de cuidados, la inseguridad pública y la creciente demanda de inversión en el sector hídrico, todos ellos factores que enfrentaban problemas estructurales antes de la crisis, pero que se han recrudecido a partir de las emergencias sanitaria y económica provocadas por la pandemia de covid-19.

En ese sentido, el reporte pone en evidencia la fractura y el desbordamiento del sistema de salud que la pandemia ha generado; pero cuya crisis se ha profundizado, llevando a millones de personas a la enfermedad y la muerte. Pues si los indicadores presentados se traducen en todas sus implicaciones sociales, a lo que alude es a la compleja realidad de la pobreza, la desesperanza, la vida en el límite de las carencias.

Quizá una de las características más interesantes del documento se encuentra en que identifica cuáles podrían ser las prioridades de gasto para los siguientes años en México. Frente a ello, sin embargo, la conclusión para todos los rubros es que se requiere de la ampliación del espacio fiscal nacional, y ello exigiría, sin duda, la creación de nuevos impuestos o la elevación de las tasas ya existentes, bajo esquemas de mayor progresividad; incrementar las fuentes de ingresos no fiscales y no contributivas, y eficientar la calidad del gasto público.

Implementar de manera adecuada las medidas que se plantean en el documento citado requiere de un intenso trabajo de diálogo político en la Cámara de Diputados, sobre todo ahora que inicia una nueva Legislatura, y esto debe concitar tanto a los partidos con mayor número de legisladoras y legisladores como de aquellos que se encuentran en la oposición y cuyas posturas deben abonar a un diálogo de la República en su conjunto.

Si se lee con atención, el documento en realidad apunta a reconstruir el pacto social nacional, pues lo que está planteando en el fondo es a quién se le cobran impuestos; en qué medida y cómo se distribuyen estos recursos, tanto desde la perspectiva del criterio territorial como en lo relativo a la definición de prioridades de gasto.

Es deseable que este diagnóstico se retome con la seriedad debida en el debate sobre la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022, y que México pueda avanzar decididamente hacia la consolidación de las bases que se requieren para un nuevo Estado de bienestar.