La democracia, como forma superior de gobierno,
                no puede ser pervertida o degradada con conductas
                de “prestidigitación política”.

Hace unos días el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México (USEM), la Fundación Konrad Adenauer y la Consultoría PoliLat, llevó a cabo la presentación del Índice de Desarrollo Democrático (IDD) de México 10 años: evaluación y retos de la democracia.

En dicho índice (este documento evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país) se destaca que: “De las dimensiones de la democracia mexicana, la electoral es la mejor evaluada” (reconocimiento nacional e internacional).

Establece, asimismo, que el voto libre para la ciudadanía garantiza la equidad, lo que permite que ésta pueda decidir a través del sufragio si hay alternancia o no.

• Advierte como signos ominosos, promesas incumplidas del proceso de transición de este régimen de gobierno a la democracia, como la pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, violencia e inseguridad. Falta una tarea muy grande para fortalecer el Estado de derecho, puntualiza.

Finalmente, concluye con la exigencia, como puntos esenciales, de: fortalecer la participación ciudadana, transformar el sistema de justicia, desarrollar más ampliamente una cultura política que privilegie la libertad de expresión, revertir el avance del crimen organizado, evitar la violencia institucional, anular la polarización y división de los mexicanos, asegurar la equidad de género y de oportunidades, acelerar la inclusión social, económica y política de los sectores excluidos.

Una suma mayúscula de asignaturas no cumplidas y que con una “prestidigitación política”, que se puede apreciar con algunos ejemplos muy obvios, tales como una consulta popular ociosa e innecesaria o un informe de gobierno plagado de inexactitudes e imprecisiones y, que crean un ambiente ilusorio, que, con habilidad e ingenio, ocurrencia y hasta capricho, produce artificialmente en algunos espacios sociales, efectos de “bienestar” y desarrollo.

La incongruencia de la gobernanza (eficacia, calidad y buena intervención del Estado con la consecuente legitimidad) carente de interrelación con el necesario equilibrio de gobierno y sociedad civil, que propugne un desarrollo estable y se funde en los principios constitucionales inherentes a nuestra democracia republicana, ha provocado incertidumbre e incredulidad social, por la notoria contradicción, con la consecuente descomposición del gobierno, por la decadencia de los principios que ofreció en el inicio de su gestión.

La Cámara de Senadores aprobó ayer la Ley Federal de Revocación de Mandato. El senador Monreal operó hábilmente para retirar la reserva presentada por senadores de Morena y, adujo que la razón era por no lograr consenso con todas las fuerzas parlamentarias y agregó: “que se retiraba tal propuesta para evitar se judicialice el ordenamiento y dar motivos para que de nueva cuenta impere la confrontación y la polarización”.

Las implicaciones de este proceso (a cargo de manera directa del INE) que, mediante una previa consulta popular se llevaría a cabo, si así lo determina el tres por ciento de electores inscritos en la lista nominal, distribuidos en 17 estados; serían graves y atentatorios del voto popular directo, libre y secreto, pues en caso de revocación, asumiría la Presidencia de manera inicial por treinta días el presidente del Congreso, para posteriormente terminar el periodo constitucional, aquel que decidiera el propio Congreso.

¿Estaremos una vez más ante un acto de “prestidigitación política”?