En México es muy alto el precio a pagar por la libertad de expresión. Van cuatro periodistas asesinados en un mes y 53 en lo que va del sexenio. Son diez más que los normalistas de Ayotzinapa, pero no son rentables políticamente. Nunca, en ningún sexenio, había corrido tanta sangre de reporteros, fotoperiodistas, editorialistas. Cada que cae uno escuchamos en Palacio Nacional el mismo estribillo: “No somos iguales, la diferencia es que hoy no hay impunidad”. ¿No hay impunidad? La realidad, admitida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es que nueve de cada diez asesinatos de periodistas han quedado sin sentencia en estos tres años. Ayer mataron a Roberto Toledo en Zitácuaro. Tres sicarios para eliminar a un hombre cuya única defensa —como bien dijo Armando Linares López, director de Monitor Michoacán— era una pluma, un lapicero, una libreta. Su muerte se suma a la José Luís Gamboa, en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana, todas ocurridas en enero de 2022. Nombres que, muy pronto, quedarán en el olvido, mientras sus victimarios andarán, por allí, cobrando por otras “chambas”. Toledo era editorialista de Monitor Michoacán, un medio digital que reiteradamente había recibido amenazas de muerte por “exhibir a funcionarios y políticos corruptos”, dijo el director Linares, en un video en el que se le quebró la voz. Las amenazas fueron cumplidas ayer. “¡Malditos aquellos que atentaron contra la vida de un inocente!”, remató con dolor e impotencia.

* De la situación que vivimos en el país hablamos con el senador Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exombudsman capitalino y, desde ayer, vicecoordinador del Grupo Plural en la Cámara alta. De entrada, nos dice que todos los indicadores en derechos humanos, en este gobierno, no sólo están en alarma, sino en crisis. “Así como van las cosas, este gobierno va a acabar con el peor registro en los indicadores en materia de periodistas asesinados, defensores de derechos humanos, personas desaparecidas, homicidios violentos. Este gobierno está rebasando los niveles dramáticos de las épocas de Calderón y Peña, en tres años. No se está entendiendo que se requiere el músculo del Estado para revertir, no sólo en términos de los ataques más dramáticos, sino la acción de la justicia. Aquí, la Fiscalía autónoma está resultando absolutamente omisa. No entiende el Presidente que una de las derrotas más importantes de Calderón y Peña fue justo en la agenda de derechos humanos.

“Hoy no sólo tenemos más violencia, más homicidios, sino un proceso de militarización en todos los órdenes y frentes. Justo lo que ofreció este gobierno, en términos de momento país, es lo contrario que estamos viviendo. Hay una parte importante del movimiento de derechos humanos desactivado, desmovilizado, bien porque se sienten partícipes de este grupo, bien porque no quieren criticar al gobierno, bien porque no quieren salir en las mañaneras”, puntualizó.

* Un ejemplo de la forma como los morenos subordinan el tema de los derechos humanos a la grilla lo dio el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la reunión plenaria de los senadores guindas, al hablar de la Comisión Especial para Investigar Abusos y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. Mas importante que los derechos de centenas de veracruzanos encerrados en las cárceles de esa entidad por el delito de “ultrajes a la autoridad” —propio de una dictadura— es cuidar la imagen de un gobernador de Morena, a fin de no darle armas a la oposición. Va lo que dijo Adán, con Ricardo Monreal a un costado: “Esa comisión a lo mejor beneficiaba más los intereses políticos de la oposición que los intereses políticos de este grupo parlamentario. “Imagínense, y se los digo con todo el respeto, nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento”. Sabemos que Monreal tuvo que enmendar el rumbo. Nos cuentan que en la Junta de Coordinación Política reconoció que, con los senadores que le son leales, podía mantener viva la polémica comisión, pero eso significaba sacrificar la unidad del grupo parlamentario. Optó por no dividir. Su gesto fue bienvenido en la mañanera de ayer. El presidente López Obrador dijo que las puertas de Palacio Nacional están abiertas no sólo para Monreal, sino hasta para los adversarios. Reconoció que el senador de Zacatecas es uno de los precursores de Morena. Hay quien afirma que Monreal se juega su última carta como coordinador parlamentario con la reforma eléctrica. “Si no se aprueba, lo remueven”, vaticinó un senador de oposición.

* La última y nos vamos: la expetista Nancy de la Sierra ya es la nueva coordinadora del Grupo Plural en el Senado.

Los problemas, las crisis, grandes o pequeñas, personales o institucionales, comienzan a acumularse en la administración López Obrador y el propio estilo de gobernar del mandatario, centralizando todo lo posible la toma de decisiones, incluso dejando de lado a su gabinete, la tendencia a fijar metas macro sin vigilarlas de cerca mientras se dedica acuciosamente al micromanagement, convierten al Presidente en el pararrayos de todas esas crisis ante las cuales sencillamente no hay fusibles.

Los capítulos conflictivos se suman y dos son los más delicados: la economía y la violencia. Según datos oficiales, estamos ya en recesión: la economía volvió a caer en el último trimestre de 2021, un 0.1%, es el segundo trimestre consecutivo en que cae la economía y ante la creciente presión inflacionaria ya hay analistas que piensan que estamos en una estanflación, una de las situaciones más críticas porque las medidas que se pueden adoptar para reducir la inflación aceleran el estancamiento económico y, por el contrario, las que buscan impulsarlo generan mayor inflación.

La situación económica es crítica, pero nadie parece estar asumiéndolo plenamente. Y se trata de un problema de política interna: la pandemia nos pegó como a toda la economía mundial, pero durante 2021 la enorme mayoría de las economías han recuperado lo perdido, sobre todo Estados Unidos, y ni siquiera con ese motor adicional hemos podido regresar a los niveles previos a la pandemia. Pero recordemos que no crecemos desde el inicio del sexenio: la pandemia agudizó la situación, pero el problema es anterior a ella. Y pasa por dos capítulos: la certidumbre jurídica y las inversiones. La primera está muy deteriorada y las segundas están en franca caída libre. Y es una situación que ha creado la propia administración federal con decisiones erráticas y poco confiables, como la propuesta de reforma eléctrica o proyectos de inversión pública, cuyos beneficios son por lo menos dudosos.

Tampoco ayuda la creciente inseguridad. Enero está registrando muy altos índices de violencia, incluyendo enfrentamientos de grupos criminales contra las fuerzas de seguridad cualitativamente diferentes a los del pasado inmediato, como lo estamos viendo en Michoacán y otros estados. Los grupos criminales están empoderados, se sienten lo suficientemente fuertes como para desafiar al Estado e incluso para influir en aspectos económicos, como el incremento del precio de productos básicos, desde el limón al aguacate. La crisis de la seguridad es inocultable y el asesinato, ayer, de un cuarto periodista en este mes de enero, sólo puede agudizarla.

Otro tema que ha pasado desapercibido, pero que cuando estalle generará otra crisis, es la propuesta que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, con el apoyo de la bancada de Morena, para modificar el sistema de notarios en el país con cambios importantes al artículo 121 de la Constitución.

La historia la contó mi compañera Bibiana Belsasso en su columna Bajo Sospecha, el pasado jueves 27 de enero. La iniciativa incluye diversos puntos, pero el central, el importante es que se plantea que, al cumplir 75 años, cualquier notario perderá su licencia como tal. ¿Por qué razón, estando en perfecto estado de salud física y mental, siendo un notario público reconocido y confiable, le quitarán su licencia, su derecho a trabajar, a un notario sólo porque tiene 75 años?.

La propuesta fue presentada por la senadora Sánchez Cordero en la Comisión Permanente y tiene el apoyo de Morena. Propone modificar el artículo 121 de la Constitución (es una reforma que necesitaría dos terceras partes del voto de los senadores). Si se aprueba sólo en la CDMX el gobierno federal tendría en su manos la entrega de 50 nuevas notarías, mientras deja fuera a los notarios más influyentes del gremio. Ese parece ser el único objetivo de esta reforma. No tiene sentido y menos aún cuando en el gobierno federal sobran los funcionarios que superan con amplitud esa edad y ocupan posiciones estratégicas. La propia Olga tiene 74 años y su esposo y otros familiares tienen notarías muy importantes, el fiscal Gertz Manero tiene 82; Manuel Bartlett, 85 años; al igual de Bernardo Bátiz; Porfirio Muñoz Ledo, 88; el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis. 78 años, y la lista pudiera continuar.

Insistimos, la iniciativa no tiene lógica porque, además, la carrera de notario y el lograr tener una notaria propia suele implicar años de formación y práctica. En general, la edad mínima que tiene un notario es 40 años, y no en todos los estados, pero sí en la Ciudad de México todos los notarios deben concursar, tomar cursos de actualización y estar preparados con buen nivel porque sus responsabilidades legales son cada vez mayores.

Sin duda, como explica Bibiana en su reportaje, hay en ese gremio oportunistas o personajes que terminan siendo beneficiados con una notaría por favores prestados a un gobernador o un presidente. También, algunos que no se han capacitado suficientemente. Tampoco parece tener sentido el heredar, sin más y como en ocasiones ocurre, una notaría. Pero esas son las excepciones que pueden remediarse analizando caso por caso.

Independientemente de eso, no veo razón alguna para deshacerse de los notarios mayores de 75 años, más que el tener en manos de la actual administración la oportunidad de designar discrecionalmente decenas de notarios en todo el país. Y vaya que eso significa quedarse con una significativa porción de poder.