1.  Plan B. Una vez que la reforma sobre las Fuerzas Armadas se encontró con un dique en el Congreso, y con los días contados para volver a presentarla para su posible aprobación, está en manos de Jorge Carlos Ramírez Marín la “contrapropuesta” de la nueva alianza Morena-PRI, para tratar de convencer a los rudos de la oposición. Será presentada este lunes, y nos anticipan que el senador tricolor se pronunció a favor de construir en comisiones de la Cámara alta una propuesta de seguridad diferente a la minuta que llegó de la Cámara de Diputados. Sólo así, confía, obtendrán el apoyo de los partidos que dijeron “no” esta semana. La propuesta es que el Congreso participe en la política de seguridad del país, lo nunca visto. Va por ahí.

2. En lo que son peras o son manzanas… Con base en las atribuciones y obligaciones conferidas en el artículo 9º de la Ley de la Guardia Nacional, en Quintana Roo y Veracruz elementos de la GN organizaron jornadas de prevención del delito en planteles escolares. En Chetumal, impartieron a la comunidad estudiantil y docente conferencias de prevención de la violencia, ciberseguridad y medidas de autocuidado. En Alvarado y Boca del Río, Veracruz, brindaron conferencias sobre prevención del delito y cultura de la denuncia. En lo que el Congreso decide qué hacer con la propuesta del presidente López Obrador, la GN se gana el respeto de la comunidad. Y lo más difícil, la confianza total.

3. Va derecho. El senador Ricardo Monreal presentó su libro Otro campo es posible, en un encuentro donde le acompañaron los gritos de “¡presidente!” Destacó que, de llegar, trabajará para que México sea un país próspero, que escale a mejores niveles de desarrollo social económico y político, por lo que, una vez que lleguen los tiempos formales, se inscribirá en el proceso interno de Morena para suceder en el cargo a López Obrador. “He decidido que, una vez que llegue el tiempo formal para inscribirse a participar en las contiendas, me voy a inscribir”, confirmó. O sea: voy derecho, no me quito. El abanico se extiende en Morena, lo que no sucede en otros partidos. Y hay tela de donde cortar; en algunos casos muy buena tela. 

4. Costosa distracción. El funcionario de la Cuarta Transformación más contrapunteado ha resultado ser el héroe científico que día a día fue informando del avance y las estrategias contra la pandemia, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. El desgaste llegó por obvias razones, pues nada pudo detener el avance mortal causado por el virus covid-19. Sin embargo, aunque los opositores no lo acepten, funcionaron mejor de lo que se esperaba las medidas de contención, sobre todo las vacunas, conseguidas en su mayoría por gestiones del canciller Ebrard. Por eso enoja que 5 millones  hayan caducado. ¿A quién le lanzamos rayos y centellas?

5. Grifo abierto. La ubicación geográfica y las cualidades económicas que tiene México han convertido a su territorio en un imán para los inmigrantes. El Instituto Nacional de Migración, dirigido por Francisco Garduño Yáñez, aseguró en un día a 3,263 migrantes originarios de 50 países, “con lo que se evitó que su vida corriera peligro a su paso de manera irregular por territorio mexicano”. El INM informó que, de las personas detenidas el pasado 22 de septiembre, 2,886 son mayores de edad (2,109 hombres y 777 mujeres); 377 menores (234 hombres y 143 mujeres), de los que 318 iban acompañados de un adulto y 59 viajaban solos. La llave del grifo está abierta. Urge hacer algo.

La digitalización de las empresas en México sigue avanzando pese a las presiones por el escenario internacional y la alta inflación, explicó el director general de Salesforce México, Hugo E. Freytes. Foto: iStock

Por Blanca Lilia Ibarra Cadena

En memoria de 43 estudiantes y las miles de personas desaparecidas en México. 

Iguala es un municipio de la región norte del estado de Guerrero, en México, testigo de uno de los sucesos más lastimosos para el país. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar huella, pero si una dolorosa herida aún abierta en la sociedad.

A ocho años de este lamentable suceso, que a la postre se convertiría en uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos en nuestro país, es momento de poner a las víctimas en el centro de los esfuerzos, de esclarecer las actuaciones, de terminar con la impunidad, de develar la verdad.

La desaparición forzada de personas es un problema mundial que representa una grave violación a los derechos humanos, pues, además de violentar a las víctimas y a sus familias, esta problemática genera un sentimiento de inseguridad que alcanza a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

En diversos pronunciamientos, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su preocupación por la cultura de la impunidad en esta práctica, pues además de agravar el sufrimiento y la angustia de las familias, se considera que la impunidad podría vincularse con el aumento en la probabilidad de que se produzca un mayor número de casos. Por ello, instó a avanzar hacia la rendición de cuentas y garantizar el derecho de las familias y las sociedades para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

En el caso concreto de nuestro país, de acuerdo con el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones, con un porcentaje superior a 98 por ciento. Los casos en dicho periodo habían reflejado una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas, y podrían estar estrechamente relacionados con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”. 

En este punto, se considera pertinente recordar que, hasta el 31 de mayo de 2022, se tenía un registro de 100 mil 447 personas desaparecidas en México, más de 83.7% de los casos se habían asentado entre 2006 y 2022.

El caso Ayotzinapa, como los otros miles de desaparición forzada, requiere transparencia y acceso a la información para conocer la verdad, porque es un derecho de las víctimas y sus familiares. Buscar, recibir y difundir información para conocer las circunstancias y el paradero de las personas desaparecidas es un derecho que no debe limitarse.

Por ello, desde 2014, la sociedad ha realizado mil 508 solicitudes de información dirigidas a autoridades como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Defensa Nacional, entre otras. Asimismo, en el Inai hemos resuelto 158 recursos de revisión solicitando a las autoridades la apertura de información para conocer las actuaciones, investigaciones y, sobre todo, la verdad del caso.

Esa lastimosa problemática no puede arraigarse como un modelo continuo de impunidad, no por las víctimas, sus familiares, su comunidad y la sociedad en su conjunto, pues si bien, no puede remediarse el dolor de la ausencia, debemos brindar las condiciones necesarias para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y de no repetición.