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Historia y Cultura

Desapariciones, al alza

 

Pascal Beltrán del RíoPascal Beltrán del Río               
 
Bitácora del director
 
 

Siete mujeres en Guanajuato, otras tres en Nuevo León, cuatro hombres en Tamaulipas… Las noticias sobre personas ausentes se multiplican en el país.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, operado por la Comisión Nacional de Búsqueda, dan cuenta de 2 mil 171 casos en lo que va de 2023, un promedio de 29.3 al día, uno cada 49 minutos.

Doce demarcaciones concentran la quinta parte de las ausencias que se han registrado este año. La lista la encabeza Fresnillo, Zacatecas, con 57; le sigue Ecatepec, Estado de México, con 51; Uruapan y Morelia, Michoacán, tienen 42 cada uno; después vienen los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, con 38, 35, 34 y 32, en ese orden; luego, las alcaldías capitalinas de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con 27, 26 y 24, respectivamente, y Zacatecas capital, con 23. 

Por entidad federativa, la mayor parte de las desapariciones anotadas este año en el Registro han ocurrido en el Estado de México (583), Michoacán (213), Zacatecas (192), Ciudad de México (171), Morelos (129), Nuevo León (100) y Veracruz (99).

La manera tan rápida con la que, a principios de este mes, dio la autoridad con el paradero de los cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros –dos de los cuales fueron localizados sin vida– contrasta con la falta de eficacia para atender las situaciones de desaparición que se acumulan desde hace años y las que siguen ocurriendo.

Apenas acababa de resolverse aquel capítulo cuando se dio a conocer la desaparición de ocho mujeres en Celaya, seis de ellas en un mismo episodio, de las cuales solamente una ha sido localizada. También se desconoce el paradero de tres mujeres residentes en Texas, quienes viajaron a Nuevo León para vender ropa, y cuatro hombres que fueron levantados cuando acudieron a un convivio en Miguel Alemán, Tamaulipas.

Las más de 112 mil ausencias que hay en México –acumuladas desde 1964– no tienen el mismo impacto informativo que los homicidios dolosos, pero son una muestra inequívoca de la descomposición del clima de seguridad que sufre el país. 

No puede ni debe dejar de reclamarse la inacción de las autoridades federales y estatales ante este grave problema, sobre todo cuando día tras día se añade una treintena de casos más al registro de personas desaparecidas, que de por sí ya supera los 35 mil en lo que va del sexenio, de los cuales cerca de 10 mil son de mujeres. 

Cuando falta año y medio para que termine el periodo presidencial, éste pinta para ser uno de los peores legados de Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, prometió que resolvería la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ofrecimiento que no se encuentra ni cerca de cumplir.

Colectivos que buscan a personas ausentes se quejan no sólo de la falta de sensibilidad y atención por parte de las autoridades, sino también del incumplimiento de medidas básicas para que se puedan entregar los restos que van encontrando, sin ayuda oficial, en fosas clandestinas. Una de esas medidas es la integración de una base nacional de datos genéticos que ayude a cerrar los casos.

Un gobierno que pretende aclarar algunos hechos oscuros de la historia reciente, como la llamada guerra sucia de los años setenta, no debiera flaquear a la hora de buscar a las personas que se han esfumado durante su mandato ni mostrar tanto desinterés en resolver levantones y secuestros cuando los afectados no son extranjeros.

 

BUSCAPIÉS

La voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quedó grabada diciendo que fueron “ejecutados” los cinco jóvenes que murieron en un encontronazo con soldados en Nuevo Laredo el 26 de febrero pasado. Pero más tardó en decir eso que en llamar a los medios de comunicación para desmentirse. ¿Así de fuertes habrán estado las presiones?

Paradoja

  

 
 
 

Paradojas

Yuriria SierraYuriria Sierra             
 
Nudo gordiano 
 

Semanas convulsas si hablamos de la agenda militar. El Ejército, ese brazo de defensa de cualquier Estado en el mundo, en nuestro caso ha estado cada vez más presente en el escenario nacional. La última sacudida la dio ayer el subsecretario de Derechos Humanos de Segob. Alejandro Encinas, habló sobre los cinco jóvenes asesinados hace dos semanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas: “No se trató de un enfrentamiento fueron ejecutados. Esperemos que vengan las conclusiones de la CNDH para dar cuenta de lo que pasó, hay evidencias de que no iban armados…”, afirmó frente a reporteros en la Cámara de Diputados. El 26 de febrero pasado, los jóvenes, siete en total, iban a bordo de una camioneta a la que militares les habrían marcado el alto, tras no detenerse, les dispararon. Fueron decenas de disparos, en uno de los cinco cuerpos de quienes murieron, se contabilizaron 12 disparos, en otro 10. Cuatro militares involucrados en este hecho están detenidos y vinculados a proceso. 

El domingo pasado, más de medio millar de familiares de militares en activo y retiro marcharon por Paseo de la Reforma, su exigencia fue una: la liberación de estos cuatro elementos del Ejército. Esto se replicó en al menos 20 ciudades más en el país. En todas las movilizaciones también pidieron a Andrés Manuel López Obrador dotar a los militares de mejores protocolos ante agresiones de los grupos criminales: “¡Se te olvidó cuando dijiste que también son pueblo!”, expresaron. Sin embargo, desde que la convocatoria comenzó a difundirse, el Presidente la descalificó como ha hecho con otras que señalan fallas de este gobierno. Ayer habló sobre el tema: “Tengan confianza que si sus familiares son inocentes, si no cometieron ningún delito van a ser atendidos, escuchados y liberados si son inocentes…”, pero esto fue previo a la revelación de Encinas, el adelanto de la investigación.

Paradoja militar. El gobierno tiene hoy por resolver este caso, que no es aislado, que pone en duda la operación efectiva del Ejército en tareas de seguridad pública. En agosto pasado, también en Nuevo Laredo, Heidi, una pequeña de apenas cinco años, murió de una bala en la cabeza, viajaba junto a su hermanito y la persona que los cuidaba, iban rumbo al hospital para atender un malestar estomacal. El vehículo quedó en medio de un enfrentamiento entre militares e integrantes de un grupo criminal. 

Y todo esto ocurre luego de que se aprobó que el Ejército permanezca en las calles para enfrentar la inseguridad; también luego de que la Sedena vio adherida a sus filas a la GN. En suma, el Ejército creció como nunca antes en el último año. Así lo reveló la plataforma Global Firepower, que analiza datos públicos de ejércitos del mundo. México llegó al lugar 31 en el ranking de poderío de la milicia de 145 países. Avanzó 12 lugares respecto al 2022. Así lo reportó Isabella González en El País: “Coincide con un incremento de 52% del presupuesto gubernamental destinado a los militares en los cinco años de gobierno de López Obrador…”. Es el lugar más alto que el Ejército ha ocupado desde 2006, agrega. Hoy sabemos que así como tareas de seguridad, los militares también se ocupan de al menos 220 funciones: lo mismo construyen y operan aeropuertos y otros megaproyectos, se encargan de la administración de aduanas, coordinan el programa de reforestación Sembrando Vida… y hasta distribuyen vacunas, como sucedió con las de covid-19. 

Más poder, presencia y tareas para el tercer ejército más fuerte de Latam, apenas detrás de Brasil y Argentina, pero los mismos huecos legales y operativos. Un Ejército tan poderoso no tendría ya que estar señalado como responsable de negligencias como las ocurridas en Tamaulipas. Ayer, el Senado aprobó la creación de una Comisión Bicameral para seguir y evaluar el trabajo de las FA en tareas de seguridad pública. Meses después de trabajo legislativo, también después de la ejecución de cinco jóvenes que no estaban armados. 

ADDENDUM 

Por si lo anterior fuera poco, en la coyuntura militar también se anota la revelación del espionaje que sufrió el activista Raymundo Ramos a oídos de altos mandos militares, información que publicó Animal Político y que generó un momento muy incómodo en Palacio Nacional, no sólo por la difusión del espionaje a las actividades de quien se dedica a documentar abusos de militares en la ciudad fronteriza que hoy nos ocupa, también por la confrontación que protagonizó López Obrador con la reportera Nayeli Roldán.

Segundo revés del Poder Judicial al plan B de AMLO

 

Francisco GarfiasFrancisco Garfias

ARSENAL

 

 

El INE le ganó el segundo round al presidente López Obrador: fue reinstalado ayer Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva de Instituto. Prevaleció la legalidad sobre el plan B, concebido para entregar el control del árbitro electoral al autócrata.

La primera medida que preveía el citado plan B era, precisamente, la salida de Jacobo. Pero después de la resolución de una jueza, el secretario ejecutivo se quedará en el cargo hasta que la Corte resuelva, en definitiva, si el cuestionado plan es o no inconstitucional.

Sobre la reinstalación de Jacobo, sin la notificación de un juez al INE, Lorenzo Córdova dijo ayer: 

“No voy a entrar al juego de descalificaciones de las representaciones partidistas, el monopolio de las descalificaciones se las dejo a otros, pero todas las notificaciones son legales”.

El consejero presidente del INE hizo notar que ayer Jacobo Molina fue notificado electrónicamente de la resolución “y él la hizo del conocimiento de esta autoridad.

“Que no haya habido una notificación a la autoridad, que yo no sé si la ha habido en estas horas, pues no necesitamos esperar una notificación de un juez. El desconocimiento del derecho se lo dejo como monopolio a otros”.

El reto que tiene enfrente la Suprema Corte es monumental. De lo que resuelva sobre el plan B depende, no exagero, la democracia en México. 

 
Observadores extranjeros siguen con atención el proceso. El Grupo Eurasia, en un reporte emitido ayer, hace notar que este es el segundo revés contra la administración de AMLO, luego de que el ministro Pérez Dayán detuviera la implementación de la reforma en Coahuila y el Estado de México. 

“Si bien la oficina del Presidente impugnó este fallo, los argumentos de Pérez (Dayán) resaltan el enfoque que puede tomar la Corte contra la reforma.

“Es probable —prosigue— que los desafíos legales continúen aumentando y que la Corte Suprema finalmente suspenda la reforma hasta que pueda pronunciarse definitivamente sobre el asunto, lo que protegería los procesos electorales de 2024. También es probable que anule la mayor parte de la reforma”, subraya Eurasia, cuya sede central es en Nueva York.

* AMLO ha dado señales de lo que piensa del máximo tribunal. El historiador Enrique Krauze, en un artículo publicado en Letras Libres bajo el título de “El Mesías Tropical”, en junio de 2006, nos recuerda las declaraciones que entonces hizo el hoy Presidente:

“La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo. La jurisprudencia tiene que ver precisamente con el sentimiento popular... La Corte no es una junta de gobierno ni un poder casi divino”.

* Desde su llegada a Palacio Nacional, el Presidente ha mostrado, una y otra vez, que está desconectado de la realidad. En la mañanera de ayer se aventó esta perla:

“Es más seguro México que Estados Unidos, y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Eso lo saben los ciudadanos estadunidenses, nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados”, comentó el Presidente.

Y, sin embargo, México no está en un buen puesto en el ranking de paz global. Lo sitúan en el puesto número 137. “Puede considerarse un país peligroso”, según el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz. Estados Unidos ocupa el lugar 129 de 163.

El Departamento de Estado tiene alertas de “no viajar” en seis estados: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Todos gobernados por Morena.

Otros seis están en el rubro “reconsiderar el viaje”: Baja California y Morelos, Morena; Chihuahua y Guanajuato, PAN; Durango (Alianza PAN-PRI-PRD) y Jalisco (MC).

“En estos últimos años es cuando más estadunidenses han llegado a vivir a México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por qué esa paranoia?”, se preguntó AMLO.

* Cuenta Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, que prominentes empresarios y exgobernadores del PRI le han dicho sobre las versiones de MC de que el tricolor ya entregó el Estado de México a Morena a cambio de Coahuila: “Están pendejos si creen que ya está entregada la plaza de antemano…”, le dijeron.

Zambrano, que hizo suyas esas palabras, agregó: “Mucho menos hay que pensar que las elecciones son una farsa. ¿Ustedes creen que con todo lo que significa el papel del Estado de México, particularmente para el PRI, van a aceptar una negociación de esas características?”, preguntó.

El dirigente perredista hizo sus declaraciones en el primero de una serie de foros nacionales sobre gobiernos de coalición.

Además de Zambrano participaron Beatriz Pagés, Luis Espinosa Cházaro, Silvano Aureoles, Karen Quiroga, Karla Jacobo, Édgar Pereyra y Estephany Santiago.

Militares en las calles: señales de crisis

 

 

 

Pascal Beltrán del RíoPascal Beltrán del Río     
Bitácora del director
 
 

Ayer le comenté que llevar al extremo la participación de los militares en tareas de seguridad pública, como ha sucedido durante este gobierno, no ha aportado beneficios a la sociedad –pues los niveles de violencia sólo registran por momentos disminuciones poco significantes–, mientras que para las Fuerzas Armadas ha representado un impacto en su prestigio, así como sobrecarga de trabajo y riesgos adicionales para soldados y marinos. Se ha dicho con insistencia, no sólo en este sexenio, sino en los tres anteriores, que la colaboración castrense en este tema es inevitable, pues las policías municipales y estatales, sobre las que debería recaer primordialmente la atención del problema, están disminuidas, así como mal equipadas y mal entrenadas, y son propensas a ser corrompidas por los criminales.

Aceptando como correcta la anterior aseveración, la solución tendría que haber sido atender el estado de las corporaciones de seguridad civiles, no perpetuar su sustitución por los militares. Y es que eso es lo que sucederá con la reforma, publicada en noviembre pasado, que pospuso hasta 2028 la participación de soldados y marinos en estos menesteres, igual que con aquella que hace seis meses encuadró a la Guardia Nacional en la Sedena. ¿Qué cree usted que pasará en 2028? Evidentemente, se pateará de nuevo el bote, pues no se han tomado medidas para comenzar a construir las policías civiles que requiere el país. Y como los gobiernos estatales están cómodos con el hecho de que quien se ocupe del problema sea la Federación –es decir, el Ejército y la Armada–, no hay incentivos para cambiar. Se dijo que con la primera de las dos reformas mencionadas arriba se avanzaría en dejar de depender de la ayuda militar, pero ayer en estas páginas nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa relató que hace casi dos meses el Senado debió haber nombrado a sus representantes en la comisión bicamaral que vigilará la participación castrense en tareas de seguridad pública y no lo ha hecho.

La integración de dicha comisión fue un compromiso entre Morena y el PRI para lograr el voto de este último partido en la reforma. Si el Congreso no se interesa en ser escrupuloso en el escrutinio, ¿usted cree que le importará prorrogar para siempre este estado de cosas? Por otro lado, en los seis meses que lleva la Guardia Nacional adscrita por ley a la Secretaría de la Defensa Nacional, el número de homicidios dolosos en el país sólo se ha reducido 3% respecto del semestre anterior e incluso ha aumentado 0.9% en relación con el mismo periodo de un año atrás, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al forzar la máquina militar para contener la violencia en las calles, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado lugar a dos situaciones: En un primer momento, obligó a soldados y marinos a no defenderse de agresiones –la política de “abrazos, no balazos”–, por temor a ser acusado de represor. Esto provocó episodios humillantes en las que los militares eran golpeados y hasta desarmados. En un segundo tiempo, ante los malos resultados obtenidos, la consigna parece otra: disparar a la menor provocación y hasta sin ella, cosa que quizá comenzó con el operativo para detener a Ovidio Guzmán.

El uso político de las Fuerzas Armadas para apuntalar a la autodenominada Cuarta Transformación ha puesto en aprietos a los militares, señalados en semanas recientes por un acto de represión en Nuevo Laredo y por el espionaje telefónico contra el presidente del Comité de Derechos Humanos de esa ciudad. Ahora, incluso parece estar pasando algo en el interior del instituto armado si nos atenemos a las inusitadas marchas de familiares de militares y elementos retirados de la Sedena que se realizaron el domingo en 19 estados del país.

BUSCAPIÉS

México es más seguro que Estados Unidos, aseguró ayer López Obrador. Veamos: en 2022, Estados Unidos, con una población de 332 millones, tuvo 20 mil 138 homicidios (fuente: Gun Violence Archive), mientras que México, con 127 millones de habitantes, tuvo 30 mil 968 (fuente: SSPC).

 

C

“No sé, no sé, no sé”, respondió el Presidente

 

 

 

Francisco GarfiasFrancisco Garfias           
Arsenal
 
 

Andaba bravo ayer el Presidente. En la mañanera repartió candela a diestra y siniestra. Calificó al reinstalado secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, de “Porfirito”, en alusión al dictador que gobernó México durante 33 años.

Lo irritó el amparo provisional que los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado le otorgaron a Jacobo, para que regrese al cargo por tiempo indefinido.

“Cómo no lo van a amparar, si los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones”, subrayó el jefe del Ejecutivo.

 
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Edmundo Jacobo lleva 14 años como secretario ejecutivo del INE. Fue reelecto hasta el 2026.

* Tampoco le gustó la pregunta que Nayeli Roldán, del portal Animal Político, le hiciera sobre el ilegal espionaje del Ejército a civiles. La reportera se le salió del guion y eso no se tolera en las mañaneras.

Es inteligencia, no espionaje, respondió, en síntesis, el presidente López Obrador, al tratar de justificar la ilegal vigilancia de los militares al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, para interferir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales.

Ya encarrerado, se le fue con todo a Animal Político; a Carmen Aristegui, “hija de Junco”; y a la organización Página 19 (Artículo 19) que, dijo, están al servicio de los grupos de intereses creados.

 

 
 
 
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“No nos vamos a poder poner de acuerdo, porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior, y se lo puedo probar, entonces, están siempre en contra de nosotros”, acusó.

 
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Nayeli mostró temple. Acorraló al Presidente en el tenso intercambio entre los dos. “¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles?”, insistió, documentos de la Sedena en mano.

“No sé, no sé, no sé…”, respondió el Presidente, visiblemente exasperado. “Si sé perfectamente que el objetivo de Animal Político, de Página 19, y de Carmen Aristegui es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos…”, puntualizó.

Le preguntó entonces si en su papel de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas podría hacer que el general Audomaro Martínez acudiera a la mañanera “para rendir cuentas”.

“No tiene por qué venir. No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros… Ustedes no van a poner la agenda… Todos los días nos atacan”, respondió el Presidente.

Y dijo más: “No hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos; entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?”.

Así anda el humor del Presidente.

* Por AMLO nos enteramos que el general Audomaro evitó que asesinaran a Omar García Harfuch. Días antes del atentado en las Lomas de Chapultepec, el secretario de Seguridad Pública de la CDMX fue advertido por el militar de “informes” de que estaba en peligro. “No te confíes”, le dijo a Omar.

García Harfuch andaba en un “carro normal”. Luego de la advertencia, lo cambió por una camioneta con blindaje. “Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon”, destacó el Presidente.

En la mañanera también devolvió la pedrada que el congresista texano Dan Crenshaw le aventó en Twitter: “Señor Presidente: ¿A quién representa, al pueblo o a los cárteles?”. Preguntó el gringo.

Respuesta de AMLO: “Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta…”.

* Lo que nos faltaba. Advierte el Presidente que la marcha en defensa del Ejército, convocada para este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no tiene “propósitos sanos”. “Qué nadie se deje engañar. Eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. No vaya a ser que se reúnan, que haya violencia, para terminar culpando a las Fuerzas Armadas”, alertó.

A la marcha asistirán “ciudadanos” que supuestamente se oponen a la investigación de los elementos del Ejército involucrados en la muerte de cinco jóvenes.

¿Será que el Presidente tiene elementos o información para hacer esa declaración tan grave? Es pregunta.

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