¿Cómo hacemos para detener la destrucción institucional y atajar la andanada de políticas públicas que lo único que han provocado es un retroceso de todos los indicadores que definen el progreso?

Salimos a la calle el 13 de noviembre de 2022 y de nuevo el 26 de febrero de este año porque pensamos que sin democracia no hay forma ni de cambiar a los malos gobernantes ni de ponerle brida a la concentración de poder y al abuso de funciones perpetrada por el Presiente sin ningún respeto a la Constitución y a las leyes.

Si de marchas y concentraciones se tratara, mañana tendríamos que organizar una en favor de la SCJN que, desde que es presidida por la ministra Norma Piña, no ha recibido más que insultos, intentos de intromisión y presiones inadmisibles en una democracia. Tendríamos que hacerlo por la UNAM, por el Inai y el resto de los órganos autónomos que no pueden hacer su trabajo, porque están incompletos o trabajan al servicio del Ejecutivo como la CNDH. Marchar también por el desabasto de medicinas, la política de vacunación, la falta de transparencia en las compras gubernamentales y obras públicas, el daño patrimonial de las obras emblemáticas del sexenio, la politización de la justicia, la militarización, las intimidaciones a los comunicadores y los medios, la fracasada política de abrazos, no balazos o el uso clientelar de los programas sociales. 

Hoy mismo marcharemos las mujeres por tantas causas pendientes: el alza en feminicidios, la violencia intrafamiliar, la desigualdad de oportunidades, los recortes presupuestales específicos y transversales de la (no) política de género, la desaparición de escuelas de tiempo completo, de las estancias infantiles y la desaparición de los centros de atención a víctimas.

Ahora tenemos no precisamente una novedad porque sabíamos que se venía gestando, pero sí el intento de una estocada a la política educativa con el Plan Curricular SEP 2022.

López Obrador se estrenó en materia educativa con uno de los muchos decretos y acuerdos del Ejecutivo que han sido judicializados por su palmaria ilegalidad. El memorándum (16/04/2019) en el que se instruye a tres secretarios de Estado “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. El Presidente, lisa y llanamente, ordenó a sus secretarios violar la ley porque le resultaba un estorbo.

Ahora, hace lo mismo con el plan curricular para la educación básica y la media superior. Desde marzo de 2021 se emitió un acuerdo con los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria que fue combatido por su dudosa legalidad. En agosto de 2022 se emitió otro acuerdo para establecer el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Para cerrar la pinza, el mes pasado el director de Materiales Educativos de la SEP acusó sin sustento alguno a las casas editoriales de moverse en la ilegalidad y de intentar retener un botín millonario.  

El nuevo Plan Curricular es contrario al artículo tercero de la Constitución que establece los fines, principios y criterios que debe atender el Estado mexicano en su quehacer educativo. En particular, desatiende los principios y propósitos de la educación integral; deja fuera la posibilidad de “gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica”; deja de luchar “contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios” y deja  de promover “la convivencia entre personas y el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social”. 

Con ello se cancela el instrumento más poderoso para la creación de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa: la educación. Sacrificar las habilidades mínimas indispensables como son las matemáticas y la lecto-escritura es simplemente criminal. También lo es desaparecer los libros de texto por asignatura para ser sustituidos, en cada grado escolar, por cuatro libros: uno que incluirá contenidos de cada disciplina y los otros tres “cuadernos de trabajo” llamados: el aula, la escuela y la comunidad.

Excluir a las casas editoriales de la edición de libros de texto y convertirlos, como amenazó Marx Arriaga, en “ilegales” suena a lo que ya experimentamos los mexicanos en la compra y distribución de medicamentos. Después de denostar a las farmacéuticas y arrebatarles (en lugar de regular) ilegalmente el “negocio”, lo único que tuvimos fue un desabasto generalizado del que aún no nos recuperamos. El gobierno tuvo que regresar a las empresas y esquemas de la época neoliberal. Quiso concentrar las compras y la distribución, fracasó y quien pagó la factura fue la salud de los y las mexicanas.

Ahora repite el esquema. En su afán concentrador, quiere quitar a la industria editorial la posibilidad de suplir las deficiencias del Estado cuando la propia Comisión de Libros de Texto Gratuito siempre ha encargado buena parte de su producción a las empresas editoriales privadas. Como en el caso de los medicamentos, lo hará a costa de la educación de los niños y los jóvenes.