Pascal Beltrán del Río
Siete mujeres en Guanajuato, otras tres en Nuevo León, cuatro hombres en Tamaulipas… Las noticias sobre personas ausentes se multiplican en el país.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, operado por la Comisión Nacional de Búsqueda, dan cuenta de 2 mil 171 casos en lo que va de 2023, un promedio de 29.3 al día, uno cada 49 minutos.
Doce demarcaciones concentran la quinta parte de las ausencias que se han registrado este año. La lista la encabeza Fresnillo, Zacatecas, con 57; le sigue Ecatepec, Estado de México, con 51; Uruapan y Morelia, Michoacán, tienen 42 cada uno; después vienen los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, con 38, 35, 34 y 32, en ese orden; luego, las alcaldías capitalinas de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con 27, 26 y 24, respectivamente, y Zacatecas capital, con 23.
Por entidad federativa, la mayor parte de las desapariciones anotadas este año en el Registro han ocurrido en el Estado de México (583), Michoacán (213), Zacatecas (192), Ciudad de México (171), Morelos (129), Nuevo León (100) y Veracruz (99).
La manera tan rápida con la que, a principios de este mes, dio la autoridad con el paradero de los cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros –dos de los cuales fueron localizados sin vida– contrasta con la falta de eficacia para atender las situaciones de desaparición que se acumulan desde hace años y las que siguen ocurriendo.
Apenas acababa de resolverse aquel capítulo cuando se dio a conocer la desaparición de ocho mujeres en Celaya, seis de ellas en un mismo episodio, de las cuales solamente una ha sido localizada. También se desconoce el paradero de tres mujeres residentes en Texas, quienes viajaron a Nuevo León para vender ropa, y cuatro hombres que fueron levantados cuando acudieron a un convivio en Miguel Alemán, Tamaulipas.
Las más de 112 mil ausencias que hay en México –acumuladas desde 1964– no tienen el mismo impacto informativo que los homicidios dolosos, pero son una muestra inequívoca de la descomposición del clima de seguridad que sufre el país.
No puede ni debe dejar de reclamarse la inacción de las autoridades federales y estatales ante este grave problema, sobre todo cuando día tras día se añade una treintena de casos más al registro de personas desaparecidas, que de por sí ya supera los 35 mil en lo que va del sexenio, de los cuales cerca de 10 mil son de mujeres.
Cuando falta año y medio para que termine el periodo presidencial, éste pinta para ser uno de los peores legados de Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, prometió que resolvería la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ofrecimiento que no se encuentra ni cerca de cumplir.
Colectivos que buscan a personas ausentes se quejan no sólo de la falta de sensibilidad y atención por parte de las autoridades, sino también del incumplimiento de medidas básicas para que se puedan entregar los restos que van encontrando, sin ayuda oficial, en fosas clandestinas. Una de esas medidas es la integración de una base nacional de datos genéticos que ayude a cerrar los casos.
Un gobierno que pretende aclarar algunos hechos oscuros de la historia reciente, como la llamada guerra sucia de los años setenta, no debiera flaquear a la hora de buscar a las personas que se han esfumado durante su mandato ni mostrar tanto desinterés en resolver levantones y secuestros cuando los afectados no son extranjeros.
BUSCAPIÉS
La voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quedó grabada diciendo que fueron “ejecutados” los cinco jóvenes que murieron en un encontronazo con soldados en Nuevo Laredo el 26 de febrero pasado. Pero más tardó en decir eso que en llamar a los medios de comunicación para desmentirse. ¿Así de fuertes habrán estado las presiones?
