María Amparo Casar

A juicio de Amparo

Quiero hacer un recuento de los acontecimientos en torno a la muy adelantada sucesión presidencial para culminar con un temor razonado respecto al papel de las autoridades electorales y el posible cuestionamiento de la contienda de 2024.

Tanto el 13 de noviembre de 2022 como el 26 de febrero de este año cientos de miles de mexicanos y mexicanas en todo el país salimos a las calles de nuestras ciudades para defender al INE. Ambas manifestaciones demandaban una sola cosa: el INE no se toca, y tenían un solo propósito, defender el voto.

Buena parte de los y las ciudadanas objetábamos la reforma electoral que, recientemente había aprobado la mayoría de Morena y sus aliados sin un solo voto de la oposición representada en el Congreso. Sólo recuerdo al lector que dicha reforma constituía una regresión después de cuatro décadas de avances democráticos paulatinos y ponía en posición ventajosa al partido en el gobierno.

A la aprobación de la reforma siguieron más de una decena de acciones de inconstitucionalidad. Algunas de ellas tocaban el fondo y consideraban que las nuevas leyes contravenían a la Constitución. Otras más fueron interpuestas por abierta violación al proceso legislativo.

Al final, estas últimas prosperaron gracias a la mayoría de ocho ministros de la Corte que votaron en contra de la constitucionalidad del proceso legislativo. El resultado fue que la reforma “quedó sin efectos”. Las reglas electorales quedaron intactas y 2024 se jugará con las reglas por todos conocidas. Estas marchas y la acción de la Suprema Corte fueron determinantes y provocaron la ira verbal del Presidente en contra de los organizadores, de los comentócratas y de los ministros.

Creímos haber ganado una batalla fundamental para la democracia y en muchos sentidos lo hicimos. Después nos alcanzó la realidad política.

Hacía tiempo que el Presidente había adelantado la sucesión presidencial mencionando a los probables candidatos del oficialismo. Él mismo los denominó corcholatas. Inevitablemente se interpretó que él sería el destapador.   

 En el afán de controlar el proceso de selección interna y el fin de mejorar el posicionamiento de sus corcholatas para adquirir ventaja anticipada, el Presidente urdió un plan que implicó abiertas violaciones a la legalidad electoral.

Aquí comprendí que habíamos defendido al INE y habíamos derrotado una reforma regresiva, pero que estábamos en problemas ante unas autoridades, al menos, permisivas.

El INE decidió circular un comunicado en donde daba manga ancha a las corcholatas, dizque imponiéndoles algunas reglas para dizque no violar la legalidad y dizque mantener un piso parejo. Ni a esas reglas, de por sí permisivas, le hicieron caso las corcholatas. ¿Y por qué iban a hacerles caso si su jefe directo —el Presidente— también violaba la legalidad al intervenir en el proceso electoral, promover a sus candidatos y descalificar a sus oponentes?

El INE se negó a dictar medidas cautelares en contra de los aspirantes presidenciales y el asunto llegó al Tribunal. La magistrada ponente —Janine Otálora— propuso la suspensión de los procesos internos de los partidos (tanto del oficialismo como de la oposición) y frenar los actos anticipados de campaña y precampaña. Por desgracia, su proyecto no logró los votos para frenar las actividades de los aspirantes presidenciales y quedamos ante un fraude a la ley.

Y es aquí donde viene el temor.

Tenemos un conjunto de leyes que sin duda sobrerregulan el proceso electoral, pero para mí, la ley —me guste o no— es la ley. Pienso que así debería ser para todos. Antes que nadie para las autoridades del INE y del TEPJF. Pero no es así y me preocupa la razón. La presión del Presidente sobre el proceso electoral no es fácil de resistir. Agregue la cantidad de prohibiciones que han sido violadas y que todo indica que seguirán siendo violadas. La conclusión es que ambas autoridades deberían estar permanentemente sancionando a todos los jugadores. Comenzando por el Presidente. Pero, ¿se imagina usted a dichas autoridades cancelando el registro de algún o alguna aspirante?, ¿quitándole el registro a alguno de los partidos políticos? O, peor, ¿sancionando al Presidente por las violaciones sistemáticas a la Constitución?

Ya lo dijo el gobernador Alfonso Durazo en el propio INE: “Lo que planteo es que no puede someterse a una disposición diaria ni los procesos políticos que estamos viviendo ni los procesos internos de los partidos políticos, que deben dejarlos fluir y que, en todo caso, si hay fouls, si se cometen violaciones a alguna disposición hay que cantar ese foul, pero hay que dejarlos fluir”. Y, tuvo la desvergüenza de pedir que el INE fuera menos restrictivo con el Presidente para que pueda hablar de asuntos coyunturales (¡!) en sus mañaneras.

El temor es precisamente ése: nuestros dos órganos son autónomos y guardianes de la legislación electoral, pero no tienen la fuerza política para frenar el fraude a la ley. Inevitablemente, las elecciones de 2024 serán judicializadas: desde ahora y hasta el final.