En sus memorias, José López Portillo relata que una vez decidido que Miguel de la Madrid sería el candidato presidencial del PRI, el viernes 25 de septiembre de 1981 —un “trámite” que el partido “me encomendó, como es costumbre”—, y antes de que se hiciera público el destape, “me fui al crucero con la Armada de México para recorrer el Caribe y el Golfo hasta el domingo en la noche”.

No ha sido raro que los presidentes de México busquen dar espacio para su propio lucimiento a quienes quieren como sus sucesores. Han entendido que el enorme poder del Ejecutivo está limitado por la duración del cargo y que con la nominación del candidato de su partido comienza un proceso imparable de pérdida de poder que concluirá el día de la toma de posesión.

Se dice que el mandato de un presidente mexicano dura seis años: uno como candidato y cinco en el cargo. Ese último tramo del sexenio puede durar un año o un poco más, según lo decida cada mandatario. En él, describió López Portillo, “se asiste al ocaso, se siente que otro sol va a nacer”.

A juzgar por sus propias palabras, Andrés Manuel López Obrador no será la excepción de esa regla, pues ha dado a conocer que después de que Morena revele el nombre de quien se convertirá en su aspirante presidencial, él le entregará el “bastón de mando” y saldrá de escena unos días.

“Yo ya voy a entregar la estafeta, una vez que haya coordinador o coordinadora del movimiento de transformación”, dijo el lunes pasado en su conferencia en Palacio Nacional.

“Yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante (…) No dejo de ser Presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente del movimiento”. 

Como otros mandatarios antes que él, López Obrador pondrá tierra de por medio unos días, en un aparente deseo de no opacar a quien surja como ganador o ganadora de la encuesta. Pese a que ha hecho pocos viajes internacionales durante su gestión, el tabasqueño se irá a Chile para participar en la conmemoración del 50 aniversario del derrocamiento del presidente Salvador Allende. 

En eso, como digo, López Obrador no rompe con la costumbre desarrollada por sus predecesores. En lo que puede resultar distinto es en qué tanto se mantendrá, voluntaria o involuntariamente, como referencia para los seguidores de su movimiento.

La semana pasada, al comenzar a hablar de lo que ocurrirá después del miércoles 6 de septiembre, cuando habrá una transferencia metafórica o real del “bastón de mando”, López Obrador adelantó que dejará encargos a quien gane la postulación de la alianza oficialista.

“Voy a dejar un esbozo de lo que se necesita para que continúe la transformación”, informó el martes 15. “Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura (…) si ya se terminó el Tren Maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿por qué no más trenes?”.

Una de las incógnitas del proceso electoral es qué tanto protagonismo tendrá López Obrador en él. ¿Hablará constantemente sobre la contienda en sus mañaneras, corriendo el riesgo de desacatar la ley y de competir mediáticamente con el candidato o candidata de su partido, o le cederá el reflector?

No cabe duda que el apoyo explícito o percibido del mandatario puede ser un activo para quien compita por Morena, pero también puede llegar a ser un estorbo. Si el candidato o candidata quiere imprimir su propio estilo en la campaña, ¿cómo lo hará si López Obrador habla diario en su conferencia?

Porque una cosa es ceder el bastón de mando y otra, soltar el micrófono.

BUSCAPIÉS

*Será la primera vez desde 1945 que el partido en el poder tenga aspirante presidencial antes de que el mandatario en turno dé su penúltimo Grito.

El ministro Luis María Aguilar coincide en que la denuncia en su contra que adelanta el gobierno del presidente López Obrador es un burdo cobro de factura. El motivo real de la embestida en contra del juzgador no es que haya sido omiso en resolver el caso de una empresa que le debe al fisco 25 mil millones de pesos desde hace 13 años, sino el hecho de haber otorgado la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila.

La denuncia, que es totalmente ajena a los libros de texto, la interpondrá la Procuraduría Fiscal de la SHCP.

Su titular, Félix Arturo Medina Padilla, acusó al ministro Aguilar de haber sido omiso, “sin justificación”, en resolver el caso de la empresa morosa.

“Anunciamos que, frente a esta actuación, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia que debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos”, dijo.

Le escribimos un WhatsApp al ministro Aguilar. Le preguntamos si la denuncia no es un burdo cobro de facturas por haber suspendido la distribución de los polémicos libros de texto. “Sin duda y, claro… burdo. Pero no existe ese pseudoproblema”, respondió.

-¿Y lo de la empresa? —insistimos. 

-Pues ha de ser una de esas solicitudes como los cientos que tenemos todos y que, obviamente, sólo lo sabe el procurador fiscal —puntualizó. 

* Buscamos a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara alta, al término del foro Hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

La senadora, que fue ministra durante 21 años, nos dijo que los juzgadores actúan siempre a petición de parte. “No estamos sacando las resoluciones sin que haya un accionante para resolver”, nos dijo.

Añadió: “Te puedo decir que la resolución de la Corte, pues es la resolución de la Corte. Podemos no estar de acuerdo en cómo se resuelve, pero, finalmente, es la resolución de la última instancia”.

-¿No es un cobro de factura que le hace el gobierno al ministro Aguilar por haber suspendido la distribución de los libros de texto gratuitos en dos estados? —reiteramos.

-No lo creo. Hay una suspensión, nada más. Esta suspensión es impugnable. Ya impugnó la Conserjería Jurídica y vamos a esperar a ver qué dice el pleno de la Suprema Corte. Al final del día, todas las soluciones son impugnables, hasta que llegan a la última instancia, que es el pleno —respondió.

* El asedio del presidente López Obrador al Poder Judicial arreció desde que la ministra Norma Piña sucedió a Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN, el pasado 2 de enero.

Cada que le rechazan un tema en el pleno del máximo tribunal vienen las descalificaciones, los insultos y las amenazas a los ministros que lo votaron en contra.

AMLO no les perdona que le hayan dado para atrás al plan B electoral, al traslado del mando de la Guardia Nacional a la Sedena. Tampoco la declaración del Tribunal constitucional de que el Senado es “omiso” al no elegir a los consejeros del Inai. Lo de la suspensión de los libros no ha llegado al pleno, pero parece la gota que derramó el vaso.

-¿Usted aprueba o desaprueba este embate contra el Poder Judicial —le insistimos a la senadora Sánchez Cordero.

-Yo no quiero ni aprobar ni desaprobar. No es mi tema. Es un tema de dos instancias de gobierno.

-¿No se debilita al Poder Judicial con estos embates?

-No creo que se debilite al Poder Judicial. Mi corazón es parte del Poder Judicial… Pero también del gobierno —equilibró.

* Hoy se cumplen 145 días sin transparencia. El Inai no puede sesionar por falta de quórum. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Se ha intentado todo, pero no hay manera. Pareciera que la decisión de desaparecerlo está tomada. El Presidente no esconde que le parece caro e inútil. El presupuesto del Inai es de mil millones de pesos anuales, que bien podría utilizar en su programa de cooptación electoral. Para él es más importante comprar la voluntad popular que el acceso a la información y la protección de datos personales. Por cierto: el pleno de la SCJN debate hoy si el Inai puede sesionar con sólo cuatro comisionados. El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek va en sentido favorable al instituto.

* El debate fue entre las dos mujeres que aspiran a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México: Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. El cuarto foro realizado en León, Guanajuato, sobre salud, educación y programas sociales terminó en empate. Las dos coincidieron en lo mismo: la urgencia de revertir la destrucción institucional realizada por la 4T, el uso clientelar de los programas sociales, el retroceso educativo y el “desastre” en salud que dio como resultado la reducción en cuatro años de la esperanza de vida. 

Se habló de la escasez de medicamentos, la desaparición del Seguro Popular, de la decisión de “reventar” el sistema de vacunación y del “virus López-Gatell” que no tuvo Dinamarca ni ningún otro país.