Las bandas se sienten como en su casa en todo el territorio, pues desde el poder les sonríen.
La violencia abraza a la República entera. Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, por recordar eventos recientes.
Cuerpos desmembrados, cabezas como regalo para la alcaldesa de Chilpancingo, servidores públicos como rehenes o acribillados, transportistas calcinados, un mercado como campo de batalla, explosivos de alto poder en todas partes, drones artillados, miembros de la GN torturando y extorsionando. El cobro de piso como una forma de vida cada vez más extendida. Récord de muertos, por día (86), por mes (2 mil 303), por sexenio (¿200 mil?), feminicidios sin control, secuestros en serie. La gobernadora de Guerrero alardeando el “dialogo” –pacto– con los delincuentes. ¿Qué es esto?
Es la cosecha por la carencia de estrategia frente a la violencia, por la disminución de recursos a las policías estatales y municipales, del disfraz puesto a las viejas policías centrales, ahora GN, de la tolerancia al crimen que se expresa en todas partes: autopistas tomadas a diario, del engaño de usar militares en función de policías, la gran mayoría sin capacitación para esas funciones, como lo ha demostrado Causa en Común. Es la cosecha de repetir una cantaleta desde el primer día de gobierno –“Abrazos, no balazos”– expresión que contradice la función esencial del Estado: la seguridad de sus ciudadanos. Cosecha del saludo a la madre del gran capo y de las varias visitas al terruño de esa mafia.
Es la cosecha que llenaría de cadáveres más de dos veces el estadio Azteca, de dar la espalda a los desaparecidos, a las “madres buscadoras”, de debilitar las instancias de protección de los derechos humanos, el propio subsecretario es espiado. Cinco años de señales contradictorias, porque no tenemos un jefe de Estado capaz de guiar a las FA dentro de los cauces de su actividad constitucional, de darles dineros por todas partes, de ponerlos donde hay: aduanas, puertos, aeropuertos, en cientos de funciones que deberían de estar en manos de civiles. Allí quedará para la historia la fotografía de los nuevos atuendos del general secretario, de las múltiples insignias de sus grandes batallas, contrastadas en las redes con un austero Eisenhower, el mismísimo Ike, quien comandó el desembarco de Normandía.
Es la cosecha de no haber respetado las reglas no escritas para la designación de los titulares de Defensa y Marina. Cinco años con la sospecha más que fundada de que hay pactos con las bandas de narcotraficantes, sospecha que cobra sentido en el mapa político del Pacífico mexicano, que durante las elecciones del año 2021 se tiñó sorpresivamente de guinda en entidades donde las encuestas daban un claro triunfo a la oposición, las mismas entidades en que se dieron secuestros de operadores políticos días antes de la elección. Fundadas por el aterrador caso de la candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo quién, ante las amenazas del crimen organizado, declinó. Sospechas de un partido –Morena– que protege a un senador impulsándolo a la gubernatura de Guerrero a sabiendas de las denuncias por abusos y violaciones, además de tratos con narcotraficantes. Lo retiran, pero la dinastía quedó en el poder y la hija gobernadora protege a la alcaldesa negociadora de Chilpancingo.
Por eso las bandas se sienten como en su casa en todo el territorio, pues desde el poder les sonríen. Si a eso se agrega la tolerancia al gobernador de Veracruz quien, ostentosamente, persigue a una jueza y la encarcela, hasta que la justicia federal acude en su auxilio. Hay mucho dinero para trenes y aeropuertos que nadie solicitó, pero no lo hay para apoyar la impartición de justicia. Por eso los juzgadores en Colima no pueden acudir a sus instalaciones y en Guanajuato se ahogan en expedientes.
¿Cuál sorpresa, si es el Presidente el primero que viola la ley todos los días?, ahora el secreto fiscal, poniendo en peligro a cualquier causante.