Fideicomisos y Acapulco
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EnviarTras la polémica desaparición de los fideicomisos, el gobierno anunció que los del Poder Judicial se usarán para atender la crisis en Acapulco. Esta decisión parece un intento de mitigar las críticas por cancelar también el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) justo en estos años en que el cambio climático está cobrando inesperados saldos en el mundo entero.
Si bien la extinción de fideicomisos fue un acto arbitrario y unidireccional del Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Judicial ha respondido con pragmatismo al aceptar que su dinero apoye la reconstrucción. En vez de negarse por la forma unilateral en que se tomó esta decisión, el Poder Judicial, encabezado por la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña, antepuso las necesidades apremiantes de los cientos de miles de damnificados.
Este gesto evitará que dichos recursos se reasignen de forma discrecional a obras faraónicas o a usos electorales, como muchos temían. Ojalá que más allá de la coyuntura, y esto siente un precedente de colaboración institucional entre Poderes. Y que servidores públicos de todos los niveles puedan tener altura de miras en beneficio de la gente.
La reconstrucción de Acapulco requerirá dejarnos de mezquindades y anteponer la solidaridad. Que este episodio marque un paso, por pequeño que sea, hacia un ejercicio del poder más responsable y compartido. Acapulco, Guerrero, pero en realidad todo México saldrá adelante si frente a las crisis (y particularmente ésta, que es monumental) mostramos lo mejor de nosotros, no lo peor. Y si las instituciones dialogan y cooperan, en lugar de disputar. Que el pragmatismo le gane a la polarización.
Habrá quienes preguntan si es ésta la solución adecuada. Y, más importante aún, qué implicaciones tiene para la independencia de los Poderes en México.
Muchos expertos aseguran que la atención de emergencias (en un país propenso a ellas) no debería depender de la cancelación de fideicomisos. Debería existir una estructura presupuestaria y de gestión de desastres clara y sólida que garantice que, sin importar la política o el gobierno en turno, se cuente con los recursos necesarios para responder eficazmente a situaciones de emergencia. Romper “cochinitos” ajenos como solución puntual revela una falta de planificación de largo plazo en materia de seguridad y atención de urgencias.
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