Bitacora del Director
Cepillazo
El asunto no es menor. En estos momentos, el dinero de los fideicomisos está en el limbo. Por un lado, está corriendo un plazo de 120 días –fijado por el artículo segundo transitorio de la reforma de la Ley del Poder Judicial– para suscribir los convenios de extinción correspondientes. Por otro lado, la presentación de amparos por parte de trabajadores del Poder Judicial tiene a esta materia sub júdice.
A simple vista, no parece haber camino legal para aplicar dichos recursos a la reconstrucción de la infraestructura e inmuebles en Guerrero y al alivio de los damnificados. Al menos, no de la forma expedita que se requiere. En estricto sentido, el dinero no es del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, por lo que, de entrada, las partes estarían dialogando sobre qué hacer con lo ajeno.
Aun así, va a ser interesante ver el siguiente movimiento de piezas del Presidente. Por supuesto, podrá pedir que sus legisladores –obedientes como son– vuelvan a reformar la Ley del Poder Judicial para cumplir su deseo. O que sus diputados aprueben una partida equivalente al monto de esos fideicomisos, como parte del Presupuesto de Egresos 2024, pero, como dice el dicho, no será lo mismo que lo mesmo.
La urgencia de responder a la devastación producida por Otis –que sólo en Acapulco ha dejado a 187 mil personas sin empleo y, según algunas cuentas, provocará un desplome del PIB de Guerrero de 16% en el cuarto trimestre– debiera ser la señal para que la clase política se deje de juegos como ése, pero, ¿qué se le va a hacer?, es lo que hay.
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