ENTRADA LIBRE

En el presente año se celebrarán elecciones federales para elegir al titular del Poder Ejecutivo Federal, para renovar a los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, además de coexistir con un número importante de comicios estatales y municipales.

El seminario sobre Violencia y paz, coordinado por el investigador Sergio Aguayo ofreció datos duros y reveladores sobre las elecciones federales de 2021. De acuerdo con la consultora Etellekt se perpetraron más de mil 66 hechos delictivos, de los cuales 102 fueron homicidios cometidos en agravio de políticos, todo ello, en 570 municipios del país. El inicio de 2024 lamentablemente no resulta ser bueno, ya se contabilizan homicidios relacionados con elecciones municipales en entidades federativas que se han caracterizado por la presencia del crimen organizado, la violencia y la corrupción como son los estados de Guerrero o Michoacán.

Los protocolos institucionales que históricamente diseñaban las autoridades se orientaban a la prevención y combate de ilícitos de carácter electoral, mismos que terminaban en la mayoría de los casos en sanciones administrativas y económicas, a las que tenían que hacer frente los partidos políticos y en algunos casos los simpatizantes y militantes partidistas que se veían involucrados en la eventual materialización de acciones penales.

Actualmente, los ilícitos ya no se relacionan solamente con el calor de la contienda electoral o con la violación a las reglas del financiamiento público y privado, que de suyo implican prácticas poco cívicas y antidemocráticas. El tema es estructural y tiene como sus principales actores al crimen organizado y a los intereses de grupo asociados a la corrupción, los cuales buscan obtener ventajas económicas y operativas indebidas una vez que asumen el cargo aquellos funcionarios que cedieron ante sus presiones “por la buena o por la mala”. El incumplimiento de los compromisos asumidos o la negativa a subordinarse a dichas presiones normalmente termina en tragedia.

La solución no puede implicar cerrar los ojos a la realidad o instrumentar acciones que de antemano se sabe son superficiales y que no atienden el verdadero problema. El Estado debe ser garante, no sólo del libre desarrollo de los procesos electorales, sino también del pleno desenvolvimiento de los gobiernos que abran de iniciar una nueva etapa. Constituye un derecho fundamental de los ciudadanos a la buena administración pública y una obligación para con los mexicanos que deciden entregar sus capacidades al servicio público. En ello, necesariamente deberán sumarse con responsabilidad los partidos políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos en general.

Se requieren acciones de orden preventivo, como las dirigidas a la adecuada selección de candidatos, su protección o el desarrollo de mapas de riesgos, mismas que normalmente ya se instrumentan. Pero también, es necesario, replantear la organización municipal y la forma en que toman sus decisiones, sobre todo aquellas relacionadas con la seguridad, el ambulantaje, las obras públicas, las adquisiciones, los giros mercantiles y los espectáculos públicos, que constituyen espacios de interés de la delincuencia.

El blindaje electoral del presente, es la armadura gubernamental del futuro, en ello, debemos poner todas nuestras capacidades institucionales y ciudadanas.

1. Nombres. En las listas de candidatos plurinominales del PRI al Congreso destacan, en el caso del Senado, los nombres de Alejandro Moreno, presidente del partido; la secretaria general y actual diputada federal, Carolina Viggiano, y los ahora diputados Pablo Angulo Briceño y Cristina Ruiz, integrantes del primer círculo de la dirigencia priista. En cuanto a la lista plurinominal del PRI a la Cámara de Diputados, el primer lugar lo ocupa Rubén Moreira, coordinador de la bancada en la legislatura que está por concluir. Y luego se preguntan en la cúpula priista ¿por qué están tan distanciados de las bases?

2. Carga naranja. La maquinaria de Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, fue echada a andar. El actor, empresario y precandidato al Senado por ese partido, Roberto Palazuelos, criticó a los legisladores que buscan reelegirse sin tener los méritos suficientes y, sobre todo, a quienes durante sus actuales gestiones no trabajaron en beneficio de los ciudadanos. Y es que la senadora Mayuli Martínez, del PAN, ha sido señalada de no haber realizado una tarea legislativa en favor de los diferentes sectores de Quintana Roo, que es donde se postula Palazuelos. Quienes se mencionan como “lo nuevo” llegaron a corregir al país. Ja.

3. Tejido social. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la CDMX, continúo con sus reuniones de trabajo rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, en las que participará al ser seleccionado en la primera fórmula de Morena para el Senado, luego de haber figurado en el proceso interno de candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El exjefe de la policía capitalina informó que sostuvo una reunión con el senador de Morena, Ricardo Monreal, y resaltó la importancia de la unidad para lograr los resultados deseados para su proyecto este 2024. Experiencia a favor de la candidata Claudia Sheinbaum. No le fallen.

4. A todo vapor. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 28 de febrero, la refinería de Dos Bocas entrará en fase de operación a máxima capacidad de 280 mil barriles diarios de producción de combustibles. La refinería fue inaugurada en su obra civil en junio de 2022 por la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a partir de entonces comenzó la fase de interconexión de sistemas y de pruebas. La exfuncionaria ya ni se acuerda de la refinería en su carrera para suplir en la gubernatura de Veracruz a Cuitláhuac García. Sin Dos Bocas funcionando, Nahle no la tiene fácil.

5. Abuso. En su pugna contra transportistas de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es capaz de todo. Acusan que repartió millones de pesos a los 25 legisladores locales para aprobar fast track la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pues tiene intereses económicos en la construcción de un teleférico en Uruapan y un Metrobús en Morelia. De acuerdo con José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión reguladora del Transporte de Michoacán, la Ley de Movilidad votada beneficia directamente a las arcas del gobernador. Otro vil asalto en despoblado.

A punto de terminar el gobierno de López Obrador no queda más que concluir que tiene el gusto o la manía de mentir. No de interpretar los datos de manera favorable, de promocionar los pocos logros de su gobierno y callar sobre sus fracasos o de hacer comparaciones convenientes. No. Mentir sin pudor.

Lo hace en todos los campos: las finanzas de Pemex y CFE, la eliminación del huachicoleo, el sistema de salud como el de Dinamarca, el número de víctimas de covid-19, la situación en Acapulco o las masacres cotidianas.

Hoy quiero resaltar dos de sus mentiras favoritas. Aquellas sobre la libertad de expresión y sobre la corrupción. Mi elección no es gratuita. Hablo de libertad de expresión incitada por la salida de Azucena Uresti de Milenio y de corrupción a raíz de su declaración del lunes 22 sobre el final de la misma y la exoneración de sus hijos en actos de ilícitos que han sido documentados recientemente.

No hay la claridad que quisiéramos sobre la “salida” de Azucena de MilenioTV. Lo que sí sabemos es que no es una comunicadora cómoda para el Presidente, ya que ha divulgado noticias que él hubiera preferido borrar de los medios y que ha indagado con su equipo casos de violencia y corrupción que lo perturban. Por fortuna lo seguirá haciendo en Radio Fórmula. Pero como dijo ella: “En estos tiempos… el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes”.

El gobierno de López Obrador no es, bajo ningún parámetro, ejemplo de libertad de expresión. Dice que él no censura a sabiendas de que la libertad de expresión puede ser anulada no sólo a través de clausurar a un medio, retirar una concesión radiofónica o exigir que se despida a un comunicador.

La libertad de expresión tiene muchas caras y una de las que más se ha abusado, es la del acoso y la difamación. A todo comunicador, periodista, académico o analista de los organismos de la sociedad civil que no coincide con él se le descalifica e insulta sin importar que sus investigaciones estén respaldadas, incluso, en documentos oficiales.

La mayoría de los medios y los que en ellos trabajamos al igual que las organizaciones de la sociedad civil y, en muchas ocasiones, la academia, hemos recibido el mismo trato y rechazo que los órganos autónomos y cualquier otro contrapeso; incluso se han utilizado las mismas vías para debilitarnos: la financiera, la legal y la reputacional.

Insultar y difamar a medios, comunicadores, analistas e investigadores, equivale a intentar censurarlos con todo el poder de la palabra presidencial. Además, la violencia verbal ha sido acompañada de otro tipo de violencia que es la de divulgar datos personales como en el caso de Loret. Flagrante ilegalidad.

No hace falta recurrir a la censura ni a la inquisición judicial, aunque ésta se ha usado contra los científicos. Basta que se oiga claro y fuerte lo que dice el Presidente de más de tres decenas de comunicadores, analistas y activistas.

La otra gran ficción es la de la corrupción. Por más que así lo haya decretado el Presidente, la corrupción no ha bajado ni en las percepciones ni en los hechos. Se ha reproducido de las mismas o peores maneras de siempre. No ha habido ninguna política anticorrupción.

Si al inicio de su gobierno hablaba de 600 mil millones de pesos producto de la corrupción que le permitirían sostener los programas sociales, obras públicas y finanzas públicas, ahora como en la parábola de los peces y los panes, el dinero se ha multiplicado. El 22 de enero nos habló de ¡2 billones de pesos! Dijo: “No se permite la corrupción, por eso hemos avanzado, nos ha dejado muchísimo dinero”. ¿Cuánto? le preguntó un asistente a la mañanera: “Como dos billones de pesos”. Imagínese usted. La cifra equivale a casi 25% del presupuesto total de 2024.

Y ¿la actitud frente a la corrupción que MCCI, Latinus, Carmen Aristegui, Reforma y otros medios han revelado y han probado con documentos oficiales, videos y grabaciones? Pues pura calumnia si se trata de su gobierno sus allegados, sus hermanos y sus hijos. Al igual que la corrupción la impunidad para los cercanos al poder está garantizada. Ni una acción contra los responsables. El director de Segalmex cubierto en otro puesto gubernamental, la responsable de escuchas a opositores y adversarios en la campaña de su candidata, los responsables de la tragedia de la Línea 12 campantes, la Casa Gris y los contratos para Baker Hughes para desprestigiar a su gobierno sin investigar, la vinculación de sus hijos con empresas fantasma y contratos en Dos Bocas, Tren Maya e Insabi, parques, malecones y estadios, invenciones de los conservadores.

La corrupción y los ataques a la libertad de expresión se juntan en su frase preferida. “El tribunal que me juzga es mi conciencia”.

Tenemos que decirle al señor Presidente que a quienes les toca juzgarlo es a las instituciones legalmente constituidas para hacerlo, además de a la opinión pública y a la opinión publicada.