Más del pecado original

Por: Juan Carlos Machorro

Recientemente ha comenzado a fluir información adicional relacionada con el proceso de cancelación del proyecto de infraestructura aeroportuaria más importante en la historia del país, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que operaría en Texcoco.

Mucho se ha escrito ya acerca de lo desaseado del proceso, comenzando con una consulta sin rigor metodológico ni sustento jurídico alguno que pretendió sustentar una decisión de carácter político e ideológico más allá de estudios técnicos y científicos y de las recomendaciones confirmadas de los tres asesores técnicos más cercanos del Presidente en ese momento.

 

La información recientemente retomada confirma el enorme error que se cometió al haber condenado a los usuarios del Valle de México a seguir utilizando un aeropuerto saturado, deteriorado y sin capacidades para recibir aeronaves de primera generación y mayor fuselaje. Peor aún, se ha sentenciado a ese aeropuerto maltrecho a operar sin recursos económicos al destinar su ingreso más importante, la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), a pagar hasta 2047 un proyecto cancelado en 2018.

Vale la pena resaltar un tema importante que no se ha subrayado con la suficiencia necesaria y que se refiere al haber convertido en deuda pública una solución que en esencia se financiaría con recursos privados.

En efecto, el activo subyacente que financiaría mayormente el NAIM sería la TUA, una tarifa de carácter comercial (no fiscal), que por lo tanto absorberíamos los usuarios del aeropuerto. Los recursos privados representarían aproximadamente 90% del monto total de la inversión para el periodo 2014-2022, mientras que los recursos públicos cubrirían 10% restante.

 

 

 

 

 

Luego entonces, otro efecto perverso de esta decisión consiste en la necesidad de invertir recursos públicos en la operación y el mantenimiento básico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reemplazando, cuando menos parcialmente, el oxígeno que brindaría la TUA que se quemará inmisericordemente durante los próximos 24 años.

Para dramatizar más la historia, a lo anterior hay que sumar los recursos públicos invertidos en el proyecto de acondicionamiento de Santa Lucía.

La inversión estimada para la construcción de la infraestructura del AIFA fue de más de 66 mil millones de pesos, a lo que hay que adicionar la inversión para terrenos por más de tres mil millones de pesos y obras complementarias como la ampliación de la autopista México-Pachuca, mejoras viales en los accesos al sitio, infraestructura ferroviaria, entre otras, en alrededor de 42 mil millones de pesos.

En otras palabras y hay que decirlo en forma clara, se canjeó una solución eficiente de largo plazo financiada con recursos privados por un proyecto cortoplacista que, no sólo no resuelve, sino que además complica el panorama a un altísimo costo de recursos públicos.

Aquellos que votaron entusiastamente por la cancelación del proyecto en las urnas improvisadas de aquella desaseada consulta están, muy probablemente sin tener conciencia de ello, pagando con sus impuestos algo que no estarían pagando de haberse conservado el proyecto que votaron por cancelar.

A lo anterior hay que sumar nueva información en el sentido de que una parte importante de los recursos existentes al momento de cancelar el proyecto —mil 200 millones de dólares— fue destinado sin recato alguno al proyecto del Tren Maya, en lugar de utilizarse para repagar la deuda y aligerar un poco el peso que se nos impone a los usuarios y al moribundo aeropuerto.

Se confirma cada vez con mayor nitidez y contundencia que estamos en presencia de un callejón sin salida y que los costos cada vez mayores de esta decisión los pagaremos los usuarios recurrentes del aeropuerto, en espera de mayor sensatez en la toma de decisiones.

Contrario a la narrativa oficial, estamos en presencia de un dispendio imperdonable de recursos y un retraso injustificable en el progreso y el avance de la conectividad aérea del país.