Libertad de expresión y corrupción

A punto de terminar el gobierno de López Obrador no queda más que concluir que tiene el gusto o la manía de mentir. No de interpretar los datos de manera favorable, de promocionar los pocos logros de su gobierno y callar sobre sus fracasos o de hacer comparaciones convenientes. No. Mentir sin pudor.

Lo hace en todos los campos: las finanzas de Pemex y CFE, la eliminación del huachicoleo, el sistema de salud como el de Dinamarca, el número de víctimas de covid-19, la situación en Acapulco o las masacres cotidianas.

Hoy quiero resaltar dos de sus mentiras favoritas. Aquellas sobre la libertad de expresión y sobre la corrupción. Mi elección no es gratuita. Hablo de libertad de expresión incitada por la salida de Azucena Uresti de Milenio y de corrupción a raíz de su declaración del lunes 22 sobre el final de la misma y la exoneración de sus hijos en actos de ilícitos que han sido documentados recientemente.

No hay la claridad que quisiéramos sobre la “salida” de Azucena de MilenioTV. Lo que sí sabemos es que no es una comunicadora cómoda para el Presidente, ya que ha divulgado noticias que él hubiera preferido borrar de los medios y que ha indagado con su equipo casos de violencia y corrupción que lo perturban. Por fortuna lo seguirá haciendo en Radio Fórmula. Pero como dijo ella: “En estos tiempos… el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes”.

El gobierno de López Obrador no es, bajo ningún parámetro, ejemplo de libertad de expresión. Dice que él no censura a sabiendas de que la libertad de expresión puede ser anulada no sólo a través de clausurar a un medio, retirar una concesión radiofónica o exigir que se despida a un comunicador.

La libertad de expresión tiene muchas caras y una de las que más se ha abusado, es la del acoso y la difamación. A todo comunicador, periodista, académico o analista de los organismos de la sociedad civil que no coincide con él se le descalifica e insulta sin importar que sus investigaciones estén respaldadas, incluso, en documentos oficiales.

La mayoría de los medios y los que en ellos trabajamos al igual que las organizaciones de la sociedad civil y, en muchas ocasiones, la academia, hemos recibido el mismo trato y rechazo que los órganos autónomos y cualquier otro contrapeso; incluso se han utilizado las mismas vías para debilitarnos: la financiera, la legal y la reputacional.

 

 

 

 

Insultar y difamar a medios, comunicadores, analistas e investigadores, equivale a intentar censurarlos con todo el poder de la palabra presidencial. Además, la violencia verbal ha sido acompañada de otro tipo de violencia que es la de divulgar datos personales como en el caso de Loret. Flagrante ilegalidad.

No hace falta recurrir a la censura ni a la inquisición judicial, aunque ésta se ha usado contra los científicos. Basta que se oiga claro y fuerte lo que dice el Presidente de más de tres decenas de comunicadores, analistas y activistas.

La otra gran ficción es la de la corrupción. Por más que así lo haya decretado el Presidente, la corrupción no ha bajado ni en las percepciones ni en los hechos. Se ha reproducido de las mismas o peores maneras de siempre. No ha habido ninguna política anticorrupción.

Si al inicio de su gobierno hablaba de 600 mil millones de pesos producto de la corrupción que le permitirían sostener los programas sociales, obras públicas y finanzas públicas, ahora como en la parábola de los peces y los panes, el dinero se ha multiplicado. El 22 de enero nos habló de ¡2 billones de pesos! Dijo: “No se permite la corrupción, por eso hemos avanzado, nos ha dejado muchísimo dinero”. ¿Cuánto? le preguntó un asistente a la mañanera: “Como dos billones de pesos”. Imagínese usted. La cifra equivale a casi 25% del presupuesto total de 2024.

Y ¿la actitud frente a la corrupción que MCCI, Latinus, Carmen Aristegui, Reforma y otros medios han revelado y han probado con documentos oficiales, videos y grabaciones? Pues pura calumnia si se trata de su gobierno sus allegados, sus hermanos y sus hijos. Al igual que la corrupción la impunidad para los cercanos al poder está garantizada. Ni una acción contra los responsables. El director de Segalmex cubierto en otro puesto gubernamental, la responsable de escuchas a opositores y adversarios en la campaña de su candidata, los responsables de la tragedia de la Línea 12 campantes, la Casa Gris y los contratos para Baker Hughes para desprestigiar a su gobierno sin investigar, la vinculación de sus hijos con empresas fantasma y contratos en Dos Bocas, Tren Maya e Insabi, parques, malecones y estadios, invenciones de los conservadores.

La corrupción y los ataques a la libertad de expresión se juntan en su frase preferida. “El tribunal que me juzga es mi conciencia”.

Tenemos que decirle al señor Presidente que a quienes les toca juzgarlo es a las instituciones legalmente constituidas para hacerlo, además de a la opinión pública y a la opinión publicada.