Historia y Cultura
El segundo tirador
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EnviarA casi 30 años del atentado que le quitó la vida al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a la Fiscalía General de la República se le ocurrió la idea de reabrir la investigación, revivir la hipótesis del complot y afirmar que hubo un segundo tirador. Según la FGR, se trata de Jorge Antonio Sánchez, un exagente del Cisen, quien, presuntamente habría sido enviado por Genaro García Luna a Lomas Taurinas para proteger al candidato y que, tras el magnicidio, fue sacado de Tijuana por órdenes del entonces subdirector operativo del Cisen y posterior secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
El nuevo análisis de la Fiscalía determina que Sánchez Ortega participó como segundo tirador y que existen pruebas, de ahí que solicitó su aprehensión, pero el juez Jesús Alberto Chávez Hernández rechazó la detención por considerarla improcedente. De acuerdo con los archivos del caso, Sánchez Ortega fue detenido a 15 metros del lugar donde cayó herido Luis Donaldo aquel 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas. En su ropa se encontró sangre, además de que dio positivo a las pruebas que demostraban haber disparado un arma de fuego.
Fue Mario Chapa Bezanilla, el fiscal especial para investigar el caso Colosio, quien contribuyó a la generación de la hipótesis de que Mario Aburto, autor confeso del asesinato, no actuó solo, sin embargo, sus afirmaciones nunca fueron concluyentes ni llegó a probar la existencia del segundo tirador durante su investigación. Incluso, se investigó también a Othón Cortés, un excomandante de la PJF que nada tuvo que ver. Según la PGR, pudo haber sido cómplice de Aburto, ya que encajaban motivos políticos, pero tampoco se presentaron pruebas sólidas que respaldaran esas afirmaciones.
Mario Aburto en su confesión dijo haber disparado las dos ocasiones a Colosio, pero sus múltiples versiones sobre los motivos generaron dudas, mismas que hoy son reconsideradas por la FGR.
¿Qué motivación tiene la Fiscalía para reabrir el expediente cuando ya es un caso juzgado? El principio de “cosa juzgada” significa que una vez que se ha emitido una sentencia definitiva y se han agotado todas las instancias de apelación, el veredicto es final y no puede ser revisado en los mismos términos. El caso Colosio ha sido de los más investigados en la historia del país y por él han pasado varios fiscales especiales, es por eso que digo que se trata más de una ocurrencia del fiscal Gertz Manero, cuyo afán no es querer llegar a la verdad o hacer justicia, sino utilizarlo como un distractor ante la grave situación que vive el país en materia de seguridad. Las investigaciones oficiales y las conclusiones de la PGR determinaron que Aburto actuó solo, incluso, el Gral. Domiro García, ayudante de mi padre, el Gral. Miguel Ángel Godínez en el EMP y quien era el encargado de la seguridad del candidato, me confió que no había un segundo tirador. Se trató de un acto de locura de Aburto, como puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier político en estos tiempos.
El error más grave, quizá, y que le costó la vida a Colosio, fue haberlo llevado a un mitin en medio de una multitud desorganizada y sin las medidas de seguridad pertinentes. Tiene razón Luis Donaldo Colosio hijo cuando dice, de forma elegante y madura, que cada tres o seis años se usa política y electoralmente el magnicidio de su padre, por eso pidió el indulto de Aburto, para que sane la familia y en general toda la sociedad ante un hecho que sigue lastimando. Pese a ello, el Presidente rechazó la petición bajo el argumento de que es un asunto de Estado. A Luis Donaldo Colosio Riojas lo conocí cuando era un niño, lo mismo a su hermana Mariana, de la que nunca se habla. Hoy, es una joven promesa política, con la formación ética y moral de su padre, hago votos porque siga por ese mismo camino.
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Las dos detenciones que vio el Presidente
Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
De “muestra inequívoca de la descomposición” del régimen político a “venganza” de la DEA por la falta de colaboración del Ejército mexicano. De constatación de la corrupción de los gobiernos del “periodo neoliberal” a asunto “fabricado” por las autoridades estadunidenses. De “involucramiento en el narcotráfico” a acusación lanzada por el mismo testigo anónimo que hoy busca enlodar la “autoridad moral” del Presidente de México.
En tres años, la opinión de Andrés Manuel López Obrador sobre la detención en EU de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, dio la vuelta como tortilla en comal.
El 16 de octubre de 2020, recién aprehendido el divisionario, durante un viaje familiar a Los Ángeles, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que Cienfuegos “está detenido por la misma acusación” que se presentó contra “el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón”, es decir, Genaro García Luna.
Luego calificó el hecho como “muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”. Deseó que la detención de Cienfuegos “también sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción”.
Se abstuvo de involucrar en el asunto a las Fuerzas Armadas, pues éstas, dijo, “son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan”.
Y explicó que la acusación contra el extitular de la Sedena “tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y que, anteriormente, tuvo que ver con los asuntos de (Joaquín) Guzmán Loera”.
Ayer, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, parecía que alguien distinto se refería al mismo tema. O, si usted prefiere, la misma persona comentando un hecho diferente.
“Cuando lo del general Cienfuegos ni siquiera sabía el presidente (estadunidense Donald) Trump; era una venganza”, afirmó López Obrador.
El tabasqueño insistió en su hipótesis de que se trató de una represalia contra Cienfuegos, “porque estas agencias eran las que manejaban la política de seguridad en México, sobre todo con (Felipe) Calderón, quien les abrió las puertas de par en par”.
Opinó que el Ejército se opuso a esa subordinación, pero, “en el caso de la Marina, cuando Calderón, prácticamente se entregó la institución al gobierno de EU, dicho incluso por los mismos funcionarios del gobierno de EU, y tengo las pruebas”.
En aquel sexenio, abundó, “todos los operativos los dirigían en la embajada. ¡Ah!, porque tengo también testimonios de que se quejaban de que no podían hacer lo mismo con el Ejército”.
Y por eso se produjo “lo del general Cienfuegos”. López Obrador dijo que se preguntó: “¿Y cuál es la causa? ¿O por qué sin avisar? Y, en efecto, no sabía el presidente (Trump). Entonces, cuando se le informa, él reacciona y le pide al fiscal que se revise el expediente y que nos manden el expediente para que aquí se haga la investigación”.
Recibida la acusación, “se estudia un fin de semana”, recordó el mandatario. “Se lo entregué a Marcelo Ebrard, que era secretario de Relaciones Exteriores: A ver, léelo, quédate todo el fin de semana para ver qué tiene. Y el reporte que me da a detalle es: ‘Nada, está fabricado, no hay pruebas’. Entonces, se envía a la fiscalía y la fiscalía hace lo propio, se hace la investigación y se encuentra que no existen pruebas”.
Desde su lugar en el salón Tesorería, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas apuntó que quien acusaba hace tres años a Cienfuegos “es el mismo” que hoy señala que personas cercanas a López Obrador recibieron dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña electoral 2006.
—¿Es el mismo testigo? –quiso confirmar el mandatario.
— …que el general Cienfuegos y todo eso, la misma persona –replicó Ramírez.
Si uno ata los cabos de lo dicho en las dos mañaneras, resulta que la acusación que ayer se presentó contra Cienfuegos y García Luna tiene el mismo origen que la que hoy enfila sus baterías contra López Obrador.
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La crisis hídrica de la CDMX, una herencia de los malos gobiernos de Sheinbaum y AMLO
Federico Döring
- La capital del país está sumida en una terrible crisis hídrica que apunta a ser histórica, sobre todo porque aún no estamos en la temporada de estiaje y las presas ya registran los niveles más bajos.
Esta situación de desabasto de agua, que afecta a más de 300 colonias de las 16 alcaldías es producto del cambio climático; pero, sobre todo, de la falta de previsión de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, de la científica Claudia Sheinbaum Pardo, quienes no tuvieron la visión para realizar obras que atendieran la problemática que hoy nos aqueja.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se realizó acción alguna que atendiera el desabasto de agua potable; apostaron a que el Sistema Cutzamala duraría para siempre, y a la construcción de una candidatura mediante la entrega de dinero a través de programas sociales.
Con Claudia Sheinbaum los resultados son reprobables, sobre todo porque, tratándose de una científica que dice importarle el tema ambiental, no le dio la importancia debida, en vez de destinar todo el dinero a la pinta de bardas y la promoción personalizada para buscar la candidatura presidencial por Morena; otra cosa estaríamos platicando.
Durante su gestión se perdieron recursos importantes, provenientes del ámbito federal, para la realización de proyectos que garantizaran la sustentabilidad hídrica de la ciudad.
En primera instancia cedió a las obsesiones del presidente López Obrador, al no pelear un solo centavo del denominado fondo de capitalidad. Cuando todo el mundo pensaba que le iría bien a la ciudad, por tener un Presidente y jefa de Gobierno de un mismo partido, le fue peor.
Tampoco supo aprovechar la exmandataria capitalina los proyectos de Banobras destinados a la realización de obras de infraestructura de primer nivel para la CDMX, y hoy estamos pagando los platos rotos.
Es evidente que en las administraciones morenistas se carece de una visión metropolitana que les permita atender las problemáticas, como la del desabasto de agua.
La exjefa de Gobierno se dedicó, como mapache electoral, a la administración y distribución de pipas con agua potable, actuando con la visión de mantener ese coto político, de lucrar con la pobreza y con la necesidad de la gente que se atrevió a votar por ellos.
Los datos duros son más que contundentes y sólo basta revisar los presupuestos destinados al tema del mantenimiento y reparación de fugas en la red hidráulica, los cuales disminuyeron más de 86% de 2019 a 2022, al pasar de destinar 110 a 15 millones de pesos. Esta situación toma mayor relevancia si se toma en cuenta que 46% del agua de la ciudad se pierde por fugas en la red.
Su mayor inversión fue una obra hídrica de 29 mdp, para la construcción de un pozo en Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, pero nada más. El resto fue administrar una crisis y apostarle a que Tláloc le resolviera los asuntos de desabasto; pero parece que el dios azteca ya la abandonó y no cae ni una gota de agua en la capital; por el contrario, la que fue la Ciudad de los Lagos, hoy está a punto de secarse.
La última gran obra que se realizó en esta materia tuvo lugar en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, con la construcción del Emisor Oriente y una planta de tratamiento, que tuvieron un costo superior a 50 mil mdp.
Vaya ironías de la vida, la mujer que presumía tener una formación profesional ambientalista es la que menos atendió este tema y, por el contrario, se dedicó a atender cualquier deseo y capricho de Palacio Nacional olvidándose de las necesidades de los capitalinos.
Los sexenios de López Obrador y Sheinbaum Pardo han sido en los que menos se invirtió en materia de infraestructura hidráulica y hoy estamos pagando las consecuencias… y lo peor falta por venir.
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El crimen “elefante” en el cuarto electoral
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EnviarLa injerencia del crimen es un elefante en la habitación de las elecciones como las verdades evidentes que se preferirían ignorar o pasar inadvertidas. El presidente López Obrador no ve problemas graves de violencia política y menos el avance de un “narcoestado” en el proceso electoral, pero cada vez es más difícil pasar por alto este desafío para la sobrevivencia de la democracia mexicana.
El peligro de hacer campaña en varias regiones no es nuevo, pero sí sus repercusiones en las elecciones grandes de su historia. Los niveles de riesgo y trabas para moverse en el territorio se extienden como el tamaño del proceso, en que se renovará la Presidencia, Congreso federal y locales, nueve gubernaturas y 20 mil cargos públicos a lo largo y ancho del país. En muchos de los distritos más calientes por la violencia e inseguridad, pedir el voto significa confrontar a autoridades locales vinculadas con el crimen o recibir el veto de sus organizaciones para postularse y llegar a gobiernos locales.
En plazas disputadas por los cárteles, los candidatos se ven obligados a alinearse con alguna de las fuerzas beligerantes bajo la amenaza de “plata o plomo”, y los que son incómodos son eliminados o silenciados. Voces que alertan de ello desde el TEPJF, por primera vez con claridad y contundencia, revelan que, además, ahora sus pares en los estados y funcionarios del INE viven historias de “terror”, por presiones y acciones directas contra el proceso, como el robo o relleno de urnas para alterar el resultado o invalidar la votación en municipios. Antes de iniciar las campañas, en lo que va del año, ya se cuentan tres asesinatos de aspirantes a candidaturas municipales de distintos partidos en Chiapas, David Rey (Frente Amplio); en Colima, Sergio Hueso (MC), y en Jalisco, Jaime Vera (PVEM). Las elecciones no son pacíficas en todo el país.
Todo esto para decir que ni a los responsables de organizar y juzgar la elección les cabe duda de la presencia del narco en los comicios; tampoco a la SSPC o la Segob que tienen que preparar con el INE medidas para proteger a los candidatos, como sucede en los últimos procesos. El riesgo obvio es cada vez más difícil de eludirse, pero también es ostensible que a quien más perjudica reconocer el escollo es al partido con mayor presencia territorial de cargos en el país y, además, si encabeza las encuestas. La violencia en las elecciones también sirve para atemorizar y detonar el abstencionismo, que es el mayor nubarrón para Morena en. Quizá eso explique el protagonismo presidencial con un paquete de reformas que atrape la discusión pública en medio del proceso.
El crimen es una presencia incómoda, a la que nos vamos acostumbrando en las urnas. Las elecciones de 2018 fueron las más sangrientas con 48 candidatos asesinados; los comicios intermedios de 2021 sumaron 35 políticos ultimados, pero se catalogaron como más violentas por la cuenta de 782 agresiones contra ellos, según la consultora Etellekt. La violencia política se normaliza como uno de los temas que más tiempo ocupa en los medios durante las campañas, aunque aleje a la gente de las casillas, como ocurrió en Coahuila, Edomex, incluso en la CDMX en 2021, lo que, en alguna medida, está detrás del retroceso electoral de Morena en aquel año.
La problemática no es coyuntural y la impunidad es total. La exhibición de la forma de operar del narco en las campañas se describe hasta Netflix, aunque su financiamiento y la corrupción son difíciles de probar; las investigaciones con base en “testigos protegidos” casi siempre se caen cuando confrontan a los Estados, como le ocurrió a la DEA en 2006 y muchas otras. Para los investigadores evidencia las dificultades, pero es débil consuelo o el reconocimiento de que los avances son mucho más lentos que la penetración del crimen en las instituciones. ¿Cuál será el saldo rojo de la violencia política en 2024? Poco caso tiene especular, pero lo que sí es imprescindible es evitar que —como dijo el magistrado De la Mata— en el futuro llegue a tomar el control de la Presidencia. Y para ello, es imprescindible atender el problema del elefante en la habitación.
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