La plática telefónica entre los presidentes Biden y López Obrador debe haber sido muy poco gratificante para Palacio Nacional. El Presidente llevaba varios días exigiendo una disculpa pública del gobierno de EU por los reportajes, con fuentes de distintas agencias estadunidenses, sobre el supuesto financiamiento de los Beltrán Leyva en su campaña de 2006, con acusaciones durísimas y exigencias de reivindicación contundentes.

Este fin de semana hablaron largo los dos presidentes y no hubo disculpa ni aclaración alguna. Hablaron de migración y, si nos atenemos a los dos comunicados, uno de la Casa Blanca y otros de Palacio Nacional, no hubo acuerdos, más allá de la muy protocolar frase de que discutieron desafíos y se comprometieron a continuar su asociación productiva. Para La Casa Blanca, simplemente se decidió reforzar el esfuerzo conjunto para contrarrestar organizaciones criminales que trafican con drogas, armas y personas. Ni una palabra de la DEA, las investigaciones periodísticas, las acusaciones, fundadas o no.

En México quizás estuvieron en otra conversación porque el boletín oficial habla de otras cosas. Enfatiza que López Obrador le dijo al presidente Biden que cualquier ley aprobada que ignore las causas del fenómeno de la migración está condenada a ser letra muerta y que México y Estados Unidos son libres para decidir de manera propia sus políticas migratorias. El texto permite suponer que los esfuerzos conjuntos no lo son tanto, y que presumiblemente tendremos un endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, como por otra parte ya lo ha adelantado el propio Biden.

Según la versión mexicana, el presidente López Obrador volvió a decirle a Biden cuáles eran los temas que podrían aligerar la crisis migratoria, las cuatro condiciones que le había presentado a Antony Blinken en la reunión de fines de diciembre. Y si es así, la lejanía es y será más palpable que nunca.

Ya hablamos de esos cuatro puntos. El primero es que Estados Unidos financie con 20 mil millones de dólares a los países que expulsan más migrantes en la región, lo que tendría alguna lógica si esos países se comprometen, por ejemplo, a establecer regímenes democráticos o condiciones mínimas de seguridad y libertad, si se garantiza que esos recursos no terminaran en los terrenos siempre fértiles de la corrupción.

Y los países más expulsores de migrantes, fuera de México (el mayor de todos), son Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras y Haití. Difícilmente en esas naciones se podrían garantizar esas condiciones. El segundo punto que plantea el presidente López Obrador es absolutamente irrealizable en estas condiciones: la prometida amnistía a 12 millones de latinos que tendrían opción a recibir la nacionalidad en la Unión Americana. Ése fue un gran objetivo de campaña de Biden, pero no tiene ni tendrá, aunque gane en noviembre próximo, los votos necesarios para hacerlo. Lograrlo sería fantástico para Biden, pero sencillamente está fuera de sus posibilidades y su opción será, lamentablemente, hacer más duro el tránsito fronterizo.

Pero los otros dos puntos entran directamente en el ámbito de la confrontación. Se trata del levantamiento del bloqueo a Cuba y de acabar con las sanciones a Venezuela, dos de los principales expulsores de migrantes hacia EU, dos países donde un porcentaje altísimo de la población (8%) ha migrado ante la falta de libertades, de oportunidades, del hambre y la represión. México sigue manteniendo una estrechísima relación con los regímenes de Díaz-Canel y Maduro, hace con ellos negocios petroleros para tratar de eludir las sanciones, maneja divisas, contrata personal innecesario, los reconoce incluso a niveles insólitos, como cuando hace dos años, el discurso del Día de la Revolución, en México, lo pronunció el presidente cubano Díaz-Canel.

Ahora, ante la ruptura de Maduro de los acuerdos con Estados Unidos para convocar a elecciones libres en el segundo semestre de este año, lo que incluyó la ilegal inhabilitación por 15 años de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, la detención de otros 15 dirigentes acusados de organizar un complot para asesinar a Maduro (olvide que no se presentó una sola prueba y que los detenidos son todos dirigentes políticos que siempre han optado por la vía pacífica ¿para qué lo harían si las encuestas muestran que Corina Machado tiene más de 70% de aprobación en las encuestas y el régimen de Maduro no pasa de 20%?), el gobierno de México, tan presto para cuestionar a otros gobiernos como Ecuador, Bolivia o Perú, para criticar a Milei y defender a Petro, no ha dicho ni una palabra, ni una denuncia o queja.

Al contrario, si nos atenemos a lo que se informó de la conversación con Biden, el presidente López Obrador, como si no hubiera pasado nada, volvió a pedirle a Biden que levante las sanciones a Venezuela (que ya habían sido retiradas hace muchas semanas y vueltas, en parte, a imponer ante la represión política decidida por el régimen).

En esos temas no puede haber punto de contacto alguno entre el gobierno de México y el estadunidense, seguir planteándolo nos aleja tanto de Biden como de Trump, de republicanos y de demócratas, y fortalece la imagen de que tenemos un régimen cada día más autoritario y menos democrático. Por lo pronto, las disculpas de Biden no aparecieron ni por asomo.