Blindaje electoral, armadura gubernamental

En el presente año se celebrarán elecciones federales para elegir al titular del Poder Ejecutivo Federal, para renovar a los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, además de coexistir con un número importante de comicios estatales y municipales.

El seminario sobre Violencia y paz, coordinado por el investigador Sergio Aguayo ofreció datos duros y reveladores sobre las elecciones federales de 2021. De acuerdo con la consultora Etellekt se perpetraron más de mil 66 hechos delictivos, de los cuales 102 fueron homicidios cometidos en agravio de políticos, todo ello, en 570 municipios del país. El inicio de 2024 lamentablemente no resulta ser bueno, ya se contabilizan homicidios relacionados con elecciones municipales en entidades federativas que se han caracterizado por la presencia del crimen organizado, la violencia y la corrupción como son los estados de Guerrero o Michoacán.

Los protocolos institucionales que históricamente diseñaban las autoridades se orientaban a la prevención y combate de ilícitos de carácter electoral, mismos que terminaban en la mayoría de los casos en sanciones administrativas y económicas, a las que tenían que hacer frente los partidos políticos y en algunos casos los simpatizantes y militantes partidistas que se veían involucrados en la eventual materialización de acciones penales.

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Actualmente, los ilícitos ya no se relacionan solamente con el calor de la contienda electoral o con la violación a las reglas del financiamiento público y privado, que de suyo implican prácticas poco cívicas y antidemocráticas. El tema es estructural y tiene como sus principales actores al crimen organizado y a los intereses de grupo asociados a la corrupción, los cuales buscan obtener ventajas económicas y operativas indebidas una vez que asumen el cargo aquellos funcionarios que cedieron ante sus presiones “por la buena o por la mala”. El incumplimiento de los compromisos asumidos o la negativa a subordinarse a dichas presiones normalmente termina en tragedia.

 

La solución no puede implicar cerrar los ojos a la realidad o instrumentar acciones que de antemano se sabe son superficiales y que no atienden el verdadero problema. El Estado debe ser garante, no sólo del libre desarrollo de los procesos electorales, sino también del pleno desenvolvimiento de los gobiernos que abran de iniciar una nueva etapa. Constituye un derecho fundamental de los ciudadanos a la buena administración pública y una obligación para con los mexicanos que deciden entregar sus capacidades al servicio público. En ello, necesariamente deberán sumarse con responsabilidad los partidos políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos en general.

Se requieren acciones de orden preventivo, como las dirigidas a la adecuada selección de candidatos, su protección o el desarrollo de mapas de riesgos, mismas que normalmente ya se instrumentan. Pero también, es necesario, replantear la organización municipal y la forma en que toman sus decisiones, sobre todo aquellas relacionadas con la seguridad, el ambulantaje, las obras públicas, las adquisiciones, los giros mercantiles y los espectáculos públicos, que constituyen espacios de interés de la delincuencia.

El blindaje electoral del presente, es la armadura gubernamental del futuro, en ello, debemos poner todas nuestras capacidades institucionales y ciudadanas.

 

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