La comisión de la verdad para el juicio a expresidentes

La histórica primera consulta popular celebrada el día de ayer 1 de agosto, organizada por el INE y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio resultados contundentes sobre el “SÍ” respecto a la pregunta puesta en consideración; pero el porcentaje de participación, para hacerla vinculante, conforme a la ley, no fue suficiente. Sin embargo, esa solamente es una ruta legal para establecer lo que coloquialmente se ha conocido como el “juicio a expresidentes”. Aunque la pregunta no lo expresó así en ninguna parte.

Nuestra Constitución otorga diversos mecanismos al Poder Legislativo para explorar vías legales más contundentes y objetivas donde se puede convocar a la creación de una comisión de la verdad para el juicio contra expresidentes. Así como el caso de Canadá, Perú, Yugoslavia, Colombia, El Salvador, Sierra Leona, entre otros países; a nivel mundial se han creado diversas comisiones de la verdad que tienen diversas funciones y han ayudado a esclarecer diversos hechos del pasado que han conmocionado a la sociedad mundial.

La comisión de la verdad sobre los expresidentes de México puede ser constituida para coadyuvar a los procesos ministeriales y judiciales que, en su caso, se pudieran iniciar contra quienes se considere hayan agraviado con sus conductas a la nación mexicana.

El fortalecimiento de la cultura de la denuncia y la legalidad es uno de los propósitos de su posible creación, sobre todo por la percepción de impunidad que permea entre la sociedad; se debe garantizar la memoria histórica, la no repetición y la reparación del daño.

Si esta comisión de la verdad se liga a una política de justicia transicional, puede dar pie a que las soluciones jurisdiccionales futuras tengan una salida más pronta y expedita de manera institucional. Se trata de enviar un mensaje contundente sobre la transformación de fondo del orden ético, político, legal y social de México.

El Congreso mexicano tiene facultades expeditas para crear la legislación correspondiente y darle curso a este mecanismo histórico. La enorme prioridad es el hambre de Estado de derecho que se exige por estos hechos vergonzosos y otros, que han tenido como consecuencia la numeralia negativa que presenta nuestro país en materia económica, de salud, educación, desarrollo humano, inseguridad, entre otros, como consecuencia de gobiernos apátridas.

La herencia del pasado que hoy sufrimos es la que se debe conocer de manera exponencial, que no se olviden los motivos del por qué la debacle nacional que ahora se enfrenta con medidas patriotas, valientes y necesarias nunca antes adoptadas.

Hay que empoderar al pueblo, cumplir con la protesta de hacer cumplir la ley. Entender cada uno de los abusos cometidos y diseñar desde lo alto de la jerarquía legal, la normatividad necesaria para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro.

La comisión de la verdad se debe constituir con toda fortaleza plural y moral, no con una intención de escaparate o de venganza política, sino como un acuerdo nacional de reconciliación con el pasado, rendición de cuentas, transparencia y paz.