Miguel Ángel Godínez GarcíaAlto mando
Sorprendente, por no encontrar algún otro adjetivo para calificar las acciones que el gobierno de México ha tomado contra 11 empresas fabricantes de armamento en los EU. La apuesta judicial que ha decidido el gobierno de López Obrador emprender en contra de la empresa más poderosa de Estados Unidos dejó sorprendidos a propios y extraños, nunca en la historia de los EU y de México había habido una acción que responsabilizara a los gigantes de las armas de los acontecimientos violentos en territorio mexicano.
El tráfico de armas es una práctica conformada por una gran cadena de responsables, de ahí su complejidad. Lo cierto es que más allá de culpar a fabricantes por los cientos de miles de muertos que su uso ha ocasionado, está la corresponsabilidad de ambos países en cada una de sus fronteras. No me queda ninguna duda de que la experiencia del canciller Marcelo Ebrard le permitió contemplar todas las aristas e implicaciones del caso para presentar en una Corte norteamericana una demanda a un poder político y económico como son los fabricantes de armamento y solicitar, además, una fuerte indemnización por daños causados en todos los ámbitos que el crimen organizado ha logrado trastocar. Enormes cantidades en recursos para infraestructura en seguridad, pérdidas comerciales, industriales y turísticas, así como la descomposición del tejido social entre otras. Y sí, es verdad, la ola de criminalidad que crece ha dañado la confianza de inversionistas, de turistas e interrumpido la movilidad en territorio mexicano, fundamental para la vida económica del país.
Es claro que el armamento ha atentado contra el bienestar de México y ha puesto en pausa el desarrollo de casi 17 estados controlados por criminales, pero de eso a culpar a quienes las fabrican o venden y señalarlos como el problema principal es subjetivo. No es competencia de las fábricas negar la venta de lo que producen, el dinero ilegal con el que las adquieren se obtiene en nuestro país. El tráfico de armas es responsabilidad de ambas fronteras por la corrupción que existe allá y acá, pero el ingreso de armas a nuestro país es absoluta responsabilidad de México al no protegerlas. Aunque el canciller trate de evitar que dicha demanda ponga en juego la relación entre ambos países, si bien es cierto que no se desea intervenir en las políticas de armas del gobierno de Biden, la realidad es que tanto las fábricas como los distribuidores están legalizadas y cumplen con sus propias leyes. En todo caso, si hubiera argumentos legales posibles para exigir una indemnización a estas empresas, México tendría que tener primero la autoridad moral de que combate al crimen de manera frontal y que tiene bajo control territorios de los cárteles más sangrientos en la historia del narcotráfico. Pero la realidad es otra, existen municipios en donde se proclaman como autoridades bajo el principio de usos y costumbres o los mismos delincuentes, como en Chiapas y Michoacán. Es evidente para EU que López Obrador implementa una estrategia pasiva y permisiva con el discurso de pacificar a través de abrazos y no balazos. Con esta política y acciones como esta demanda a fabricantes o de armamentos, está trasladando su responsabilidad a territorio ajeno.
DE IMAGINARIA
La creación de complejos de seguridad como el C5 evidencia los esfuerzos y el alto costo que tendrán que invertir los gobernadores en construir infraestructura en seguridad, como es el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo. La tecnología aplicada para combatir al crimen organizado hoy será la mejor inversión que los estados hagan en al ámbito de la autonomía y de su condición de estados libres y soberanos, a fin de construir la paz con sus propias estrategias que sólo se limiten por la legalidad pero que enfrenten al criminal con toda la fuerza de sus estados.
