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Historia y Cultura

UNAM, bajo fuego

 

María Amparo CasarA juicio de Amparo
 
 
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Una cosa es el desprecio por el conocimiento como la única guía para el diseño de las políticas públicas y otra es el ataque a una institución en particular. Institución que se ha caracterizado por formar a los mejores científicos del país, nutrir de cuadros al sector público y ser progresista y de izquierda.

No alcanzo a dilucidar el trasfondo de los ataques contra la UNAM y no he escuchado ninguna explicación convincente de por qué tal encono. No me alcanza el argumento de que es un distractor para dejar de hablar de lo que importa: las muertes en exceso durante la pandemia (indicador en el cual ocupamos un vergonzoso primer lugar a nivel mundial), la persistente e imparable inseguridad, la pobreza y desigualdad que no ceden a pesar de los programas sociales o la corrupción e impunidad que no mejoran.

Nadie sabe con certeza el porqué de la inquina contra la UNAM. Lo que sí se sabe es que desde que llegó a la Presidencia López Obrador ha mostrado una particular animadversión hacia la institución, alma mater de muchas mexicanas y mexicanos, yo incluida. Como otras instituciones castigadas, la UNAM ha sido víctima de la disminución de recursos. Los pequeñísimos aumentos no han cubierto siquiera la inflación. Su personal académico sufrió el mismo destino que cientos de investigadores de los centros públicos de educación superior a los que les arrebataron los fideicomisos para el avance de la ciencia y la tecnología. Quizá también sea una de las damnificadas por la nueva política en contra de las donaciones a proyectos educativos.

Salinas de Gortari, De la Madrid, López Portillo y Echeverría, al igual que López Obrador, estudiaron en la UNAM. Esto es muestra de la diversidad que priva en la institución. Todos ellos cuando —con los parámetros de López Obrador— la institución aún no “entraba en el proceso de decadencia”. Hay que tomar nota de que Salinas de Gortari, némesis de López Obrador, “jefe de la mafia del poder” y epítome del neoliberalismo, se formó en esa universidad (1966 a 1969) cuando servía al pueblo y que hoy, a los ojos de López Obrador, “se convirtió en individualista”, “perdió su esencia de formación de cuadros y profesionales para servir al pueblo” y es “defensora de los proyectos neoliberales”.

Sorprende, particularmente, la declaración de que la UNAM dejó de servir al pueblo cuando el 70% de su población estudiantil es de bajos ingresos y constituye la única oportunidad para cientos de miles de jóvenes de adquirir una formación sólida y un título universitario. Seamos francos. La evidencia ha mostrado que las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no merecen ser llamadas universidades y han sido un fracaso mayor que la Universidad de la CDMX fundada en 2001 por el entonces jefe de Gobierno. Una universidad que se precia en su página oficial de no requerir examen de admisión y cuyos alumnos se seleccionan por sorteo.

Sorprende también el reclamo de “¿dónde estaban cuando saquearon al país?”. Contesto: denunciando, proponiendo políticas públicas alternativas y formando cuadros para la izquierda.

Las acusaciones son tan inverosímiles que la mayoría de los jóvenes funcionarios públicos —por no hablar de los de mayor edad— que hoy acompañan al Presidente son de la UNAM y su paso por esa universidad coincide con el periodo en el que, a decir de López Obrador la UNAM “se derechizó” y junto con otras universidades, “fue sometida el pensamiento neoliberal”. Tal es el caso, por ejemplo, de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien egresó de la Facultad de Derecho en 2011 y en ese mismo año se convirtió en Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes; de Irma Eréndira Sandoval, licenciada de la Facultad de Economía y quien ocupó la cartera de la Función Pública y, de Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura y también egresada de la Facultad de Derecho. Por no hablar de cientos de otros funcionarios de menor nivel en la administración pública. A saber de dónde salió la peregrina ocurrencia de la derechización de la UNAM. Y, esto, sin contar que las tareas universitarias no deben juzgarse por criterios ideológicos, sino científicos.

La UNAM no es la única institución bajo fuego. También lo han estado universidades privadas como el ITAM, centros públicos de educación superior como el CIDE, el Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, además de proyectos culturales de todo tipo.   

Tengo dos candidatos para explicar el encono. El primero es que la universidad, por definición, atenta contra el pensamiento único del que el Presidente es entusiasta partidario. El segundo es que, quizá su enojo y correspondiente desquite provengan de que cada vez más universitarios hayan mostrado su alejamiento del gobierno. En contraste con las elecciones de 2018, en las de 2021 hubo una disminución muy sensible de la votación por Morena y aliados en este sector de la población. Según una encuesta de El Financiero (08/06/2021), en 2018, el 48% de los ciudadanos con nivel de escolaridad universitario o más, votaron por Morena y en 2021 sólo lo hicieron el 33 por ciento. Una pérdida neta de 15 puntos porcentuales.

La injusticia de la prisión preventiva

 
Leo ZuckermannJuegos de poder
 
 

Entiendo que el presidente López Obrador quiera castigar a los delincuentes fiscales —en especial los que venden facturas de servicios inexistentes con el fin que los compradores paguen menos impuestos— para desincentivar la evasión e incrementar la recaudación. Pero eso no justifica considerar esta actividad como un acto que atenta contra la seguridad nacional que, por tanto, merezca prisión preventiva, es decir, que el presunto incriminado esté obligado a permanecer encarcelado durante todo su juicio. Y, como sabemos, en México los juicios son larguísimos por lo que una persona puede pasar años enteros de su vida tras las rejas para que luego lo absuelvan con un “usted disculpe”.

Por eso, celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional los artículos de la Ley de Seguridad Nacional que establecían como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal y las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que ordenaban la prisión preventiva oficiosa para “los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

 

La mayoría de los ministros consideró que los legisladores se excedieron en esta medida, ya que la prisión preventiva es y debe ser “una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”. La Corte, por tanto, ha considerado que dicha prisión oficiosa contravenía los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución.

Al presidente López Obrador no le gustó el fallo de la Suprema Corte. “No estoy de acuerdo, desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias, y que no tiene con qué comprar su inocencia, no me parece bien”, afirmó el Presidente, y añadió, “se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”.

Efectivamente, con esta sentencia, no irán a la cárcel los acusados de delitos fiscales durante su juicio, pero, como me dijo ayer Raquel Buenrostro, jefa del SAT, esto no significa que los culpables comprobados sí pasen algunos años en la sombra. En otras palabras, el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República deberán hacer investigaciones sólidas que terminen con sentencias condenatorias para los inculpados.

 

La resolución reciente de la Corte nos recuerda lo injusto que es la prisión preventiva en México, sobre todo para los más pobres. Tiene toda la razón el ministro presidente de la Suprema Corte al afirmar en un tuit: “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”.

Datos de un estudio del CIDE e INTR demuestran que en 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid-19, “se registró el aumento promedio más grande de la tasa de encarcelamiento de personas en centros penitenciarios desde 2005”. Las mujeres tienden a ser más encarceladas que los hombres.

Y, en cuanto a la prisión preventiva, de acuerdo con un reporte de Animal Político e Intersecta, “el 70% de las personas en prisión preventiva son pobres, tienen trabajos precarios, sólo tienen educación básica (hasta secundaria) y debían trabajar siete días para sobrevivir. Llegaron a la cárcel acusadas de haber cometido un robo o poseer pequeñas cantidades de droga para vender. Sin dinero para pagar un abogado o abogada privada, dependen de las defensorías públicas, quienes tienen cientos de casos simultáneos que resolver”.

Ésa es la verdadera radiografía de la prisión preventiva en México. Lo tiene muy claro el ministro Zaldívar. Lo debería tener el presidente López Obrador. Si de verdad se quiere castigar a los delincuentes fiscales, las autoridades deben realizar investigaciones sólidas que lleven a los inculpados a la cárcel porque se demostró su culpabilidad más allá de una duda razonable.

El relato oculto del caso Aburto

 

Jorge Fernández MenéndezRazones
 
 

¿A qué se dedica la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Uno pensaría que está atenta a la violencia, a los más de 100 mil asesinados en lo que va de esta administración, a la situación de los detenidos (85 por ciento de ellos sin condena) o de los desaparecidos, o en el caso de las víctimas del accidente de la Línea 12, todo eso le exigiría toda su atención y competencia. Pero no, la CNDH, que dirige, es un decir, Rosario Piedra Ibarra, está interesada en la salud y los derechos humanos de Mario Aburto, el asesino confeso y condenado de Luis Donaldo Colosio, e incluso demanda que se abra una investigación sobre el asesinato y sobre las torturas que supuestamente sufrió entonces Aburto.

La irrelevancia al que la señora Piedra Ibarra ha llevado a la CNDH es inclasificable. Pero incluso con el caso Aburto, en lugar de buscar absolverlo de un crimen terrible, la CNDH podría ahondar en algunas investigaciones de fondo en el caso, como en su momento lo hizo el fiscal (y luego presidente de la CNDH) Luis Raúl González Pérez.

Le vamos a contar una historia que investigamos desde fines de 1994. En Tamaulipas, desde principios de los años 80, había nacido una banda criminal llamada Los Texas, conformada por pequeños narcotraficantes enlazados familiarmente.

Su jefe era Arturo Martínez Herrera. El número 2 era su hermano Guillermo; otro hermano, Daniel, era el tercero al mando. Se hacían llamar Caballero Águila I, II, III, respectivamente. Se hicieron muy conocidos por controlar el paso de indocumentados en Nuevo Laredo y, posteriormente, por ser contratados como asesinos a sueldo. En la red de tráfico de personas que se iniciaba en Centroamérica y terminaba en Texas, este grupo se caracterizó por ser el más sanguinario.

Este grupo creció porque tuvo el apoyo de otro personaje célebre: Guillermo González Calderoni, quien, al ascender al cargo de director de intercepción aérea de la PJF, enviaba parte de los decomisos realizados por esa corporación a Los Texas para que ellos los ingresaran al otro lado de la frontera. Trabajaron durante años tanto para González Calderoni como para Juan García Ábrego. Llegaron a contar con unos 50 pistoleros entrenados por Jaime González Beath, un exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos y actualmente preso en ese país.

En 1994 llegó a Nuevo Laredo el comandante de la Policía Judicial Federal Luis del Moral, quien se negó a aceptar un portafolio con 200 mil dólares que le enviaba Arturo Martínez Herrera. Un día después fue interceptado su vehículo y asesinado, junto con sus escoltas. Pero en esa operación, un agente de la PJF, que sobrevivió al ataque, logró detener a Guillermo Martínez Herrera. Mientras tanto, designado por González Calderoni, Arturo Martínez, el verdadero jefe de la banda, estaba acreditado como comandante de la PJF en Piedras Negras.

¿Cómo participaron Los Texas en la desestabilización de 1994? Una forma fue evidente: el primer personaje contratado para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu fue Carmelo Herrera, primo de Los Texas y miembro de la banda. Como se recordará, después de dos meses de seguimiento del político guerrerense, por alguna razón, dejó esa encomienda y se fugó con los 300 mil pesos que le habían pagado. Antes, en 1993, Carmelo había sido detenido en el aeropuerto capitalino cuando transportaba 700 mil dólares en efectivo, que pertenecían al Cártel del Golfo. A pesar de que la detención fue pública, a los pocos días fue dejado en libertad “por falta de pruebas”.

Carmelo Herrera era narcotraficante, pero también madrina del comandante de la PJF José Luis Larrazolo, un cercanísimo colaborador de González Calderoni. Larrazolo fue asesinado el 2 de febrero de 1994 en las puertas de su casa en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Larrazolo había encabezado el comando que semanas antes había intentado asesinar en el restaurante Bali Hai a su enemigo, Amado Carrillo Fuentes, y a su familia. Antes de todo esto, Larrazolo y Carmelo Herrera habían trabajado juntos en la PJF en Mérida.

Como dijimos, Carmelo Herrera era primo de Arturo y Guillermo Martínez Herrera. Carmelo también era vecino del tío de un señor que se llama Mario Aburto. En esa casa, en el norte de Veracruz, conviviendo con ese tío, se supone que Aburto escribió aquellos cuadernos que se encontraron en un baúl en Tijuana. ¿Cómo se identificaba a sí mismo Aburto en esos cuadernos?: como un Caballero Águila. ¿Cómo se identificaban a sí mismos los miembros de Los Texas?: como Águila I, Águila II, III, y así sucesivamente. ¿En dónde se le perdió el rastro al revólver Taurus que sirvió para asesinar a Colosio?: en Tamaulipas, precisamente en Nuevo Laredo. ¿Qué había sucedido un mes antes del crimen? Humberto García Ábrego había sido corrido de una cena que se le había hecho a Colosio en Monterrey, por órdenes del propio candidato presidencial. Los García Ábrego aseguraban que habían “invertido” en la campaña presidencial y Colosio, al expulsar a Humberto de la cena, quería mandar el mensaje de que no tenía relación con ellos. ¿Para quién trabajaban Los Texas? Para los García Ábrego.

Pueden ser casualidades, pero son casualidades que nunca se investigaron a profundidad. Ésa es la historia que se esconde tras la defensa que hace la actual CNDH de Mario Aburto.

La pelea con la UNAM

 

José Buendía HegewischNúmero cero
 
 
el discurso presidencial escoge a la UNAM para antagonizar, la pregunta es por qué el interés político de sumarla a la confrontación. Parece una incógnita porque es difícil que le ayude a articular ninguna demanda de la sociedad, como ha sucedido con otras instituciones autónomas. La andanada de adjetivos, como “derechización” o “conservadurismo” en las aulas, no consigue apelar al resentimiento en la narrativa, por ejemplo, del pueblo contra las élites y, en cambio, lo desgastan. Aunque puede funcionar para presionar cambios de poder en su cúpula.

 

El debate que abrió López Obrador es más simbólico que real, entre otras razones por no expresar una desigualdad política o económica capaz de recurrir a miedos, odios o prejuicios para explotar malestar o enojo contra la UNAM como causante de ofensas o daños. La diatriba tiene pocas posibilidades de movilizar a esa comunidad con simplificaciones o generalizaciones en el discurso político, a diferencia de otros grupos donde ha sido más fácil que cale su discurso por la infección de la desconfianza hacia las instituciones. Salvo que le resulte en contra. Y lo que deja es la preocupación por quién estará en el próximo flanco de ataque desde la tribuna presidencial. ¿Quién será la siguiente cobaya sometida al verbo de Palacio?

Eso no significa que deba haber ninguna institución intocable ni que el Presidente tenga que hacer bodega de su pecho con asuntos de la UNAM —como gusta decir— para guardar problemas, malos manejos o irregularidades. Pero descalificarla con el cartabón del “conservadurismo” o del “hamburguesamiento” es un error de tiro porque hace de la crítica un mero combate ideológico y, sobre todo, le quita el valor a la discusión de la agenda de problemas que ahí existen, como la violencia estudiantil y de género, atraso en digitalización, inequidad salarial, subejercicios presupuestales o de estímulos a estudiantes. Las coordenadas del debate son equivocadas, salvo que el propósito esté más allá de la institución.

Las autoridades universitarias han reaccionado con cuidado para evitar subir al ring presidencial, por tener poco que ganar en vísperas de la aprobación del presupuesto; y han dejado a los universitarios que rechacen sus dichos con la defensa, en los hechos, de la pluralidad de voces. Cuando se percibe que los límites del poder entran en zona de riesgo, se encienden las alarmas, como en la defensa de la autonomía universitaria, aunque no haya indicios claros de que López Obrador pretenda intervenir y tampoco en la libertad de cátedra. Sus reclamos a la UNAM son el manual de su discurso que sustituye la idea de pluralidad por el valor del “pueblo” como eje central de su narrativa para generar una nueva dirección y visión de las instituciones con la 4T.

Pero tampoco hay materia para pensar que el debate forme parte de un proyecto de reforma institucional universitaria como en otras épocas, cuando los proyectiles se dirigen básicamente a la rectoría. La importancia de ventilar los asuntos de la UNAM se concentra en la cúpula, en desigualdad del sueldo del rector, en un reclamo similar al que en otros órganos autónomos dio pie a la salida de sus responsables y la sustitución por personas cercanas, no de la “pluralidad” por el pueblo. El propósito, entonces, parece ser un recambio de los grupos de poder que han mantenido el control de la institución, de cara a la sucesión del rector Graue, a lo largo de los últimos 30 años del periodo neoliberal. Ésa es la intención que, creo, revela la declaración de López Obrador acerca de que “la UNAM fue tomada y puesta al servicio del régimen”, en alusión a grupos de poder interno a los que presiona para ser desplazados.

Y que también pasa por remover obstáculos hacia la sucesión presidencial en instituciones con potencial de oposición y movilización, como el de una comunidad con cerca de 400,000 integrantes entre las preparatorias y la universidad. La confrontación no está desligada de la conclusión, en dos años, de la reelección de Graue, en medio del proceso sucesorio, como puede leerse también de la intervención en el debate de Claudia Sheinbaum, como presidenciable, para refrendar sus críticas. Y, sobre todo, la coincidencia en el interés en la circulación de grupos en la dirección de la institución con otros con los que, incluso como universitaria, se sienta más cercana para los tiempos de campaña.

Corral, acorralado

Corral, acorralado

Francisco GarfiasArsenal
 

 

Javier Corral ya fue notificado de las 824 irregularidades detectadas en la entrega-recepción del gobierno de Chihuahua que encabezó.

Su sucesora panista, Maru Campos, dice que la mayoría está radicada en el despacho de su predecesor, en la jefatura de gabinete, en educación y en salud.

“Algunas tendrán consecuencias penales, otras traerán consecuencias administrativas”, advierte la gobernadora, en un video publicado por el periódico digital La Opción de Chihuahua, que nos llegó vía WhatsApp.

Interrogada sobre el tipo de irregularidades que se detectaron en la oficina de Corral, la mandataria respondió: “No tengo conocimiento, pero estamos hablando de otras dependencias, por ejemplo, de subejercicios que luego tuvieron rendimientos financieros y, en lugar de regresar el recurso a la Federación, se utilizó”.

Es pertinente recordar que el exgobernador de Chihuahua pasó la mitad de su sexenio amagando con meter a la cárcel a Maru Campos. Nunca comprobó las acusaciones que le hizo en el sentido que recibió sobornos por más de siete millones de pesos del exgobernador priista, César Duarte, hoy encarcelado en Estados Unidos.

Javier hizo hasta lo imposible por evitar que Maru llegara, primero, a la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua y, luego, a Palacio de Gobierno. El tiempo y las circunstancias cambiaron y hoy Corral está acorralado.

* Lo del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM no es una más de sus ocurrencias. Ya es una campaña sostenida con propósitos poco claros. Habló de la necesidad de reformarla. ¿Para qué? ¿Para hacerla aliada de la 4T?

No pasa un día sin disparar misiles en contra de su alma mater, por una supuesta deriva hacia el neoliberalismo. 

“Fue tomada, puesta al servicio del régimen y se cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el gobierno de Salinas y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM”, declaró.

Nada más alejado de la realidad. En la UNAM sí se tocan los problemas del país. Hay pluralidad, libertad de cátedra, investigación. Me atrevo a afirmar que predominan las ideas de izquierda.

Por lo demás, en el ataque de ayer nos quedó claro que no considera al rector Enrique Graue como un aliado de la 4T, sino como un ambicioso vulgar. Públicamente pidió que “ventile” su salario que, según él, es superior a los 200 mil pesos mensuales.

* La que se ve mal en su afán de quedar bien con YSQ es Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Puede más su ambición de ser candidata presidencial que las trincheras que defendió cuando era una aguerrida universitaria, como lo recordó el martes en estas páginas el buen Fernando Belaunzarán.

Ayer volvió a respaldar los ataques de López Obrador a la universidad que defendió contra los embates del poder cuando era estudiante. Ayer, sentada en el trono del Ayuntamiento de la CDMX, fustigó a los defensores de la UNAM con una calumniosa generalización:

“Esos que hoy salen a la defensa de la universidad de la nación, de la universidad pública, son los que se han opuesto a que la universidad sea gratuita; son los que se han opuesto a que haya investigación dentro de la universidad nacional, a que se cumplan las grandes funciones de la universidad nacional, y ésos son los que ahora —la verdad, desde mi punto de vista—, muy hipócritamente salen en su defensa”.

¿En serio?

* Ricardo Monreal no quita el dedo del renglón. El  senador y aspirante declarado a la candidatura presidencial no pierde oportunidad de hablar en contra del método de las encuestas para elegir a candidatos de Morena, que el mismísimo López Obrador promueve para el 2024.

Frente a la dirigencia de Morena que asistía a los informes legislativos de los senadores de Hidalgo, María Merced y Julio Menchaca, hizo una invitación a mantener la cohesión del Movimiento Regeneración Nacional:

“Que los procesos de selección de candidatos se celebren con apertura, que no nos dividan, que no nos separen, que procuremos la inclusión, no la exclusión, la apertura, no la ruptura”, dijo.

El senador de Zacatecas ya probó el método de las encuestas. Sabe que es el menos transparente, el más fácil de manipular.

El dedazo disfrazado, pues.

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