Ubicacion de Anuncios, debajo de destacados, banner todo ancho

Historia y Cultura

Biden impulsa indemnización a familias migrantes separadas en la era Trump

En seguimiento a una de sus promesas de campaña, el presidente de EU designó un grupo de trabajo que negocia con los indocumentados el pago de hasta 450 mil dólares por cada miembro afectado de manera directa

MIRIAM JORDAN C.2021 THE NEW YORK TIMES COMPANY | 05:00 hrs.
 
  1.  
 
 

Fotos: AFP y AP

 
Suscríbete a nuestro boletín

Recibe las últimas noticias y mantente siempre informado

Correo electrónico
Enviar

CIUDAD DE MÉXICO.

Las familias de migrantes que fueron separadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump son candidatas a recibir miles de dólares en compensación por el daño que les infligió la política, según varias personas familiarizadas con el tema.

Las fuentes indicaron que algunas familias podrían recibir hasta 450 mil dólares por cada miembro afectado de manera directa. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y los abogados que representan a las familias no han terminado, y muchas podrían recibir una cantidad bastante menor.

 
PUBLICIDAD
 

Alrededor de cinco mil 500 niños fueron separados de sus padres en la frontera sur al amparo de la política de “tolerancia cero” de Trump, sobre todo en la primavera y el verano de 2018. La mayoría eran centroamericanos.

No hay duda de que el gobierno de Biden está haciendo lo correcto al proporcionar una indemnización monetaria significativa, dado que el gobierno maltrató de manera intencional a estas familias, incluidos bebés y niños pequeños”, dijo Lee Gelernt, el principal negociador de las familias y subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU).

Pero, en última instancia, el gobierno de Biden será juzgado por el hecho de si les dio a estas familias o no una vía para quedarse en EU, para permitirles superar este trauma para siempre”, agregó.

SERVICIOS SOCIALES

En una serie de negociaciones, los abogados argumentaron que el gobierno de EU, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, dañó a las familias al separar a los padres de los hijos, y que estas deberían tener derecho a una indemnización económica. En las negociaciones paralelas, la ACLU está intentando llegar a un acuerdo con el gobierno que les proporcione a las familias, entre otras cosas, una vía para permanecer en EU y servicios sociales.

La política de separación de familias fue un componente clave de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal.

La política se dio a conocer mediante un memorando en abril de 2018. Más tarde salió a la luz que las familias habían sido separadas ya en 2017 como parte de un programa piloto realizado cerca de El Paso, Texas. Alrededor de mil de las cinco mil 500 familias siguen separadas porque los padres fueron deportados a su país de origen.

En virtud de esta política, los agentes de la Patrulla Fronteriza imputaron penalmente a los padres por haber entrado en EU de manera ilegal, los encarcelaron y colocaron a sus hijos en refugios autorizados por el gobierno en todo el país.

En junio de 2018, un juez federal de California ordenó rescindir la política y reunificar de inmediato a las familias, con el argumento de que la práctica “turba la conciencia” y viola la Constitución.

El presidente Joe Biden se comprometió a indemnizar a las familias tras asumir el cargo. En febrero, su gobierno formó un grupo de trabajo, con representantes de los departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos y Estado, para reunir a las familias migrantes que seguían separadas y determinar cómo reparar el daño causado por la política.

The Wall Street Journal dio a conocer el monto máximo de 450 mil dólares por familiar que se está negociando.

Te invitamos a ver nuestro contenido en redes de:

Opinion y Trending

 

LECQ

No, México no inspiró la declaración de Glasgow

 

Pascal Beltrán del Río
 
 
Bitácora del director
 

 

En agosto de 2020, el Departamento de Alimentación, Medioambiente y Asuntos Agrícolas del gobierno británico envió una iniciativa al Parlamento para obligar a grandes importadores de productos agrícolas a probar que sus compras de soya, aceite de palma, cacao, carne de res, cuero y hule no contribuyen a la deforestación de los países de origen.

La iniciativa generó un gran debate en el Reino Unido y un pimponeo entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La industria alimentaria argumentó que los requisitos creados por la ley elevarían los costos para las empresas. Algunas organizaciones sociales externaron su preocupación de que la legislación podría afectar la economía de los países productores y generar mayor pobreza.

Con base en esa discusión, el gobierno del primer ministro Boris Johnson se propuso lanzar un proceso de diálogo entre las naciones exportadoras e importadoras de productos agrícolas para llegar a un consenso sobre el problema. El objetivo era encontrar la manera de cuidar los bosques –cosa en la que había fracasado una declaración previa suscrita en Nueva York en 2014– y hacerlo sin afectar el comercio internacional de alimentos.

En consecuencia, el 27 de mayo pasado se dio a conocer una declaración conjunta sobre principios de colaboración para el diálogo sobre bosques, agricultura y comercio de materias primas. Fue firmada por 25 países, entre los que estaban Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Noruega, España y Japón, por parte de los importadores, y Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo, Nigeria, Perú y Colombia por parte de los exportadores.

En la declaración conjunta, los firmantes se comprometieron a “contribuir en el manejo sustentable de los bosques, prácticas agrícolas responsables, mejor conservación y protección de ecosistemas importantes, así como promover inversión, desarrollo y comercio”.

Dicho documento es la base de la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra que fue anunciado el lunes pasado en el marco de la cumbre climática de la ONU en Glasgow, la cual recoge preocupaciones similares en la Unión Europea y Estados Unidos, donde se están procesando proyectos de ley semejantes a los de Reino Unido.

El texto que se hizo público en Glasgow contó con la adhesión inicial de 105 países, entre los que estaban aquellos que suscribieron los “principios de colaboración” que se dieron a conocer en mayo y a los que se agregaron Estados Unidos, Canadá, China, Rusia y otras naciones.

“Mañana anunciaremos un paquete de medidas sin precedentes para detener la deforestación y restaurar el suelo degradado”, tuiteó la tarde del lunes Zac Goldsmith, ministro británico de Estado para el Pacífico y el Medioambiente.

El mundo amaneció el martes con la noticia de la Declaración de Bosques y Uso de la Tierra, que contempla fondos por 19 mil 200 millones de dólares para revertir la deforestación para 2030, como contribución para detener el cambio climático.

Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó para México la paternidad de dicho acuerdo mundial.  “No van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida”, afirmó. “El programa lo propusimos nosotros”.

Lo cierto es que la Declaración de Glasgow se concretó sin la participación activa de México. A diferencia de países latinoamericanos, que estuvieron desde el principio en su gestación –como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay–, México no suscribió los “principios de colaboración” de mayo, ni apareció entre los primeros firmantes del documento que se dio a conocer en el marco de la COP26.

Al final, México se subió a la Declaración, y qué bueno –porque hubiera sido penoso no hacerlo–, pero no estuvo entre 105 firmantes originales (al momento de escribir estas líneas iban 128, es decir, se habían agregado 25). Así que no fue promotor ni inspirador del acuerdo. Las cosas como son.

Poco interés de AMLO en el cambio climático, dicen en el extranjero

 

Francisco Garfias
 
 

La decisión del presidente López Obrador de no asistir a la cumbre climática de la ONU en Glasgow, Escocia, no pasó desapercibida en la comunidad internacional.

El último reporte del Grupo Eurasia, que se dedica a detectar riesgos para inversionistas alrededor del mundo, señala que la ausencia de AMLO en Glasgow —o la de algún miembro in-
fluyente de su gobierno— demuestra “lo poco que le importan este tipo de eventos”.

Pero también “el rechazo a compromisos asumidos por gobiernos anteriores o aquellos que él siente como impuestos por actores extranjeros”.

El grupo estima como poco probable que la presión internacional disuada a López Obrador de seguir sus planes energéticos, lo que hará que sea cada vez más difícil para México cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

“La política energética nacionalista del presidente López Obrador seguirá desalentando cualquier inversión significativa en la generación de energía renovable y poniendo en peligro los proyectos existentes”, concluye el reporte.

* Con el respaldo del mismísimo Presidente de la República, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destina cuantiosos recursos públicos a su promoción personal rumbo al 2024.

Anda en giras con López Obrador fuera de la CDMX; asiste a tomas de protesta de nuevos gobernadores. Viernes en Campeche, sábado en Guanajuato, domingo en Baja California, lunes en Colima. Ella misma subió a Twitter el itinerario.

En el colmo del descaro, hay programas sociales etiquetados como “la tarjeta de Claudia”, que ya resultaron en una denuncia ante el Instituto Electoral de la CDMX por uso indebido recursos públicos. La queja fue interpuesta por la senadora del PAN, Kenia López. En el documento solicita al IECDMX medidas cautelares a efecto de que cese de inmediato cualquier referencia de programas sociales que se identifiquen con el nombre de la jefa de Gobierno.

Kenia afirma que el 12 de octubre pasado, en un evento público en la escuela secundaria 164 Amado Nervo, en la Ciudad de México, donde se encontraba la jefa de Gobierno, el titular de la autoridad educativa federal (la queja no incluye el nombre) dijo: “Hoy estamos aquí reunidos para renovar la tarjeta que las maestras y maestros llamamos con coloquialidad La Tarjeta de Claudia, la cual tiene muchísimos apoyos y muchísimas cosas que son muy importantes”.

Pero ni así levanta la consentida de Palacio. Ni siquiera figura en el top ten de los alcaldes en la última encuesta de Massive Caller1.

* Nada sencilla la agenda que enfrentará el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad.

Le mandamos un WhatsApp con la petición de que nos precisara los temas más relevantes que enfrentará como presidente del citado Consejo. Esto fue lo que respondió: “Hay temas que tendrán que agregarse por las graves contingencias violentas que se viven en Etiopía, Sudan y Myanmar.

La guerra comercial EU-China y el tráfico ilícito de armas, que ya hizo levantar las cejas a algunos miembros de Consejo, históricamente productores”. No mencionó migración ni el tema de corrupción al que AMLO dedicará su discurso del 9 de noviembre en las Naciones Unidas.

* Desde septiembre de 2019, el presidente afirmaba que prácticamente se había eliminado el huachicol en México (Aristegui Noticias, 10/IX/19).
Optimismo sin fundamento. Nada más en Puebla, Pemex ha contado, entre enero y julio de este año, 1,185 perforaciones ilegales (El País, 01/XI/21).

La explosión de un ducto clandestino en San Pablo Xochimehuacán, Puebla (un muerto, 15 hospitalizados, 55 viviendatotalmente destruidas), nos recuerdan que el huachicoleo está muy lejos de haber desaparecido.

* Es oficial. El TEPJF ya anuló la votación realizada en Tlaquepaque, Jalisco, el pasado 6 de junio, que había ganado la emecista Citlali Anaya por 2 mil 529 votos. Votación apretada. 4 a 3. Ordenó la realización de una nueva elección en un máximo de 60 días.

Mónica Soto, José Luis Vargas e Indalfer Infante son los tres magistrados que votaron en contra de la anulación. La magistrada, por cierto, detectó en la anulación un sesgo machista.

“No sólo se debe buscar la postulación igualitaria de candidaturas, sino hacer posible el ascenso de mujeres al poder público, en igualdad de derechos”, alegó.

Degradación moral

 

Federico Reyes Heroles
 
Sextante
 
 

Para Manuel Arango, por su gran visión a favor de los otros.

El término incomoda. Gandhi lo llamaba el progreso moral de las sociedades. Se refería a esa sensibilidad civilizatoria que nos retrata. Nuestra relación y respeto hacia los otros, hacia los animales y el entorno. Vivimos días grises. Pero quizá lo más grave hoy sea la degradación moral de nuestro país.

Llevar flores y comida a nuestros muertos es un ritual muy popular y bello. Pero, cómo los tratamos cuando estaban vivos, eso sí define nuestra calidad humana. Ser progresista supone —como piedra de toque— cuidar de los vivos. Cuando un gobierno emprende una embestida en contra de organizaciones conformadas por personas preocupadas por alguna vertiente del sufrimiento humano, algo anda muy mal. ¿Conocen el Hospital de la Ceguera (252 mil consultas y 11 mil cirugías al año), atendido por notables oftalmólogos, al que acuden personas de muy escasos recursos? ¿Saben acaso de la existencia del Instituto Conde de Valenciana (500 mil consultas, 30 mil cirugías), donde varias generaciones de sólidos oftalmólogos, particularmente la familia Graue, han entregado su vida? Cataratas, desprendimiento de retina, etcétera. Y qué decir de instituciones como el IPPLIAP, que desde hace décadas abre a la vida a niños con problemas auditivos y de lenguaje, alrededor de 4000. Muchas instituciones surgieron de dramas personales, como APAC. Las fundaron personas que dedicaron sus vidas y en ocasiones sus patrimonios a una causa humanitaria. La mayoría no son conocidas: residencias para adultos mayores, hogares para niños en situación de calle y un largo etcétera. Pero los nuevos estalinistas consideran que esas actividades corresponden sólo al Estado, ven enemigos en aquellos que se ocupan del prójimo.

Desconocen la filantropía en concreto y en abstracto. Desconocen el sentimiento mismo de ayudar por ayudar. Sólo Por Ayudar, como lo fraseó Lolita Ayala. Eso para recordar a los pequeños. Pero qué hubiera sido de los casi 200 mil niños atendidos por Teletón. ¿Quién hubiera apoyado a los casi 4 millones de los beneficiados por Bécalos? Los mayores índices de bienestar en el mundo se han logrado en países que alientan al tercer sector porque aceptan que el Estado no lo puede todo y que —en ciertas áreas— los ciudadanos organizados pueden ser mucho más eficientes que una institución burocrática.

La mayor fuerza y valor de ese sector radica en la energía y pasión de personas que muchas veces no reciben un centavo. Por eso pueden ser más eficientes. Si quienes gobiernan estudiaran, sabrían que el tercer sector puede llegar a ser una poderosa fuente de empleos. No entienden al médico que cuida de los ojos del otro ni el cobijo a los ancianos ni la caricia a un niño. Tampoco entienden de números. Sufragan casi 29 mil mdp de pérdidas de la CFE, pero ahorcan a la filantropía para sacar centavos.

En lugar de invertir en la prevención del embarazo no planificado que marca cada año la vida de cientos de miles de niñas y adolescentes, de niños que quizá carecerán de la figura paterna, el Estado dirige sus obuses a debilitar las acciones que enaltecen al ser humano. Algo está muy podrido cuando no miran a los migrantes, niños y mujeres sufriendo, porque la única matriz de la maldad que conocen es el neoliberalismo.

La pobreza extrema atrapa hoy a casi 11 millones de mexicanos; los hogares más pobres reciben menos apoyos; un tercio de los hogares no pudo pagar renta o hipoteca; el sistema público de salud sólo cubre al 43% y, claro, el gasto de las familias en ese rubro aumentó 40%; 7 de cada 10 niños están expuestos a enfermedades infecciones y alrededor de 5 millones carecen de vacunación básica; según Unicef, en México hay cuatro millones de niños que no acuden a la escuela. La lista de problemas crece. Pero aquí el problema ¡es el sueldo del rector Graue!

La filantropía es parte del Estado. Se llama degradaciónmoral y tiene nombre y apellido.

Ken Salazar se reúne con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar

ISABEL GONZÁLEZ AGUIRRE | 05:46 hrs.
 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recibió al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar.

La reunión se desarrolló en el edificio sede del alto tribunal en Pino Suárez número 2, colonia Centro y en ella estuvieron presentes además del embajador, el procurador asistente adjunto de los Estados Unidos de América, Bruce Swartz; y demás funcionarios del gobierno estadunidense.

En la reunión de trabajo, explicó  la Corte a través de un comunicado, se buscó "estrechar el diálogo y la colaboración entre los sistemas de justicia de México y los Estados Unidos de América". 

Además, se abordaron temas como los avances en la consolidación del sistema penal acusatorio y la implementación de la reforma en materia laboral.

Por parte de la representación estadunidense acudieron a la reunión Christina Vejar, agregada del Departamento de Justicia; Vaughn Ary, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; David Warner, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia así  como Christopher Smith, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

En representación de la SCJN acudieron Alejandra Spitalier, secretaria general de la Presidencia y Fabiana Estrada, coordinadora general de Asesores de la Presidencia de la Corte.

 

 

 

 
PUBLICIDAD

Subcategorías

Página 435 de 616