“Lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue la pantomima de una elección que no fue libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”, dijo el domingo el presidente Joe Biden a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Minutos antes, las casillas habían cerrado en Nicaragua, donde Ortega busca un cuarto mandato consecutivo y los comicios se desarrollaron en medio de críticas de la oposición y la comunidad internacional. El gobierno nicaragüense insistió durante la jornada en que el proceso se realizó sin contratiempos, mientras las calles y los centros de votación lucían prácticamente vacíos. La oposición llamó previamente a quedarse en casa y no votar en protesta contra el proceso electoral y la víspera denunció la captura de dirigentes.

“El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”, añadió el documento estadounidense, que también criticó la detención de periodistas y miembros de la sociedad civil. “Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas”.

La policía detuvo en junio a siete aspirantes a la presidencia por cargos que básicamente equivalían a traición. El día de las elecciones seguían detenidos. Otras dos docenas de líderes opositores fueron detenidos antes de la votación. Los otros candidatos del domingo eran políticos poco conocidos de partidos menores considerados como afines al (FSLN).

Para las elecciones del domingo, 13 mil puntos fueron habilitados. Los comicios determinarán quién ostentará la presidencia durante los próximos cinco años, además de 90 de los 92 escaños del Congreso y la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano. Más de 4,4 millones de nicaragüenses de 16 años en adelante estaban aptos para sufragar. El Consejo Supremo Electoral indicó previamente que los primeros resultados parciales se publicarían en torno a la medianoche. El conteo provisional se esperaba para el lunes.

“En los últimos años estaba realmente lleno... Antes tenías que (esperar) en una gran fila para venir aquí y ahora está vacío”, dijo a la AP la nicaragüense Mayela Rodríguez desde un centro de votación que el domingo lucía prácticamente desierto en Managua.

En Managua y las principales ciudades del país, las calles lucían con poco tráfico desde temprano y numerosas viviendas y comercios cerrados, pese a que desde la noche del sábado la policía levantó la prohibición de venta de licor en bares, restaurantes y tiendas de conveniencia.

Entre los votantes destacaban activistas de la Juventud Sandinista, organización adscrita al partido de gobierno, como Edwing Dávila, de 25 años y originario del departamento de Carazo, al sur de la capital. “Voto porque es mi derecho como ciudadano, por amor al Frente Sandinista y porque quiero más progreso para mi país. No puedo engañarme a mí mismo negando que Nicaragua ha avanzado con el gobierno del presidente Daniel Ortega”, declaró Dávila a The Associated Press.

Por otra parte, Raquel Baltodano, ayudante en una tienda de abarrotes de la zona occidental de Managua, dijo a la AP que acudió a sufragar bajo coacción: “Mi patrona es sandinista y me dijo que si no votaba me iba a correr (despedir) del trabajo”.

El gobierno no invitó a observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, que cuestionaron la reelección de Ortega en 2011 y 2016, y en su lugar acreditó a 232 “acompañantes electorales”, en su mayoría enviados por gobiernos y partidos de izquierda. Entre ellos, Dmitry Novikov, representante de la Duma Estatal de Rusia, recorrió algunos centros de votación de Managua acompañado por sus colegas de Osetia y Abjasia del Sur. También lo hicieron miembros de una delegación de México, que elogiaron “la transparencia, orden y organización” de las votaciones, según reportó el oficialista canal 4 de televisión.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados controlan el Congreso y las instituciones del gobierno. Ortega sirvió un primer mandato como presidente entre 1985 y 1990, antes de regresar al poder en 2007. Hace poco declaró “copresidenta” a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ese cargo no existe en la Constitución.

La víspera, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se declaró en “estado de alerta” tras reportar la captura de al menos ocho de sus dirigentes “secuestrados —según dijo— por el régimen en redadas ilegales” durante la tarde y noche del sábado. La Alianza Cívica denunció a su vez casos de “hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques, detenciones ilegales y arbitrarias” de algunos de sus dirigentes en diversas localidades del país. 

Los observatorios ciudadanos Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco —vinculados a la oposición— reportaron 21 arrestados en nueve provincias, de los cuales —aseguraron— cinco fueron liberados.

La Policía Nacional no había confirmado ni desmentido las denuncias opositoras. Después de ejercer su voto, tanto el director de la policía, Francisco Díaz, como el jefe del Ejército, general Julio Avilés, aseguraron que las votaciones se desarrollaban en “completa tranquilidad”.

El domingo por la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en su cuenta de Twitter que recibió información sobre “allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamiento y restricciones a la prensa. Insta al Estado a cesar la represión contra líderes y lideresas de oposición, y defensoras y defensores”.

Ortega y su esposa sufragaron al mediodía en el capitalino reparto El Carmen, donde se ubica el supervigilado complejo que alberga su residencia y la secretaría del (FSLN). Posteriormente, Ortega dio un discurso ante activistas de la Juventud Sandinista, en el cual arremetió contra Estados Unidos y volvió a acusarlo de “fomentar y financiar las protestas masivas de abril de 2018, que su gobierno calificó como “un fallido golpe de Estado”. Agregó que Estados Unidos “sigue conspirando porque no quería que se realizaran estas elecciones".

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra el círculo interno del mandatario, pero la respuesta del gobierno fue detener a más opositores. En el comunicado emitido el domingo por la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que llamaba “al régimen Ortega-Murillo a tomar medidas inmediatas para restaurar la democracia en el país", liberar a los detenidos injustamente por reclamar el derecho de los nicaragüenses a unas elecciones libres y justas y aseguró que hasta que eso ocurra, Estados Unidos, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional “usaremos todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”.

jcp